La terminación de nombramientos
provisionales de mujeres embarazadas
y sus derechos constitucionales

Termination of provisional appointments of
pregnant women and their constitutional rights

Ángel Vinicio Chicaiza Gancino
Abogado de Los Tribunales de la República

del Ecuador

Maestrante de la Universidad Nacional de Chimborazo

https://orcid.org/0009-0002-0666-4548

angel.chicaiza@unach.edu.ec

Fernando Patricio Peñafiel Rodríguez

Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y
Juzgados de la República. Especialista en Derecho

Constitucional y Administrativo. Magíster en Derecho

Laboral.
Docente de la Universidad Nacional de Chimborazo
https://orcid.org/0009-0007-8148-

9424fpenafiel@unach.edu.ec

Resumen

Esta investigación analiza la problemática de la terminación
de nombramientos provisionales de mujeres embarazadas

en el sector público de Ecuador, destacando que esta

práctica vulnera sus derechos constitucionales de seguridad
jurídica, igualdad y protección a la maternidad. El estudio se
centró en evaluar cómo la desvinculación arbitraria sin la
debida justificación contraviene las normativas nacionales,

como  la  Ley  Orgánica  del  Servicio  Público  (LOSEP)  y  el
Código  Orgánico  Administrativo  (COA),  así  como  tratados
internacionales como el Convenio 183 de la OIT, que protege
los  derechos  laborales  de  las  mujeres  embarazadas.

Empleando un enfoque cualitativo y un análisis de
sentencias de la Corte Constitucional, la investigación

destacó la importancia de la motivación adecuada en las

Imaginario Social
Entidad editora
REDICME (reg-red-18-0061)

e-ISSN: 2737-6362
especial Octubre Vol. 7-4-2024

http://revista-

imaginariosocial.com/index.php/es/index

Recepción: 10 de septiembre de 2024

Aceptación: 15 de octubre de 2024

241-262

242

decisiones administrativas para evitar la discriminación y garantizar el debido

proceso. Los principales hallazgos subrayan que la terminación injustificada de estos
nombramientos constituye una forma de violencia laboral, afectando no solo los
derechos de las mujeres sino también el bienestar de sus familias. Los resultados

sugieren que el fortalecimiento de la protección legal y la implementación de

mecanismos de control más efectivos pueden contribuir significativamente a asegurar
la estabilidad laboral de este grupo vulnerable, promoviendo un entorno laboral más
justo y equitativo.
Palabras clave: Derechos constitucionales, Seguridad jurídica, Maternidad,

Discriminación laboral, Estabilidad laboral

Abstract
This research analyzes the problem of the termination of provisional appointments of

pregnant women in the public sector in Ecuador, highlighting that this practice
violates their constitutional rights to legal security, equality and maternity protection.

The study focused on assessing how arbitrary termination without due justification
contravenes national regulations, such as the Organic Law of Public Service (LOSEP)

and the Organic Administrative Code (COA), as well as international treaties such as
ILO Convention 183, which protects the labor rights of pregnant women. Using a
qualitative approach and an analysis of Constitutional Court rulings, the research

highlighted the importance of adequate motivation in administrative decisions to

avoid  discrimination  and  guarantee  due  process.  The  main  findings  underline  that
the  unjustified  termination  of  these  appointments  constitutes  a  form  of  labor
violence,  affecting  not  only  the  rights  of  women  but  also  the  well-being  of  their

families. The results suggest that the strengthening of legal protection and the
implementation of more effective control mechanisms can contribute significantly to

ensuring the labor stability of this vulnerable group, promoting a fairer and more
equitable work environment.

Keywords: Constitutional rights, Legal certainty, Maternity, Labor discrimination,
Employment status.
Introducción

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, acoge varios

deberes y derechos para el bienestar de la sociedad, específicamente, enfocando en

243

materia de derechos humanos y protección a grupos vulnerables, es por ello, que en el

artículo 35 de la carta marga, reconoce a las mujeres embarazadas como grupo de
atención prioritaria, garantizando especial protección por parte del Estado. Así
mismo, en el artículo 43 dispone que el Estado adoptará medidas para garantizar los

derechos de las mujeres durante el embarazo, parto y postparto, asegurando su

protección especial y la del infante (Montero et al., 2022).
El derecho fundamental a trabajar está explícitamente codificado en el artículo 33 de
la Constitución, mediante el cual reconoce no solo como un derecho inherente, sino
también, como una obligación social importante, que contribuye a la autorrealización

individual y como piedra angular crucial de la economía  social y nacional (Vásconez
et  al.,  2023).  Además,  para  contribuir,  el  artículo  326  del  mismo  cuerpo  normado,
define  los  principios  fundamentales  que  rigen  las  complicadas  relaciones  entre  los
trabajadores y la administración de empresas públicas y privadas, enfatizando que los

derechos de los trabajadores y la naturaleza esencial de la seguridad laboral son
inviolables y fundamentales para establecer un entorno laboral justo, equitativo y de

crecimiento (Espinosa & Barrionuevo, 2023).
Al realizar un análisis desde el ámbito internacional, el Ecuador es parte de diversos

tratados y convenios que protegen los derechos de las mujeres embarazadas, tal es el
caso, del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la
protección de la maternidad estableciendo que las mujeres no deben ser despedidas

por motivos relacionados con el embarazo o la maternidad, y que tienen derecho a

regresar al mismo puesto de trabajo o a uno equivalente después de su licencia por
maternidad (L. Álvarez et al., 2024). Si bien Ecuador ha logrado avances en la
alineación de sus leyes nacionales con las convenciones internacionales para proteger

a las mujeres embarazadas, persisten desafíos, en particular para abordar la violencia
obstétrica y la discriminación en el lugar de trabajo.

Los empleados en Ecuador se enfrentan a varias ilegalidades graves que, entre otras,
incluyen la imposición de salarios injustos que no reflejan el trabajo o

responsabilidades designadas, entornos laborales peligrosos que ponen en peligro su
salud y seguridad, y el acceso insuficiente a los beneficios esenciales de la seguridad
social que son cruciales para su bienestar y estabilidad financiera (Vásconez et al.,

2023). La existencia de estos problemas generalizados no solo agrava las condiciones

de desigualdad social, sino que también mantiene un ciclo de injusticia que afecta a

244

las poblaciones más vulnerables de la sociedad (L. Bustamante, 2023), es decir,

quienes forman parte de los grupos vulnerables, tal es el caso de las mujeres
embarazadas.
La estabilidad laboral y la protección de los derechos de las mujeres embarazadas son

pilares fundamentales en una sociedad que busca promover la equidad y la justicia

social. Por ello, en Ecuador, el marco constitucional y legal reconoce y garantiza estos
derechos, estableciendo obligaciones claras tanto para el Estado como para los
empleadores.
Sin embargo, a pesar de existir un notable y sólido marco normativo, se han

registrado casos en los que mujeres embarazadas con nombramientos provisionales
en el sector público han sido desvinculadas sin el cumplimiento de los
procedimientos legales y sin una motivación adecuada. Esta situación genera
inseguridad jurídica y afecta los derechos constitucionales de estas mujeres, además

de contravenir los principios de igualdad y no discriminación, por lo tanto, la
investigación se centra en respaldar que la terminación de los nombramientos

provisionales de mujeres embarazadas sin previo concurso público de méritos y
oposición vulnera derechos constitucionales, específicamente el derecho a la

seguridad jurídica y el debido proceso en la garantía de motivación.
Este conflicto no solo afecta a los derechos laborales de las mujeres afectadas, sino
que también pone en peligro los derechos constitucionales más amplios,

especialmente en lo que se refiere a la igualdad, la protección de la maternidad y el

debido proceso. El artículo 332 de la Constitución de la República del Ecuador
establece de manera clara que las mujeres embarazadas no pueden ser despedidas o
desvinculadas sin una causa debidamente justificada y que la protección de la

maternidad debe ser una prioridad del Estado ecuatoriano (Moreira et al., 2022).

El derecho a la igualdad y la no discriminación
El persistente problema de la discriminación de género en Ecuador es evidente en

varios sectores de la sociedad, incluido el empleo. La Constitución de Ecuador hace
hincapié en la igualdad de género y la no discriminación, pero prácticas como la
rescisión de los contratos para las mujeres embarazadas reflejan los desafíos

continuados (Banegas, 2023). Por su parte, la violación de los derechos ya sea por

motivos de género, orientación sexual u otros factores, subraya la importancia de las

245

políticas y prácticas inclusivas que defiendan los principios de igualdad y no

discriminación (Suaste et al., 2024).
La cuestión de la rescisión de los contratos de mujeres embarazadas con
nombramientos temporales en Ecuador pone de relieve una violación significativa del

derecho a la igualdad y la no discriminación, tal como se consagra en el artículo 66 de

la Constitución ecuatoriana (Matamoros, 2024). Esta práctica puede considerarse
una discriminación indirecta basada en el género y el estado de embarazo, que socava
la estabilidad laboral sin una justificación razonable.
Además, el artículo 11 de la Carta Magna del Ecuador establece que los derechos de

las personas no pueden ser restringidos ni vulnerados por ninguna acción u omisión
de las autoridades públicas o privadas, y que, en caso de conflicto de normas sobre
derechos, prevalecerán aquellas que más favorezcan a su protección. En este sentido,
cualquier decisión administrativa que afecte los derechos laborales de una mujer

embarazada debe ser examinada bajo el principio pro persona, garantizando así la
mayor protección posible. La terminación de un nombramiento provisional, sin

motivación suficiente y sin observancia de los procedimientos establecidos en la ley,
contraviene este principio y constituye una vulneración de derechos constitucionales

esenciales (Paguay & Morales, 2023).

La protección de la maternidad en la normativa ecuatoriana

La protección de los derechos de las mujeres embarazadas es un principio transversal

en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, recogido no solo en la Constitución sino
también en leyes especiales que garantizan la protección de las trabajadoras durante
el embarazo, prohibiendo su despido, terminación de contrato o cualquier forma de

desvinculación durante este período sin una causa justificada debidamente motivada
y establecida por ley.

La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y su reglamento

La  Ley  Orgánica  del  Servicio  Público  (LOSEP)  y  su  reglamento  proporcionan
normativa  para  proteger  las  condiciones  de  los  trabajadores,  incluso,  señala  el
procedimiento  para  la  terminación  de  contratos  o  nombramientos.  En  el  caso

particular de las mujeres embarazadas, la decisión de desvinculación de una

institución sea pública o privada, debe ser analizada bajo estrictos parámetros de

246

protección reforzada, tanto para la madre como para el menor, ponderando los

derechos labores y constitucionales a la estabilidad, protección y debido proceso
(Casas, 2023).
La terminación injustificada del nombramiento provisional de una mujer

embarazada, sin someterse a un concurso de méritos y oposición, constituye una

violación tanto de la LOSEP como de las normas constitucionales que protegen los
derechos fundamentales. Esta acción infringe derechos laborales específicos y socava
los principios de igualdad, no discriminación y seguridad jurídica esenciales para las
acciones administrativas (Machado et al., 2023). El marco legal de Ecuador reconoce

la necesidad de proteger a las mujeres embarazadas contra el despido, haciendo
hincapié en que el embarazo no debe ser motivo de discriminación o terminación del
empleo, lo que refuerza la necesidad de estabilidad laboral para este grupo
demográfico.

Según lo estipula el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público en sus
artículos 107 y 187, las condiciones establecidas para la terminación de los

nombramientos provisionales en Ecuador, se basan a dos escenarios: el primero
cuando al trabajador le han otorgado el nombramiento provisional sin haber

cumplido con todos los requisitos exigidos en la ley, y segundo, cuando una
institución ha cumplido el proceso de selección y declare al ganador del concurso de
méritos y oposición (Decreto Ejecutivo 710, 2011).

Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
La Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en particular en su
artículo 9, es crucial para abordar la violencia contra las mujeres en el lugar de

trabajo, ya que abarca las acciones que infringen los derechos laborales de las
mujeres, como el despido arbitrario, indistintamente si se encuentran en estado de

gestación. Esta ley es relevante para comprender el contexto más amplio de la
violencia de género en el lugar de trabajo y los marcos legales necesarios para

proteger a las mujeres en diversos entornos laborales (Nelson et al., 2024), por lo
tanto, es indispensable contar con mecanismos transparentes y de apoyo dentro de
las organizaciones para tramitar las denuncias de violencia de género de manera justa

y confidencial (Kumar et al., 2024).

247

La terminación del empleo de mujeres embarazadas con nombramientos temporales

en  el  sector  público  sin  justificación  constituye  de  hecho  una  forma  de  violencia
laboral,  que  está  prohibida  por  ley  en  Ecuador.  Esta  regulación  exige  que  las
instituciones  públicas  y  privadas  garanticen  un  entorno  laboral  libre  de  violencia  y

discriminación (Machado et al., 2023). El marco legal en Ecuador se alinea con la

protección de esta ley, enfatizando que el embarazo no debe ser motivo de
discriminación o violación de los derechos laborales, reforzando así la obligación de
salvaguardar los derechos de las mujeres embarazadas en el lugar de trabajo.

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es aplicada
para salvaguardar los derechos constitucionales en Ecuador, ya que establece la
acción de protección como un recurso principal para las personas cuyos derechos han

sido infringidos en cualquier situación. Esta ley, faculta a las personas afectadas a
interponer recursos judiciales contra las decisiones administrativas arbitrarias,

garantizando el restablecimiento de sus derechos. La acción extraordinaria de
protección, destacada en el análisis, sirve como un mecanismo vital para hacer valer

estos derechos, en particular cuando los jueces ordinarios no aplican las
disposiciones constitucionales de manera efectiva, reforzando así el marco legal para
la protección de los derechos individuales (Lojano, 2024).

En situaciones que involucran a mujeres embarazadas cuyos nombramientos

provisionales han sido cancelados injusta y abruptamente sin una justificación válida,
la implementación de medidas de protección surge como un recurso legal
excepcionalmente efectivo que les permite impugnar e impugnar la decisión de

terminación. Como se estipula en el artículo 88 de la Constitución junto con la Ley de
garantías jurisdiccionales, esta forma particular de acción se inicia en los casos en

que se ha producido una violación directa de los derechos constitucionales,
circunstancia que se hace particularmente evidente cuando no se respetan los

principios  fundamentales  de  motivación  adecuada  y  seguridad  jurídica  durante  el
proceso de rescisión de los nombramientos provisionales (Gamboa & Cabrera, 2024).
De  hecho,  el  Tribunal  Constitucional  ha  dictado  múltiples  sentencias  en  las  que

afirma que la aplicación de medidas de protección no solo es adecuada sino necesaria

en los casos de despido arbitrario de mujeres embarazadas, ya que tales acciones

248

infringen fundamentalmente sus derechos a la seguridad laboral y las protecciones

inherentes que se ofrecen a la maternidad.

El Código Orgánico Administrativo (COA)

La normativa contenida en el Código Orgánico Administrativo (COA) enfatiza la

necesidad de legalidad, buena fe, seguridad jurídica, y motivación en todas las
acciones de la administración pública. Es así como, en su artículo 99 detalla que los
actos administrativos deben estar motivados, detallando las bases fácticas y legales de
las decisiones adoptadas; de ser el caso que no se proporciona tal motivación, el acto

administrativo es absolutamente nulo, tal como se especifica en el artículo 105 del
mismo cuerpo normado. Dichos principios se alinean a lo contenido en el Código de
Procedimiento Administrativo, que dentro de su ámbito de gestión, también busca
garantizar la rendición de cuentas en los procedimientos administrativos cuenten con

transparencia (Korzeniowski, 2023).

El Código Orgánico Integral Penal (COIP)
El Código Penal Orgánico Integral (COIP) abarca disposiciones que protegen los

derechos de todas las personas, con mayor énfasis a mujeres embarazadas, por lo
tanto, penaliza el despido injusto. El artículo 153 de dicho cuerpo normado, establece
que en el caso que los empleadores notifiquen la finalización del contrato de mujeres

embarazadas sin una motivada justificación legal, se enfrentarán a sanciones penales

(M.  Álvarez  et  al.,  2024).  Por  lo  tanto,  la  intención  es  reforzar  la  protección  de  los
derechos  laborales  y  el  derecho  a  la  maternidad  y  garantiza  que  las  mujeres
embarazadas estén protegidas contra la discriminación y el trato injusto en los  sitios

de trabajo, siendo el papel del COIP un aspecto importante en la defensa de los
derechos de este grupo vulnerable en el mercado laboral.

Las sanciones penales del COIP por el despido arbitrario de mujeres embarazadas
sirven como elemento disuasorio contra este tipo de acciones, destacando el

compromiso del estado de hacer cumplir los derechos de las mujeres. Este marco
legal se alinea con las normas internacionales y las políticas locales destinadas a
proteger la dignidad humana y la integridad en el empleo (López & Pangol, 2021).

El problema de la seguridad jurídica y la garantía de motivación

249

Seguridad Jurídica

El concepto de seguridad jurídica es un principio fundamental en todo Estado de
derecho, y en Ecuador, está consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la
República, mediante el cual refiere que el derecho a la seguridad jurídica se basa en el

respeto a toda la normativa legal vigente en territorio (Constitución de la República

del Ecuador, 2008). Este principio implica que toda actuación estatal, incluyendo los
actos administrativos, debe estar basada en la legalidad, la previsibilidad y la certeza
jurídica, permitiendo a las personas conocer sus derechos y obligaciones y actuar en
consecuencia.

En  el  contexto  laboral  del  sector  público,  la  seguridad  jurídica  se  ve  reflejado  en  la
estabilidad laboral y en el derecho de los trabajadores a no ser desvinculados de sus
cargos  sin  una  causa  debidamente  motivada.  Cuando  se  trata  de  nombramientos
provisionales,  la  seguridad  jurídica  se  ve  comprometida  si  estos  son  terminados  de

forma arbitraria, sin observar los procedimientos y principios establecidos en la ley
(Baca & Noboa, 2024). Las mujeres embarazadas con nombramientos provisionales

tienen, además, una protección reforzada, tal como lo establece el artículo 332 de la
Constitución y las normativas laborales, lo que significa que cualquier acto

administrativo que decida su desvinculación debe estar rigurosamente justificado.

Garantía de Motivación

La garantía de la motivación se ha convertido en un requisito constitucional en

Ecuador, pues, garantiza que todas las autoridades proporcionen y motiven de forma
justificada, clara y precisa sus decisiones, particularmente cuando afectan a los
derechos individuales de terceros. Esta obligación, es descrita en la letra l del párrafo

7 del artículo 76 de la Constitución ecuatoriana, mediante la cual, exige que las
decisiones, como es el caso de la terminación de un nombramiento provisional, estén

respaldadas por motivos fácticos y legales, por ello, la línea jurisprudencial del
Tribunal Constitucional refuerza este principio, haciendo insistencia en la necesidad

de una motivación adecuada para garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso
en todos los actos administrativos (A. Bustamante & Molina, 2023).
La terminación injustificada de un nombramiento provisional en el sector público, en

el caso de las trabajadoras embarazadas, viola el debido proceso administrativo e

infringe sus derechos laborales y constitucionales. Es así como, la LOSEP exige el

250

cumplimiento de condiciones y procedimientos específicos para el despido de este

tipo  de  trabajadoras,  resaltando  la  necesidad  de  una  motivación  adecuada  en  los
actos  administrativos,  previo  al  proceso  de  finalización  de  un  contrato.  El
incumplimiento  de  estos  requisitos  legales  y  constitucionales  no  solo  socava  la

estabilidad laboral de los empleados vulnerables, sino que también, expone a las

autoridades públicas a impugnaciones legales por el incumplimiento de las
protecciones establecidas.
La Corte Constitucional del Ecuador resalta que la falta de motivación para terminar
las relaciones laborales, especialmente de las mujeres embarazadas, constituye una

violación de la seguridad jurídica y de los principios de igualdad y no discriminación.
Esta jurisprudencia subraya que la motivación es esencial para garantizar la
transparencia, la equidad y el respeto de los derechos fundamentales en las acciones
de las autoridades públicas (Ramón & Barrionuevo, 2023). Las sentencias del

Tribunal destacan que las decisiones motivadas son cruciales para mantener el
debido proceso y proteger los derechos de las personas afectadas por las acciones

administrativas, lo que refuerza la necesidad de cumplir con las normas
constitucionales y legales en tales casos.

De manera puntual, la terminación de un nombramiento provisional debe cumplir
con este requisito, especialmente cuando se trata de mujeres en estado de gestación,
quienes, además de estar protegidas por la normativa laboral, tienen una especial

consideración en el marco constitucional de protección de la maternidad. La falta de

motivación en la terminación de dichos nombramientos genera una vulneración del
derecho a la seguridad jurídica, lo que abre la posibilidad de interponer acciones de
protección para restituir los derechos vulnerados.

Análisis del derecho a la estabilidad laboral y el debido proceso

El derecho a la estabilidad laboral en Ecuador, y de forma especial para las mujeres
embarazadas, es esencial para salvaguardar su bienestar y dignidad. Este derecho

constitucional garantiza que las trabajadoras no puedan ser despedidas sin una
debida causa justificada, lo que es especialmente importante para las mujeres
gestantes, ya que el despido arbitrario puede afectar negativamente a su salud, acceso

a la seguridad social y estabilidad económica (Espinosa & Barrionuevo, 2023).

251

En América Latina, el debido proceso se ha convertido en un componente

constitucional central, que garantiza que no se produzca ninguna privación arbitraria
de la vida, la libertad o la propiedad sin una audiencia y defensa imparcial. Los
procedimientos administrativos en Ecuador están diseñados para respetar el debido

proceso, pero las discrepancias en su ejecución pueden dar lugar a violaciones que

afecten a las partes interesadas. La falta de motivación en las decisiones y los
procesos previos inadecuados son problemas comunes que socavan los derechos
procesales de los trabajadores (Alvarado & Gavilánez, 2022).
El hecho de que las mujeres embarazadas no tengan la oportunidad de impugnar la

terminación  de  un  nombramiento  provisional  después  de  una  finalización
indebidamente  injustificada,  constituye  una  violación  de  los  derechos  laborales  y
procesales,  lo  que  quebranta  el  debido  proceso  garantizado  por  el  artículo  76  de  la
Constitución  ecuatoriana  (Machado  et  al.,  2023).  Esta  falta  de  motivación  o  la

ausencia de un proceso previo adecuado restringe la capacidad del trabajador para
defender su estabilidad laboral, lo que pone de relieve la necesidad de una protección

legal más sólida contra las prácticas discriminatorias en el lugar de trabajo.
La acción de protección como mecanismo de defensa

La legislación ecuatoriana reconoce la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas en
el lugar de trabajo y proporciona protecciones específicas para evitar la
discriminación y el despido injusto. Estas protecciones están consagradas en la

Constitución y respaldadas además por doctrinas y jurisprudencia legales (Montero

et al., 2022).
La acción de protección, tal como se describe en el artículo 88 de la Constitución
ecuatoriana, sirve como un recurso legal efectivo para las trabajadoras embarazadas

que se enfrentan a la terminación injustificada de sus nombramientos provisionales.
Este mecanismo permite a las personas apelar ante un juez cuando sus derechos

constitucionales son infringidos por acciones u omisiones de las autoridades
(Gamboa et al., 2024). Al utilizar medidas de protección, las trabajadoras

embarazadas pueden impugnar los despidos arbitrarios, obligando a la
administración pública a cumplir las normas constitucionales y legales,
salvaguardando así sus derechos y garantizando el cumplimiento de las protecciones

establecidas para los grupos vulnerables, como en el caso de las mujeres

embarazadas.

252

Los precedentes judiciales ecuatorianos han articulado de manera inequívoca que la

terminación  del  empleo  de  personas  embarazadas  en  el  sector  público  requiere
fundamentación  y  justificación,  y  cualquier  acción  administrativa  que  contravenga
estos  principios  se  declara  nula  e  inválida.  La  Corte  Constitucional  ha  afirmado  en

múltiples sentencias que la protección de la maternidad constituye un derecho

fundamental, y cualquier acción que comprometa este derecho debe rectificarse
mediante los mecanismos establecidos en la Constitución, incluida la disposición
sobre los recursos legales de protección.

La protección de la maternidad y la estabilidad laboral
La protección de la maternidad tiene el enfoque de resguardar de manera efectiva los
derechos de las mujeres que se encuentran en estado de gestación en el ámbito
laboral, indistintamente, si su relación con la empresa es temporal o permanente, por

ello, es indispensable que se pueda crear un equilibrio entre la flexibilidad que
pueden requerir las instituciones públicas para cubrir necesidades temporales y la

obligación de cumplir con los principios constitucionales de protección de la
maternidad.

La normativa legal en Ecuador reconoce los derechos tanto de las mujeres
embarazadas como de los hijos por nacer, enfatizando la necesidad que la madre
cuente con estabilidad laboral durante el embarazo. De hecho, las violaciones de los

derechos laborales de las mujeres embarazadas tienen implicaciones directas para los

derechos del feto, tal como se establece en el artículo 45 de la Constitución. Por lo
tanto, es indispensable que las instituciones públicas implementen medidas efectivas
para evitar los despidos arbitrarios, garantizando la protección tanto de la madre

como del niño, en consonancia con los esfuerzos internacionales y nacionales para
proteger a los grupos vulnerables (M. Álvarez et al., 2024).

La jurisprudencia como fuente de equilibrio

En los últimos años, la Corte Constitucional de Ecuador ha dictado importantes
sentencias que han sentado precedentes críticos para salvaguardar los derechos de las
mujeres embarazadas que ocupan puestos temporales en empresas públicas. En una

de sus decisiones más notables, el Tribunal determinó que la terminación del

253

nombramiento provisional de una mujer embarazada, sin una justificación adecuada,

constituye una violación de sus derechos constitucionales (Lojano, 2024).

Desarrollo

La presente investigación jurídica fue desarrollada meticulosamente bajo un enfoque

cualitativo, pues, se ha examinado y evaluado con detalle, desde un punto de vista
legal y doctrinal, los aportes en garantía de los derechos constitucionales imponen en
el contexto ecuatoriano, particularmente mediante un análisis de sentencias dictadas
por la Corte Constitucional, esto con la finalidad de comprender de forma clara la

estructura,  criterios,  argumentos,  normativa  y  demás  aspectos  que  conforman  las
sentencias  judiciales,  especialmente  las  relacionadas  con  el  cese  de  los
nombramientos  provisionales  para  mujeres  embarazadas,  ejerciendo  una  influencia
considerable en los derechos fundamentales asociados con la seguridad jurídica, los

principios del debido proceso y la motivación necesaria detrás de las acciones
administrativas.

El diseño de investigación utilizado fue de tipo narrativo, considerando un fuerte
factor analítico para explorar a detalle las implicaciones jurídicas de las sentencias

emitidas  por  la  Corte  Constitucional  en  materia  de  la  interpretación  doctrinal  y
jurisprudencial  de  los  derechos  laborales  y  constitucionales.  Por  un  lado,  desde  el
punto  de  vista  narrativo  se  pretendió  justificar  el  contexto  narrativo  junto  con  las

implicaciones judiciales, en el caso específico, de la terminación de nombramientos

provisionales  a  mujeres  embarazadas,  y  por  otro  lado,  desde  el  aspecto  analítico  se
buscó  interpretar  y  comparar  los  criterios  emitidos  por  los  jueces  en  casos
particulares.

Para la recolección de datos, se consideró realizar una la revisión documental de dos
sentencias emitidas por la Corte Constitucional, siendo: la sentencia No. 2006-18-EP

y la sentencia No. 365-22-EP. Las dos sentencias sirvieron como base de estudio,
junto con la revisión sistemática de la literatura en lo que tiene que ver con la

normativa aplicable para el caso de estudio, debido a la relevancia en la protección de
los derechos laborales y constitucionales de las personas afectadas, siendo ambos
casos, individuos que forman parte del grupo de atención prioritaria. El análisis de la

información incluyó los datos expuestos en los votos concurrentes y salvados

254

emitidos por los jueces, lo que permitió identificar divergencias y convergencias en la

interpretación jurídica.

Análisis jurídico de las sentencias No. 2006-18-EP y No. 365-22-EP

A continuación, se presenta el análisis del contenido de las sentencias No. 2006-18-

EP y No. 365-22-EP, priorizando el enfoque en la afectación de los derechos de las
personas en Ecuador y la comparación entre el voto concurrente y el voto salvado.

Tabla 1: Comparación de Sentencias en el Análisis de Derechos Constitucionales

Aspecto Analizado

Sentencia 1: Caso 2006-18-EP

Sentencia 2: Caso 365-22-EP

Identificación

sentencia

Sentencia No. 2006-18-EP. Caso:
Terminación

nombramiento

provisional

trabajadora

embarazada.

Sentencia  No.  365-22-EP.  Caso:
Vulneración  del  derecho  a  la
defensa  y  la  motivación  en  la
denegación  de  jubilación  por

invalidez.

Normativa aplicada

- Constitución de la República del
Ecuador (Art. 326, 332).

- Ley Orgánica del Servicio Público
(LOSEP).
- Código Orgánico Administrativo
(COA).

- Constitución de la República del
Ecuador (Arts. 76, 82).

- Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales

Control

Constitucional (LOGJCC).

Derechos vulnerados

- Derecho a la estabilidad laboral de
mujeres embarazadas.
- Derecho a la seguridad jurídica y
debido proceso (Art. 82 CR).

- Derecho a la defensa (Art. 76
CR).
- Derecho a la seguridad jurídica
(Art. 82 CR).

Resumen de los hechos

Una trabajadora de una institución
pública embarazada fue desvinculada
de su cargo bajo nombramiento

provisional

sin

adecuada

motivación, violando su estabilidad
laboral.

El  trabajador,  con  discapacidad
del  77%,  no  fue  escuchado  en  la
audiencia  convocada  por  la  Corte

Provincial de El Oro, y se le
denegó su jubilación.

Principios
constitucionales
afectados

- Principio de no discriminación por
embarazo.
- Principio de estabilidad laboral y
seguridad jurídica.

- Principio de defensa y debido
proceso.
- Principio de motivación y
seguridad jurídica.

Criterio de la Corte

La Corte resolvió que la terminación
del nombramiento provisional sin
motivación válida constituyó una

vulneración de derechos. Se ordenó
la reincorporación de la trabajadora
y compensación económica.

La Corte Constitucional determinó
que la Sala vulneró el derecho a la
defensa al no realizar la audiencia

previamente convocada, dejando
al actor en indefensión.

Impacto de la sentencia
en los derechos de las
personas

Reafirma  el  derecho  de  las  mujeres
embarazadas  a  no  ser  desvinculadas
arbitrariamente,  garantizando  su
estabilidad  laboral  en  el  sector
público.

Refuerza la necesidad de respetar
el

derecho

defensa,

especialmente

casos

personas

con

discapacidad,

garantizando

correcta

motivación y el debido proceso.

Voto Concurrente

El voto concurrente apoya la decisión
de la mayoría, destacando la

importancia

protección

reforzada a las mujeres embarazadas,
incluso

nombramientos

El voto concurrente coincidió con
la decisión de la Corte sobre la

vulneración  del  derecho  a  la
defensa,  subrayando  la  relevancia
de  garantizar  la  participación

255

provisionales.

Argumenta

que

cualquier desvinculación en estas
circunstancias

requiere

una

justificación sólida.

activa de las personas en todos los

actos procesales, particularmente
en

casos

personas

situaciones vulnerables.

Voto Salvado

No hubo votos salvados en esta
sentencia.

Un voto salvado argumentó que el
actor  no  presentó  la  suficiente
documentación  para  fundamentar
su  apelación  y  que,  por  tanto,  la
Sala  no  estaba  obligada  a  realizar

la audiencia. Sin embargo, este
criterio fue minoritario y no afectó
la decisión final de la Corte.

Fuente: (Corte Constitucional del Ecuador, 2024b, 2024a)

Estudio de la sentencia No. 2006-18-EP

El  análisis  de  la  información  contenida  en  la  sentencia  No.  2006-18-EP,
especialmente  en  lo  relacionado  al  voto  concurrente  de  la  jueza  Daniela  Salazar
Marín  en  la  sentencia  No.  365-22-EP,  proporciona  una  visión  clave  sobre  cómo  la
decisión ha sido interpretada y aplicada en casos posteriores.

Análisis Jurídico de la Sentencia 2006-18-EP en el Voto Concurrente de la Sentencia
365-22-EP
1. Sentencia 2006-18-EP: Establecimiento de un Precedente en Protección Laboral

Reforzada para Mujeres Embarazadas
La sentencia No. 2006-18-EP trata sobre la terminación de un nombramiento

provisional de una trabajadora pública que se encontraba en estado de gestación, lo
que la Corte consideró una violación al derecho constitucional de protección laboral

reforzada. En esta decisión, la institución sostuvo que la protección de la maternidad
es un principio superior que prevalece ante cualquier circunstancia, incluso en los
casos de nombramientos provisionales, los cuales generalmente carecen de

estabilidad (Corte Constitucional del Ecuador, 2024b).

La importancia del dictamen constante en la sentencia No. 2006-18-EP se extiende
en el derecho de la protección laboral para mujeres embarazadas bajo la figura del
nombramiento provisional, que, al analizarlo en circunstancias normales, no es una
garantía de estabilidad laboral para los trabajadores. La sentencia concluye indicando

que debido a que la persona perjudicada se encontraba en situación de vulnerabilidad

que implica el estado de gestación, ella debía gozar de la protección reforzada, al igual

256

que los demás servidores públicos con igual o mayor estabilidad, garantizado así una

vida para la madre y el menor que esta por nacer.

2. Voto Concurrente en la Sentencia 365-22-EP: Interpretación y Aplicación del

Precedente Establecido

En el voto concurrente de la jueza Daniela Salazar Marín dentro de la sentencia No.
365-22-EP, la magistrada analiza el impacto y alcance del precedente establecido en
la sentencia No. 2006-18-EP. La señora jueza indica preocupación sobre posibles
interpretaciones erróneas del precedente que ha dejado la otra sentencia, aclarando

que no todos los conflictos laborales entre el Estado y servidores públicos que versan
sobre la terminación de contratos provisionales o de servicios ocasionales son aptos
para una acción de protección (Corte Constitucional del Ecuador, 2024a), pues se
estaría incumpliendo el derecho de igualdad constante en la carta magna.

El voto concurrente enfatiza que la sentencia No. 2006-18-EP no crea una regla
absoluta para todos los casos de finalización de nombramientos provisionales. Por su

parte, se establece que la protección reforzada aplicará solo en casos donde se
comprometan derechos fundamentales como la dignidad o autonomía del trabajador,

tales como en situaciones de discriminación o vulnerabilidad, como la de una mujer
embarazada. La jueza resalta que este precedente se aplica principalmente cuando la
situación particular exige una respuesta urgente y prioritaria por las circunstancias

del caso, como es el caso de la maternidad.

3. La Carga Argumentativa y la Garantía de Motivación
Uno de los puntos centrales del voto concurrente es la cuestión de la carga

argumentativa que deben asumir los jueces al resolver conflictos laborales en el
ámbito constitucional. Según Salazar Marín, en casos donde no existe una evidente

vulneración de derechos fundamentales, la acción de protección no debería ser el
camino adecuado para resolver controversias de este tipo. Sin embargo, aclara que el

deber de motivación sigue siendo obligatorio para los jueces, quienes deben explicar
porque la vía ordinaria, en el caso del contencioso-administrativo, sería más
adecuada y eficaz para resolver el conflicto.

257

4. Excepciones al Uso de la Acción de Protección

El voto también aborda los casos de excepción que justifiquen el uso de la acción de
protección en conflictos laborales. En la sentencia No. 2006-18-EP, la Corte
Constitucional determinó que, en situaciones de vulnerabilidad extrema, como el

embarazo, la acción de protección puede ser la vía idónea, ya que los derechos de la

trabajadora embarazada pueden estar gravemente comprometidos. En consecuencia,
el voto concurrente sostiene que la regla general de remitir estos casos a la
jurisdicción contencioso-administrativa no debe eximir a los jueces constitucionales
de su deber de analizar exhaustivamente si se ha vulnerado un derecho

constitucional.

Aplicaciones prácticas o futuras líneas de investigación
La Constitución de la República del Ecuador establece como pilares fundamentales el

derecho a una vida digna, el buen vivir y la igualdad, garantizando su aplicación en
todos los ámbitos, especialmente en la protección de los grupos vulnerables, como las

mujeres embarazadas. Este marco constitucional fue clave en la sentencia No. 2006-
18-EP, en la cual la Corte Constitucional analizó la terminación de un nombramiento

provisional de una trabajadora pública embarazada, concluyendo que dicha acción
vulneraba sus derechos laborales y constitucionales. Esta decisión marcó un
precedente significativo en la protección de los derechos de las mujeres embarazadas

en situaciones laborales provisionales, reforzando el principio de estabilidad laboral y

la prohibición de la discriminación basada en el embarazo.
Uno de los derechos más afectados en este tipo de casos es el de la seguridad jurídica,
consagrado en el artículo 82 de la Constitución. La seguridad jurídica garantiza que

los actos de la administración pública, como la terminación de un nombramiento,
deben estar motivados y justificados de manera adecuada. En el caso analizado, la

terminación del contrato sin una motivación clara, en violación del debido proceso,
genera un estado de indefensión para la trabajadora, lo que afecta tanto su

estabilidad laboral como sus derechos a la vida digna y al buen vivir, derechos
reconocidos en los artículos 66 y 14 de la Constitución. La sentencia refuerza que la
garantía de motivación es esencial para prevenir actos arbitrarios que vulneren los

derechos fundamentales.

258

La discusión de esta sentencia no solo aborda la afectación del derecho a la

estabilidad laboral, sino que también subraya la importancia de respetar el principio
de igualdad y no discriminación. En el contexto ecuatoriano, la discriminación por
razón de género sigue siendo una realidad persistente, y la desvinculación de mujeres

embarazadas en el sector público refleja una clara vulneración del derecho a la

igualdad, consagrado en el artículo 66 de la Constitución. Esta acción discriminatoria
es especialmente problemática en el caso de nombramientos provisionales, que
suelen ser más vulnerables a decisiones administrativas arbitrarias. En este sentido,
la sentencia recalca que la protección a la maternidad debe ser una prioridad del

Estado, como lo estipula el artículo 332 de la Constitución.
A nivel internacional, el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), al que Ecuador está adherido, refuerza la protección laboral de las mujeres
embarazadas. Este convenio establece que el embarazo no debe ser un motivo para el

despido, y que las mujeres tienen derecho a reincorporarse a sus puestos de trabajo
tras la maternidad. La desvinculación arbitraria de mujeres embarazadas, como la

que se dio en la sentencia analizada, no solo incumple la normativa interna, sino que
también contraviene estos tratados internacionales, lo que subraya la importancia de

una protección jurídica integral.
Por tanto, esta discusión resalta que la protección de los derechos laborales de las
mujeres embarazadas no es solo un tema de estabilidad laboral, sino una cuestión

integral de derechos fundamentales. El derecho a una vida digna, al buen vivir y a la

igualdad están intrínsecamente ligados al respeto por los procedimientos legales en el
ámbito laboral. Las decisiones administrativas que ignoran estos principios
fundamentales no solo generan inseguridad jurídica, sino que también perpetúan

formas de discriminación que afectan gravemente a los grupos más vulnerables.

Conclusiones
La terminación injustificada de nombramientos provisionales de mujeres

embarazadas vulnera múltiples derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la
seguridad jurídica, el debido proceso, y el principio de igualdad y no discriminación.
Las decisiones administrativas deben estar debidamente motivadas, especialmente

cuando afectan a personas en situaciones de vulnerabilidad, pues, en el caso de

259

mujeres en gestación, la afectación no solo es para la madre, sino también, para el

menor que esta por nacer.
El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad constitucional de proteger a las
mujeres embarazadas en el ámbito laboral, conforme a lo establecido en la

Constitución y demás normativa aplicable en territorio nacional, así como los

tratados internacionales ratificados en el país, como el Convenio 183 de la OIT. La
protección de la maternidad es una prioridad que debe ser respetada y garantizada en
todas las decisiones laborales, incluidas las relacionadas con nombramientos
provisionales con la finalidad de salvaguardar el bienestar de la madre y por ende, del

menor.

Referencias Bibliográficas

Alvarado, J., & Gavilánez, I. (2022). Las garantías del debido proceso en los

procedimientos administrativos disciplinarios en Ecuador. Revista Sociedad &

Tecnología, 5(S1), 57–72.

https://doi.org/10.51247/st.v5is1.232

Álvarez, L., Tucupi, R., & Pullupaxi, L. (2024). Análisis del cumplimiento de los

derechos laborales de las mujeres periodistas en la zona centro del Ecuador.
Tsafiqui - Revista Científica En Ciencias Sociales, 14(2), 47–61.

https://doi.org/10.29019/tsafiqui.v14i2.1395

Álvarez, M., Tejena, A., & Piloso, V. (2024). Análisis de las normas y acciones legales

en casos de despido laboral de trabajadoras embarazadas. Revista Lex, 7(25),
482–495.

https://doi.org/10.33996/revistalex.v7i25.195

Baca, M., & Noboa, V. (2024). The selection process of jurisdictional guarantees in

Ecuador during the COVID-19 health emergency. Brazilian Journal of
Development, 10(8), e71994.

https://doi.org/10.34117/bjdv10n8-031

Banegas, M. (2023). Violencia de género, paridad electoral y monitoreo: un estudio

desde el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer en las

Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023 de Ecuador. Revista
Elecciones, 22(26).

https://doi.org/10.53557/elecciones.2023.v22n26.03

Bustamante, A., & Molina, V. (2023). La garantía de motivación desde la línea

jurisprudencial de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Revista Metropolitana

Ciencias

Aplicadas,

6(1),

90–99.

260

https://doi.org/https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/5

00/496

Bustamante, L. (2023). Job insecurity in the Ecuadorian public sector: analysis of the

violation of the right to work through occasional contracts. Salud, Ciencia y

Tecnologia

Serie

Conferencias,

https://doi.org/10.56294/sctconf20231071

Casas, M. (2023). Discriminación directa por embarazo en el acceso al empleo

público

temporal.

Revista

Jurisprudencia

Laboral,

https://doi.org/https://typeset.io/pdf/discriminacion-directa-por-embarazo-

en-el-acceso-al-empleo-2qi9mb2h.pdf

Corte Constitucional del Ecuador. (2024a). Sentencia 365-22-EP/24 Juez ponente:

Richard

Ortiz

(Vol.

593,

Issue

2).

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/eyJjYXJ

wZXRhIjoidHJhbWl0ZSIsInV1aWQiOiI3MTQ4MjdmMS03OTAyLTQ1ODMtY
TJkNy1iZGY4MjAxYWI0MTQucGRmIn0=

Corte Constitucional del Ecuador. (2024b). SENTENCIA 2006-18-EP/24: Juez

ponente:

Alí

Lozada

Prado.

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2Nhcn
BldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic1MWI4MGM3MC00ZDg5LTRmYzItYT
ZkYi1jM2YzZmYzNjExODMucGRmJ30=

Decreto Ejecutivo 710. (2011). Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio

Público. In Segundo Suplemento del Registro Oficial (Vol. 109).

https://doi.org/https://www.ecuadorencifras.gob.ec/LOTAIP/2017/DIJU/oct
ubre/LA2_OCT_DIJU_RegLOSEP.pdf

Espinosa, J., & Barrionuevo, J. (2023). Los Derechos Constitucionales de los

Trabajadores: La estabilidad laboral en el Ecuador. Código Científico Revista

Investigación,

4(2),

901–926.

https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v4/n2/254

Gamboa, A., & Cabrera, R. (2024). La Acción de Protección como Garantía para los

Trabajadores Sustitutos Frente a la Vulneración de su Estabilidad Laboral
Reforzada en Instituciones Públicas. Revista Científica Dominio de Las

Ciencias, 10(3), 1539–1560.

https://doi.org/10.23857/dc.v10i3.3995

261

Gamboa, A., Gutiérrez, D., & García, Á. (2024). Garantías y Tutela de Derechos

Constitucionales en el Ecuador. Tesla Revista Científica, 4(1), e368.

https://doi.org/10.55204/trc.v4i1.e368

Korzeniowski, D. (2023). General principles of the Code of Administrative Procedure

as guidelines for public administration authorities. Ubezpieczenia w

Rolnictwie

Materiały

Studia,

2(80),

209–230.

https://doi.org/10.48058/urms/80.2023.8

Kumar, V., Nowrouzi-Kia, B., Bani-Fatemi, A., Howe, A., Gohar, B., Yazdani, A., &

Gross, D. (2024). O-390 global scenario of gender-based violence in various

workplace settings: a systematic review and meta-analysis. Occupational
Medicine,

74(1).

https://doi.org/https://doi.org/10.1093/occmed/kqae023.1391

Lojano, J. (2024). El control constitucional en el Ecuador. Casos de injusticias en la

práctica

jurídica.

Reincisol,

3(5),

1168–1184.

https://doi.org/10.59282/reincisol.v3(5)1168-1184

López, D., & Pangol, A. (2021). El acoso laboral y la protección jurídica al trabajador

Ecuador.

Revista

Sociedad

Tecnología,

4(S1),

76–90.

https://doi.org/https://typeset.io/pdf/el-acoso-laboral-y-la-proteccion-
juridica-al-trabajador-en-z2kbjf9ku4.pdf

Machado, L., Cedeño, M., & Jiménez, D. (2023). El despido ineficaz de mujeres en

Ecuador. Enfoque legal, constitucional y convencional. Revista Metropolitana

Ciencias

Aplicadas,

6(1),

14–24.

https://doi.org/https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/4
91/487

Matamoros, D. (2024). Los Contratos Ocasionales: la Necesidad Institucional Frente

al Derecho a la Estabilidad de Servidores Públicos en el Ecuador. Ciencia

Latina

Revista

Científica

Multidisciplinar,

7(5),

10859–10882.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.11516

Montero, H., Romero, E., & López, Y. (2022). Derechos laborales de las mujeres

embarazadas y lactantes en Ecuador ante el despido intempestivo. Sociedad &
Tecnología, 5(S1), 223–236.

https://doi.org/10.51247/st.v5is1.245

262

Moreira, M., Cajas, C., & Moreno, P. (2022). Desigualdad laboral como forma de

violencia contra las mujeres en el Ecuador. IUSTITIA SOCIALIS, 7(12), 33.

https://doi.org/10.35381/racji.v7i12.1573

Nelson, S., Ayaz, B., Baumann, A. L., & Dozois, G. (2024). A gender-based review of

workplace violence amongst the global health workforce-A scoping review of

the

literature.

PLOS

Global

Public

Health,

4(7).

https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0003336

Paguay, M., & Morales, M. (2023). La estabilidad laboral en el Ecuador. Revista

Universidad

Sociedad,

15(2).

https://doi.org/http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v15n2/2218-3620-rus-15-02-
346.pdf

Ramón, K., & Barrionuevo, J. (2023). El criterio de motivación emitido por la corte

constitucional frente a los actos administrativos. LATAM Revista

Latinoamericana

Ciencias

Sociales

Humanidades,

4(4).

https://doi.org/10.56712/latam.v4i4.1198

Suaste, D., Hurtado, K., & Yabor, M. (2024). Exclusion and discrimination of the

LGBTIQ+ group in the health system of Ecuador. Bibliographic review.

Interamerican

Journal

Health

Sciences,

71.

https://doi.org/10.59471/ijhsc202471

Vásconez, M., Vera, J., Cedeño, K., & León, B. (2023). Análisis de la vulneración de

los derechos constitucionales del trabajador por parte de sus empleadores en el

Ecuador.

Polo

Del

Conocimiento,

8(10),

1510–1523.

https://doi.org/10.23857/pc.v8i10.7254