Desafíos de la justicia constitucional
en la era digital. Revisión sistemática
Challenges of constitutional justice in the digital
age. Systematic review
María Caridad Rojas Valdivieso
Docente de la Universidad Católica de Cuenca, Abogado de
los Tribunales de Justicia, Magister en Derecho
Constitucional mención en Derecho Procesal Constitucional,
Magister en Magister en Derecho mención en Derecho
Procesal Penal
Universidad Católica de Cuenca
maria.rojas@ucacue.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-2150-5994
Daniel Santiago Bravo Vintimilla
Docente de la Universidad Católica de Cuenca
Abogado, Magister en Derecho Constitucional mención
Procesal Constitucional
Universidad Católica de Cuenca
daniel.bravov@ucacue.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-5033-447X
María Juliana Rojas Valdivieso
Abogada, Tecnóloga en Gastronomía con Mención en Cocina
Profesional, Magister en Derecho Mención en Derecho
Procesal Pena, Magister en Gestión de Procesos y Seguridad
de los Alimentos
Secretaría de Dirección de la Gobernación de la Provincia del
Cañar
jhulyrojas1392@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0002-4163-0626
Christian Román Cobos Calle
Abogado, Magister en Magister en Derecho mención en
Derecho Constitucional.
christiancobos10@yahoo.com
https://orcid.org/0009-0000-6279-8757
Resumen
Este documento profundiza en las dificultades encontradas
por los sistemas de justicia constitucional como resultado
del avance de las tecnologías digitales, con un enfoque
Imaginario Social
Entidad editora
REDICME (reg-red-18-0061)
e-ISSN: 2737-6362
especial Octubre Vol. 7-4-2024
http://revista-
imaginariosocial.com/index.php/es/index
Recepción: 19 de julio de 2024
Aceptación: 06 de agosto de 2024
94-113
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específico en la protección de los datos personales, la garantía de la libertad de
expresión en línea y la supervisión de la gobernanza de los nuevos avances
tecnológicos. El objetivo de este estudio es analizar los desafíos que enfrentan los
sistemas de justicia constitucional en diversas jurisdicciones debido a la evolución de
las tecnologías digitales. Se llevó a cabo un examen exhaustivo de la literatura
existente, que abarcó la investigación académica y los marcos legales de diversas
jurisdicciones. La selección y síntesis de los estudios pertinentes se realizaron
utilizando la metodología PRISMA. Los hallazgos subrayan la creciente aprensión con
respecto a la protección de los datos y la privacidad, el imperativo de lograr un
equilibrio entre la libertad de expresión y la seguridad, y la gobernanza de las
tecnologías incipientes, como la inteligencia artificial. En conclusión, los sistemas de
justicia constitucional deben demostrar adaptabilidad y dinamismo para hacer frente
a los incipientes obstáculos tecnológicos, por ello, es indispensable un enfoque
equitativo que defienda los derechos fundamentales, fomente la colaboración global y
garantice la mejora continua de los marcos legales.
Palabras claves: justicia constitucional, era digital, protección de los datos
personales, libertad de expresión, regulación, nuevas tecnologías.
Abstract
This paper delves into the difficulties encountered by constitutional justice systems as
a result of the advance of digital technologies, with a specific focus on the protection
of personal data, the guarantee of freedom of expression online and the oversight of
the governance of new technological developments. The aim of this study is to analyse
the challenges faced by constitutional justice systems in various jurisdictions due to
the evolution of digital technologies. A comprehensive review of the existing
literature was carried out, covering academic research and legal frameworks in
various jurisdictions. The selection and synthesis of relevant studies was conducted
using the PRISMA methodology. The findings highlight the growing apprehension
regarding data protection and privacy, the imperative to strike a balance between
freedom of expression and security, and the governance of emerging technologies
such as artificial intelligence. In conclusion, constitutional justice systems must
demonstrate adaptability and dynamism in the face of emerging technological
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hurdles, and an equitable approach that upholds fundamental rights, fosters global
collaboration and ensures the continuous improvement of legal frameworks is
indispensable.
Keywords: constitutional justice, digital era, personal data protection, freedom of
expression, regulation, new technologies.
Introducción
La evolución de la justicia constitucional en la era digital implica adaptar los
principios e instituciones constitucionales a los desafíos y oportunidades que brinda
la tecnología digital (Celeste, 2019; Milczarek, 2024). La digitalización de los sistemas
judiciales, acelerada por la pandemia de la COVID-19 (Bănică, 2020), ha puesto de
manifiesto esta evolución. Sin embargo, también ha introducido desafíos
contemporáneos (Kalenzi, 2022), como garantizar la protección de los derechos
fundamentales y el equilibrio de poder en el ámbito digital, denotando la priorización
de la salvaguardia de los derechos humanos en el dominio virtual (Goulart, 2012;
Saputra et al., 2022).
Sin duda alguna, el auge de las tecnologías digitales tiene un impacto significativo en
la protección de los derechos fundamentales, en particular la privacidad y la libertad
de expresión (Siagian et al., 2023). Donde, el uso de algoritmos puede mejorar la
equidad procesal (Hryhorii et al., 2021; Pollicino y De Gregorio, 2021), sin embargo,
si bien estas tecnologías digitales pueden beneficiar a los derechos humanos, también
es necesario considerar sus consecuencias negativas (Khamdamova, 2021). En
relación con ello, el autor Goluboff (2008) profundiza en esta complejidad y señala la
naturaleza dual de la tecnología digital, que mejora ciertos derechos y socava otros,
como la privacidad y la seguridad.
Por otra parte, la regulación y la aplicación de tecnologías novedosas en el ámbito del
derecho constitucional se han investigado en diferentes sistemas legales. Por ejemplo,
Isakov (2023) subraya la importancia de las tecnologías avanzadas para ampliar el
alcance de las personas autorizadas a establecer normas reguladoras fundamentales,
actualizando así el principio de paridad. Lăpădat (2021) y Pollicino y De Gregorio
(2021) analizaron los dilemas constitucionales que presenta una sociedad gobernada
por algoritmos, en particular en lo que respecta a la recopilación y recuperación de
datos y la evaluación algorítmica. Filipova (2021) denota la necesidad de contar con
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normas constitucionales y legales que supervisen la utilización de la inteligencia
artificial y las neurotecnologías, específicamente para salvaguardar los derechos
humanos y abordar los problemas sociales, mientras que Voronyuk (2019) se centra
en el impacto de las tecnologías digitales en los servicios públicos, y reconoce la
necesidad de contar con mecanismos que garanticen su aplicación.
Por lo expuesto en los párrafos anteriores, es evidente que la rápida evolución de la
tecnología ha remodelado radicalmente la sociedad moderna, impactando en la vida
cotidiana y en los marcos legales y constitucionales destinados a salvaguardar los
derechos. Por consiguiente, la justicia constitucional se enfrenta a desafíos sin
precedentes en la era digital, como la protección de los datos personales, la libertad
de expresión en línea y la regulación de las nuevas tecnologías a la vanguardia.
Siendo, imperativo comprender la influencia de la tecnología en la aplicación y la
defensa de los principios constitucionales e identificar las brechas de conocimiento y
proponer soluciones adaptadas a la tecnología digital.
Por ello, el objetivo de este artículo es analizar los desafíos que enfrentan los sistemas
de justicia constitucional en diversas jurisdicciones debido a la evolución de las
tecnologías digitales, pretendiendo abordar cuestiones críticas como la protección de
los datos personales, la libertad de expresión en internet y la regulación de las nuevas
tecnologías.
Metodología
La presente revisión sistemática se llevó a cabo siguiendo la metodología, asegurando
un proceso riguroso y transparente en todas las etapas del estudio. En primera
instancia se definió las preguntas de investigación, luego, se presentó la metodología
estructurada en cinco fases: identificación, selección, extracción de datos, análisis y
síntesis de resultados.
Pregunta PEO
• P (Población): Jurisdicciones con sistemas de justicia constitucional
• E (Exposición): Evolución de las tecnologías digitales, incluyendo el internet,
protección de datos personales y nuevas tecnologías.
• O (Resultados): Desafíos que surgen en la interpretación, aplicación y defensa
de los derechos constitucionales, así como en la regulación de nuevas tecnologías.
Por lo tanto, la pregunta de investigación fue:
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¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia constitucional en el
contexto de la evolución de las tecnologías digitales?
Identificación
En la fase de identificación, se llevó a cabo una exploración exhaustiva en varias bases
de datos académicas y repositorios legales, como SCOPUS, WoS, Scielo; JSTOR. Con
el objetivo era obtener una colección representativa e inclusiva de la literatura
existente, para ello la búsqueda abarcó publicaciones que cumplieron los siguientes
criterios de inclusión y exclusión.
Además, se utilizaron términos clave específicos relacionadas con los temas de
justicia constitucional, era digital, protección de datos personales, libertad de
expresión en internet y la regulación de nuevas tecnologías y se examinaron
minuciosamente las listas de referencias de los estudios pertinentes para identificar
otras fuentes que podrían pasarse por alto durante la exploración inicial.
Cadena de búsqueda:
(("constitutional justice" OR "constitutional law" OR "justice constitucional" OR
"derecho constitucional" OR "constitutional rights" OR "constitutional challenges”
OR “legal implications" OR "derechos constitucionales" OR “nuevas normativas
legales") AND ("digital age" OR "digital era" OR "era digital" OR "nueva era
tecnológica" OR "new technologies" OR "impacto tecnológico" OR "data protection"
OR "freedom of expression" OR "protección de datos" OR "libertad de expresión" OR
"regulación de tecnologías" OR "privacy protection" OR "internet freedom" OR "legal
frameworks" OR "data privacy" OR "free speech online" OR "protección de datos
personales" OR "libertad de expresión en internet"))
Selección
El proceso de selección de los estudios siguió un proceso de dos etapas. Inicialmente,
los títulos y resúmenes de los artículos identificados fueron analizados para
determinar su pertinencia para la revisión. Los artículos que cumplían los criterios de
inclusión se sometieron a una evaluación exhaustiva del texto completo.
Posteriormente, la segunda etapa consistió en un escrutinio meticuloso de los textos
completos de los artículos seleccionados para validar su elegibilidad. Se definieron
criterios de inclusión específicos, incorporando la relevancia temática, la solidez
metodológica y la presencia de datos exhaustivos. Los estudios que no cumplían estos
criterios se excluyeron de la revisión.
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Criterios de Inclusión:
• Investigación centrada en la justicia constitucional en la era de la
digitalización.
• Trabajos académicos que han sido sometidos a revisión por pares, que abarcan
publicaciones, libros, informes y documentos gubernamentales.
• Documentos escritos en inglés o español.
• Investigaciones que profundizan en temas relacionados con la protección de
datos personales, la libertad de expresión en Internet y la regulación de las
tecnologías emergentes.
Criterios de Exclusión:
• Obras no académicas, como artículos de opinión, ensayos y documentos no
revisados por pares.
• Estudios que no se centran en las dimensiones constitucionales o legales.
• Materiales que carecen de disponibilidad de texto completo o que no cumplen
con los estándares académicos en cuanto a metodología.
Extracción de datos
Una vez finalizada la selección del estudio, los datos se extrajeron utilizando una
plantilla de extracción diseñada específicamente para esta revisión. Se recopilaron
detalles exhaustivos sobre cada estudio, que abarcaron información sobre los autores,
el año de publicación, el propósito del estudio, los hallazgos clave y las conclusiones.
Estos datos se organizaron sistemáticamente para facilitar el análisis posterior y
garantizar la uniformidad en la recopilación de datos.
Análisis
Durante la fase analítica, se realizó una síntesis cualitativa de los datos extraídos,
revelando patrones, tendencias y temas recurrentes en la literatura. Los estudios se
clasificaron en función de temas clave, como la interpretación de los principios
constitucionales en la era digital, los desafíos en la protección de los datos personales
y las consecuencias de regular la libertad de expresión en Internet. Se utilizó una
metodología de análisis temático para categorizar y estructurar la información, lo que
simplificó la identificación de los conceptos y teorías emergentes.
Síntesis de resultados
Por último, se elaboró un resumen conciso de los hallazgos, en el que se destacan las
principales conclusiones y contribuciones de la revisión. Se identificaron las brechas
100
de conocimiento y las áreas que requerían una mayor exploración, y se ofreció una
visión global del panorama de investigación existente en relación con la justicia
constitucional en la era digital.
Resultados
El gráfico 1 presenta la búsqueda sistemática realizada mediante el enfoque PRISMA.
Se seleccionaron para el estudio un total de 16 documentos.
Gráfico 1. Búsqueda sistemática
Identificación
Número de registros identificados mediante la
búsqueda en la base de datos
SCOPUS=746 ;WoS=127 ;JSTOR=575; SCIELO=10
n=1458
Cribado
Número de registros cribados
(n=40)
Número de registros excluidos por no cumplir los
criterios de Inclusión/Exclusión
(n=1261)
Idoneidad
Número de registro de texto completo
evaluados para su elegibilidad
(n=16)
Número de artículos de texto completo excluidos
después de la lectura de titulo y resumen
(n=24)
Inclusión
Número de estudios incluidos en la síntesis
cualitativa
(n=16)
¿Cómo ha impactado la evolución de las tecnologías digitales en la
interpretación de los derechos fundamentales en el ámbito de la justicia
constitucional?
A continuación, se presenta de manera cohesiva como diversos autores a lo largo del
tiempo (1998 al 2023) han analizado el impacto de las tecnologías digitales (TD) en la
interpretación de los derechos fundamentales, revelando las preocupaciones y
caminos arrogados por la justicia constitucional ante estos retos.
Kang et al, (1998) observó que la tecnología digital (TD) ha influido en la
comprensión de los derechos de privacidad, subrayando la necesidad de que las leyes
de privacidad se ajusten a las exigencias del ciberespacio a fin de garantizar una
justicia constitucional idónea. Del mismo modo, Lin (2002) sostuvo que los derechos
constitucionales han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías de interpretación
judicial, resaltando en que la evolución de la privacidad a través de Internet exige una
mayor protección constitucional.
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Por su parte, DeVries (2003) reconoció que la TD presenta desafíos para las leyes de
privacidad convencionales y sus interpretaciones constitucionales, y destacó cómo la
vigilancia y el monitoreo digital han redefinido los derechos de privacidad. De
acuerdo con esto, Roos (2008) establece que la TD moldea la interpretación de los
derechos constitucionales, en particular al conciliar la privacidad con la libertad de
expresión, y señaló que los tribunales constitucionales han tenido que adaptarse a
estos avances tecnológicos para salvaguardar tanto la privacidad como la identidad.
Por el contrario, Beltrán-Cristancho y Blaise-MacLean (2011) afirmaron que la TD ha
influido en la interpretación de los derechos desde puntos de vista cambiantes,
acentuando el dilema de equilibrar la libertad de expresión con la seguridad, la
privacidad y la opinión pública. De manera similar, Oginni y Moitui (2015) enfatizó
que TD ha influido en la justicia constitucional en la interpretación de los derechos
fundamentales, esclareciendo sobre el papel de las redes sociales en la mejora del
compromiso cívico y su influencia en los procesos de formulación de políticas.
En estudios más recientes, De Pauw (2019) analizó cómo la TD ha moldeado la
interpretación de la libertad de expresión por parte de la justicia constitucional,
citando el empleo de un marco tecnológico digital por parte de la Corte Suprema para
evaluar estos casos. Del mismo modo, Teruel Lozano (2019) subrayó que la TD ha
influido en la interpretación de los derechos fundamentales, e indicó que estos
derechos guían los principios de la arquitectura del ciberespacio hacia la regulación
democrática.
Strauss (2021) postuló que el cambio a la era digital ha influido en la interpretación
de los derechos fundamentales, lo que ha repercutido en la utilización judicial de las
metodologías analíticas en la justicia constitucional. Sundquist (2021) añadió que los
tribunales han tenido que evaluar si las máquinas pueden llevar a cabo tareas
específicas, lo que acentúa la influencia de la TD en estas evaluaciones.
En tiempos más recientes, Da Silva Pardo (2022) señaló que la legislación se ha
ajustado para regular la incitación al odio en línea y abordar los problemas de
privacidad. Beduschi (2022) también destacó que la tecnología digital ha exigido un
equilibrio meticuloso entre la privacidad y los intereses públicos a la hora de
interpretar estos derechos. Sánchez Acevedo (2022) agregó que la IA en el sector
público ha tenido un impacto en ámbitos cruciales como la salud, la educación, la
justicia y la privacidad, e influyó en la justicia constitucional. Por último, Van der
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Linde (2022), Guillermo Jiménez y Meneses Quintana (2023) y Yeung (2023)
concluyen destacando que la tecnología digital presenta desafíos continuos para la
interpretación de los derechos fundamentales, con una regulación que puede
fomentar la innovación socialmente ventajosa.
¿Qué desafíos específicos enfrenta la protección de datos personales en
el contexto de la justicia constitucional en la era digital?
Los diversos e intrincados desafíos a los que se enfrenta la protección de los datos
personales en el ámbito de la justicia constitucional en la era digital son
multifacéticos. Kang et al. (1998) acentúan los obstáculos a los que se enfrentan las
leyes de privacidad en el ciberespacio debido a la esencia dinámica de los datos, lo
que limita la salvaguardia constitucional de la privacidad de la información, que
depende de la jurisdicción estatal, lo que complica la aplicación uniforme y eficiente
de la protección. Lin (2002) observa de manera similar que la proliferación de
Internet plantea un desafío a la protección de los datos personales, haciendo hincapié
en la posible exclusión de los derechos constitucionales de las entidades privadas, lo
que impide la protección efectiva de los datos.
DeVries (2003) identifica los dilemas a los que se enfrentan las leyes de privacidad en
la era digital, especialmente en términos de manipulación de datos. Subraya la
protección de la privacidad física en virtud de la Cuarta Enmienda, pero la ausencia
de salvaguardias equivalentes para la privacidad digital, lo que revela un vacío legal
en el marco legal actual. Además, la estructura legal existente no aborda
adecuadamente los problemas emergentes de privacidad digital. Roos (2008)
refuerza esta aprensión al enfatizar la necesidad de armonizar la protección de datos
con la libertad de expresión, subrayando la alineación esencial de las leyes de
privacidad con los derechos constitucionales para garantizar una protección efectiva.
A nivel regional, Beltran-Cristancho y Blaise-MacLean (2011) indican que los
tribunales colombianos se enfrentan a desafíos para proteger adecuadamente los
datos personales, en particular para conciliar la privacidad con la libertad de
información. Desde una perspectiva más amplia, Oginni y Moitui (2015) arrojan luz
sobre los desafíos de credibilidad y participación política a los que se enfrentan las
redes sociales en África, además de la necesidad imperiosa de contar con mecanismos
mediáticos eficientes para mejorar la participación ciudadana en la esfera política.
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Por el contrario, De Pauw (2019) identifica que las marcas comerciales pueden no
proteger suficientemente los datos personales en el marco de la justicia constitucional
digital, mientras que el rechazo de las marcas “inmorales o escandalosas” puede
infringir la libertad de expresión, lo que suscita preocupación en relación con la
supervisión del contenido indecente. Teruel Lozano (2019) acentúa los obstáculos de
la jurisdicción global y la ausencia de soberanía que complican la implementación de
una ley singular, lo que indica que la autorregulación de las empresas privadas podría
no garantizar la imparcialidad ni servir al interés público.
Strauss (2021) destaca que el cambio a la era digital plantea desafíos a la hora de
preservar los datos personales, en particular a la hora de equilibrar la transparencia
con la privacidad de los datos. Además, el aumento de la centralización y la
politización de los datos representan un riesgo importante. En una línea similar,
Sundquist (2021) señala que el sesgo del aprendizaje automático podría perpetuar las
desigualdades sociales, mientras que los modelos de vigilancia predictiva plantean
preocupaciones en relación con la privacidad y la justicia social.
Así también, Da Silva Pardo (2022) examina las infracciones de las leyes de
protección de datos, haciendo hincapié en la compleja naturaleza de la armonización
de la libertad de expresión con la confidencialidad de la información. Además,
Beduschi (2022) señala la necesidad de conciliar los intereses públicos con el derecho
a la privacidad en los sistemas judiciales digitales, garantizando una protección
suficiente de los datos. Sánchez Acevedo (2022) afirma además que el uso
generalizado de la IA y la necesidad imperiosa de establecer protocolos de
ciberseguridad presentan nuevos obstáculos, en particular a la hora de defender las
libertades de las personas y las responsabilidades de las entidades gubernamentales.
Por último, Van der Linde (2022) subraya los obstáculos relacionados con el
equilibrio entre la protección de los datos personales y la justicia digital, y cita
impedimentos estructurales, como la limitación de recursos, que impiden la
prontitud de las decisiones legales. Guillermo Jiménez y Meneses Quintana (2023)
junto con Yeung (2023) culminan acentuando la importancia de lograr un equilibrio
entre los derechos de privacidad y la libertad de expresión en las comunicaciones
digitales, así como la importancia de regular las tecnologías basadas en datos para
fortalecer los principios democráticos y la supremacía constitucional.
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¿De qué manera las distintas jurisdicciones han abordado la regulación
de la libertad de expresión en internet y cuáles son sus implicaciones
constitucionales?
Los desafíos y las estrategias para regular la libertad de expresión en Internet difieren
entre las distintas jurisdicciones legales, lo que conlleva importantes consecuencias
constitucionales. Kang et al. (1998) resaltan que el control de la expresión en línea
implica un examen legal, teniendo en cuenta el punto de vista de la Primera
Enmienda, que protege la libertad de expresión. Además, la Ley de privacidad en el
ciberespacio exige el consentimiento para transmitir datos no esenciales, con el
objetivo de armonizar la protección de la privacidad con la libertad de expresión.
Del mismo modo, Lin (2002) subraya que la libertad en Internet se supervisa a través
de los derechos constitucionales, recalcando la importancia de la privacidad. De tal
forma, que los marcos legales promueven las tecnologías que mejoran la privacidad,
proponiendo una estrategia dual para salvaguardar tanto la libertad en Internet como
los derechos de privacidad de las personas. DeVries (2003) sugiere que existe un
choque fundamental entre la privacidad y la libertad de expresión, lo que limita el
control de la expresión en línea. Este conflicto es especialmente evidente cuando la
información digital elude la supervisión individual, lo que crea más obstáculos para la
regulación.
Partiendo de este punto de vista, Roos (2008) sostiene que las leyes se esfuerzan por
lograr un equilibrio entre la privacidad y la libertad de expresión en las normas de
protección de datos. Beltran-Cristancho y Blaise-MacLean (2011) se hacen eco de esta
postura y destacan que, en Colombia, la libertad en Internet se rige sopesando la
expresión con la seguridad y la privacidad. Por consiguiente, los tribunales
colombianos se enfrentan al desafío de determinar si la libertad de expresión es un
derecho absoluto, lo que subraya la complejidad de establecer límites claros en un
panorama digital.
Oginni y Moitui (2015) presentan una postura más pragmática y afirman que la
gobernanza de Internet implica armonizar la libertad de expresión con las
restricciones legales. Por ejemplo, las plataformas de redes sociales supervisan el
contenido para evitar la difusión de discursos de odio, mientras que los gobiernos
hacen cumplir las normas para combatir la desinformación en línea y proteger a los
105
ciudadanos. De Pauw (2019) profundiza en un aspecto específico de esta gobernanza
e indica que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se opuso a los criterios de
registro inmorales o escandalosos, argumentando que rechazar tales marcas viola la
libertad de expresión.
Teruel Lozano (2019) señala que supervisar la expresión en Internet puede implicar
la autorregulación, la participación del Estado y la colaboración internacional. A tal
punto que los países hacen cumplir las regulaciones a través de los proveedores de
servicios de Internet, bloqueando contenido específico, mientras que las entidades
privadas como Facebook establecen sus propias normas éticas. Esta variedad de
enfoques refleja la intrincada naturaleza de la gobernanza en un entorno globalizado.
Strauss (2021) observa que el cambio a la era digital repercute en la supervisión de la
libertad de expresión, ya que los archivos digitales mejoran la transparencia y la
participación pública en la normativa. Además, las agencias ahora comparten datos
en línea, lo que amplía el acceso a las operaciones gubernamentales.
Sundquist (2021) presenta el concepto de inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la
regulación, expresando su preocupación por el sesgo y la transparencia dentro de los
marcos regulatorios. Se examina el impacto de la IA en las profesiones jurídicas
tradicionales, lo que lleva a reevaluar el papel de las facultades de derecho y la
formación de los futuros abogados. Del mismo modo, Da Silva Pardo (2022) examina
minuciosamente las leyes brasileñas destinadas a regular la incitación al odio y
proteger los datos, lo que indica la necesidad de reevaluar legislaciones como el
Marco Civil de Internet. Además, se hace referencia a la Ley de Servicios Digitales de
la Unión Europea, que moderniza las regulaciones relativas al contenido en línea para
abordar los obstáculos emergentes.
Beduschi (2022) subraya la necesidad de un equilibrio justo entre los intereses
públicos y los derechos de privacidad, y afirma que las limitaciones deben incorporar
fechas de caducidad explícitas para evitar la normalización. Por el contrario, Sánchez
Acevedo (2022) subraya la importancia de hacer frente a los peligros relacionados
con la regulación de la libertad de expresión en línea, y sugiere que se prohíban las
aplicaciones específicas de la IA para salvaguardar las libertades fundamentales.
Al ahondar en los obstáculos y complejidades contemporáneos, Guillermo Jiménez y
Meneses Quintana (2023) examinan los choques entre la libertad de expresión y el
106
derecho a la privacidad en línea, y subrayan la importancia de una interacción
ilimitada y sin atribuciones.
Finalmente, Yeung (2023) sostiene que supervisar la expresión en línea es una tarea
multifacética que exige una deliberación meticulosa. Se hace hincapié en que las
regulaciones bien elaboradas tienen el potencial de fomentar avances socialmente
ventajosos en las tecnologías digitales al definir límites que motiven la innovación
dentro de parámetros seguros.
Por consiguiente, estos académicos subrayan la necesidad de un enfoque armonizado
y flexible para supervisar la libertad de expresión en un panorama digital en
constante evolución.
¿Qué marcos legales y regulaciones emergentes se han desarrollado
para abordar los desafíos de la justicia constitucional en el entorno
digital?
Los desafíos de la justicia constitucional en el ámbito digital han impulsado el avance
de nuevas estructuras y regulaciones legales. Kang et al. (1998) subrayan que estas
estructuras evolucionan continuamente para abordar los problemas específicos del
ciberespacio, en particular en lo que respecta a la protección de la privacidad. La
preocupación con respecto a este asunto es un punto central en la justicia
constitucional digital, lo que subraya la necesidad de nuevas regulaciones que
garanticen la protección de los datos personales.
En consonancia con este punto de vista, Lin (2002) acentúa la necesidad de que los
derechos constitucionales se ajusten a las tecnologías emergentes, especialmente en
el ámbito de Internet, donde es necesario abordar la privacidad de la información.
Este punto de vista se refleja en DeVries (2003), quien postula que los estudiosos que
se centran en la privacidad abogan por las modificaciones legales esenciales para
hacer frente a los desafíos de la privacidad digital. Además, observa que los marcos
legales, en el 2002, a menudo presentaban dificultades para abordar adecuadamente
estas preocupaciones, particularmente cuando se enfrentan a cuestiones de seguridad
nacional, lo que a veces resulta en que los tribunales desestimen las cuestiones de
privacidad.
Por el contrario, Roos (2008) ofrece una perspectiva internacional al hacer referencia
a la Ley de Privacidad de Nueva Zelanda de 1993 como un ejemplo de cómo lograr un
equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la privacidad en la legislación.
107
Esta noción se ve reforzada por Beltran-Cristancho y Blaise-MacLean (2011), quienes
subrayan la necesidad de que los marcos legales se adapten de manera consistente
para abordar los obstáculos de la justicia digital, especialmente en el ámbito de la
justicia constitucional.
Oginni y Moitui (2015) indican que la importancia de las redes sociales en la esfera
política en África, y señalan que estas plataformas tienen el potencial de mejorar la
participación cívica y ofrecer información valiosa para el ámbito de las políticas
públicas. Esta observación subraya la necesidad de contar con marcos legales que
rijan de manera efectiva estas plataformas para garantizar una participación
imparcial y justa.
De Pauw (2019) y Teruel Lozano (2019) coinciden en cuanto a la necesidad de marcos
legales que se ajusten a las exigencias de la justicia constitucional digital, y evidencia
que los derechos fundamentales deben guiar la estructura del ciberespacio. Teruel
Lozano añade además que es necesario diseñar marcos legales eficientes que respeten
estos derechos, especialmente en la era digital, donde las líneas entre las esferas
pública y privada son cada vez más borrosas.
Strauss (2021) analiza la influencia de la transición de la era del papel a la digital en
los marcos legales, y afirma que los registros digitales han mejorado la transparencia,
la participación pública y la eficacia regulatoria. Sin embargo, también reconoce que
las agencias encuentran obstáculos para mantener una ventaja informativa en este
entorno novedoso, lo que requiere una adaptación continua de los marcos legales.
En un contexto más contemporáneo, Sundquist (2021) y Da Silva Pardo (2022)
profundizan en la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en los servicios
legales. Sundquist resalta la necesidad de esta integración, que exige el
establecimiento de directrices y marcos legales novedosos, mientras que Da Silva
Pardo hace referencia a la Ley de Servicios Digitales, una iniciativa legislativa
diseñada para modernizar las regulaciones relativas al contenido en línea y
contrarrestar la incitación al odio en línea.
Beduschi (2022) y Sánchez Acevedo (2022) coinciden en la necesidad de que los
marcos legales se ajusten continuamente a los avances tecnológicos con el fin de
mantener una justicia constitucional eficiente. Sánchez Acevedo sugiere además que
la utilización de herramientas de inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la
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eficacia y agilizar los procedimientos judiciales, y subraya la importancia de integrar
adecuadamente estas tecnologías en los marcos legales.
Por último, Guillermo Jiménez y Meneses Quintana (2023) destacan el carácter
imperativo de la evolución de los marcos legales para abordar los conflictos que
surgen entre la libertad de expresión y la privacidad. Mientras tanto, Yeung (2023)
subraya la importancia de comprender las repercusiones sociales de los avances
digitales, y postula que los marcos legales deben abarcar estos elementos para
garantizar una progresión justa e imparcial de las tecnologías digitales. En
consecuencia, se postula que el ajuste de los marcos legales para la justicia
constitucional en la esfera digital es un esfuerzo intrincado y continuo que debe
enfrentar varios obstáculos para salvaguardar los derechos fundamentales.
Discusión
El estudio aclara una descripción compleja y multifacética de la regulación de la
libertad de expresión y la justicia constitucional en la esfera digital. Una revisión de
los estudios analizados revela tanto coincidencias como disparidades entre los
autores, y ofrece una perspectiva inclusiva y evaluativa de los marcos legales y su
adaptación en respuesta a los desafíos digitales.
Inicialmente, una gran mayoría de investigadores coincide en la necesidad de revisar
las estructuras legales para salvaguardar la privacidad y la libertad de expresión en la
era digital. Kang et al. (1998) y Lin (2002) resaltan la importancia de modificar las
leyes para abordar los dilemas únicos del ámbito en línea, mientras que DeVries
(2003) y Roos (2008) subrayan la insuficiencia de los marcos legales existentes para
abordar los problemas de privacidad digital. Estos estudiosos señalan que, a pesar de
los intentos de alinear los derechos constitucionales con las tecnologías emergentes,
persisten brechas sustanciales que requieren atención.
Sin embargo, los puntos de vista divergen a la hora de deliberar sobre el equilibrio
entre la libertad de expresión y otros derechos, como la privacidad y la seguridad
nacional. Mientras que defensores como Roos (2008) y Beltran-Cristancho y Blaise-
MacLean (2011) procuran un equilibrio cauteloso entre estos derechos, De Pauw
(2019) y Teruel Lozano (2019) recalcan la necesidad de marcos legales que prioricen
los derechos fundamentales y den forma a la estructura del ciberdominio. Por el
contrario, académicos alternativos como Sundquist (2021) y Sánchez Acevedo (2022)
109
acentúan las ventajas de la inteligencia artificial para mejorar la eficacia judicial,
proponiendo una postura más favorable hacia la integración de tecnologías
avanzadas en el ámbito legal.
Además, el discurso sobre la autorregulación y la intervención gubernamental
representa otro punto focal de controversia entre los estudios examinados. Si bien
Teruel Lozano (2019) y Da Silva Pardo (2022) abogan por la colaboración
internacional y la intervención estatal para supervisar el contenido en línea, críticos
como Strauss (2021) y Yeung (2023) denuncian la ausencia de restricciones y
subrayan la necesidad de comprender las repercusiones sociales de los avances
digitales. Esta divergencia subraya la complejidad de formular un marco regulatorio
que sea a la vez eficaz y equitativo en un panorama digital en constante evolución.
No obstante, si bien existe un consenso sobre la necesidad imperiosa de modernizar
los marcos legales para salvaguardar la privacidad y la libertad de expresión en el
ámbito digital, las perspectivas varían significativamente en cuanto a los métodos
para lograr este equilibrio y los elementos que justifican la prioridad. Los puntos de
vista divergentes reflejan la complejidad inherente de regular un espacio tan
dinámico y multifacético como el ciberespacio, lo que subraya la importancia de
adoptar un enfoque interdisciplinario y adaptable para la formulación de políticas.
Conclusión
En conclusión, el presente estudio ha puesto de manifiesto que los sistemas de
justicia constitucional encuentran numerosos obstáculos atribuidos al rápido avance
de las tecnologías digitales. Los principales de estos desafíos son la protección de la
información personal y el mantenimiento de la confidencialidad, los cuales se
enfrentan a un peligro constante debido a las nuevas tecnologías y al creciente
volumen de datos accesibles en línea. Los investigadores coinciden en la necesidad de
revisar los marcos legales para abordar estas cuestiones, aunque con opiniones
divergentes sobre las estrategias más eficientes para lograr este objetivo. La
importancia de adoptar un enfoque equilibrado que proteja tanto la privacidad como
la libertad de expresión surge como un tema recurrente, que enfatiza la complejidad
de defender estos derechos esenciales en un ámbito digital.
Además, la revisión sistemática de la literatura ha demostrado que la gobernanza de
las tecnologías emergentes y la regulación de la libertad de expresión en la web
siguen siendo temas de controversia. Si bien algunos académicos respaldan una
110
regulación estricta y la colaboración global para mitigar los riesgos, otros subrayan la
importancia de fomentar la innovación y proteger la libertad de expresión como
principios fundamentales de la democracia. La integración de tecnologías
sofisticadas, como la inteligencia artificial, en los procedimientos legales presenta
tanto perspectivas como riesgos, lo que pone de relieve la necesidad de una estructura
reguladora flexible y proactiva.
Es por ello, que los hallazgos de esta investigación proponen que los sistemas de
justicia constitucional deben ser adaptables y robustos para hacer frente a los
desafíos incipientes de la era digital. La evolución continua de la tecnología seguirá
planteando nuevas preguntas y dilemas que requerirán resoluciones innovadoras y
cooperativas. De tal manera que la colaboración global y el ajuste continuo de los
marcos legales serán indispensables para garantizar la protección eficiente de los
derechos fundamentales en el ámbito digital. Logrando distinguir que la búsqueda
del equilibrio entre la seguridad, la confidencialidad y la libertad de expresión seguirá
siendo un obstáculo fundamental para los sistemas de justicia constitucional en el
futuro.
Referencias bibliográficas
Bănică, R. A. (2020). Digitization of justice in the context of the COVID-19 pandemic
and the implications of digitalization on constitutional rights. Revista de Drept
Constituțional, 2, 11–30. https://doi.org/10.47743/rdc-2020-2-0001
Beduschi, A. (2022). Taking stock of COVID-19 health status certificates: Legal
implications for data privacy and human rights. Big Data & Society, 9(1),
205395172110693. https://doi.org/10.1177/20539517211069300
Beltrán-Cristancho, M., y Blaise-MacLean, R. J. (2011). Reflections on the legal
evolution of free expression in Canada and Colombia in the context of
democratic consolidation. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 13(1), 217–246.
Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: a new systematic theorisation.
International Review of Law, Computers & Technology, 33(1), 76–99.
https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604
Da Silva Pardo, F. (2022). Discursos de ódio em ambientes digitais: implicações
sociais e legais. SOLETRAS, 43(43), 178–196.
https://doi.org/10.12957/soletras.2022.64970
111
De Pauw, E. (2019). Trade marks gone nuts: trade mark monopolization of the visual
outcome of a once patented method? Journal of Intellectual Property Law &
Practice, 14(10), 749–751. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz103
DeVries, W. T. (2003). Protecting Privacy in the Digital Age. Berkeley Technology
Law Journal, 18(1), 283–311. https://www.jstor.org/stable/24120519
Filipova, I. A. (2021). Artificial Intelligence and Neurotechnologies: In Need for
Constitutional and Legal Regulation. Lex Russica, 9, 119–130.
https://doi.org/10.17803/1729-5920.2021.178.9.119-130
Golubuff, R. (2008). Fundamental Rights. En The U.S. Constitution A to Z. CQ Press.
https://doi.org/10.4135/9781483300634.n156
Goulart, G. D. (2012). O impacto das novas tecnologias nos direitos humanos e
fundamentais: o acesso à internet e a liberdade de expressão. Revista Direitos
Emergentes na Sociedade Global, 1(1). https://doi.org/10.5902/231630545955
Guillermo Jiménez, W., y Meneses Quintana, O. (2023). Libertad de expresión en
internet y redes sociales vs. Derechos a la intimidad y el buen nombre.
Prevalencia, colisión y ponderación en el Derecho constitucional (1992-2019).
Revista Derecho del Estado, 56, 275–304.
https://doi.org/10.18601/01229893.n56.10
Hryhorii, B., Andriy, M., y Serhii, F. (2021). Some Issues of Constitutional Justice in
Ukraine. Access to Justice in Eastern Europe, 4(2), 128–145.
https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.2-n000064
Isakov, I. N. (2023). New technologies in law as a highly effective means of
implementing the constitutional principle of equality in conditions of multi-level
legal regulation. RUDN Journal of Law, 27(4), 919–938.
https://doi.org/10.22363/2313-2337-2023-27-4-919-938
Kalenzi, C. (2022). Artificial Intelligence and Blockchain: How Should Emerging
Technologies Be Governed? Frontiers in Research Metrics and Analytics, 7.
https://doi.org/10.3389/frma.2022.801549
Kang, J., Jerry Kang, by, Professor, A., Abel, R., Aoki, K., Bainbridge, S., Bergman,
P., Biegel, S., Blasi, G., Bussel, D., Caminker, E., Carlson, A., Chon, M., Fallon,
R., Fisk, C., Freeman, J., Heverly, R., Huang, P., Karst, K., … Yen, F. (1998).
Stanford Law Review Information Privacy in Cyberspace Transactions
Information Privacy in Cyberspace Transactions. Source: Stanford Law Review,
112
50(4), 1193–1294.
Khamdamova, F. (2021). THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON HUMAN
RIGHTS. Tsul legal report, 2(1), 134–145.
https://doi.org/10.51788/tsul.lr.1.1./OHIL3931
Lăpădat, R. A. (2021). Constitutional Challenges in the Algorithmic Society (H.-W.
Micklitz, O. Pollicino, A. Reichman, A. Simoncini, G. Sartor, y G. De Gregorio
(eds.)). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108914857
Lin, E. (2002). Prioritizing Privacy: A Constitutional Response to the Internet.
Berkeley Technology Law Journal, 17(3), 1085–1154.
Milczarek, E. (2024). Pojęcie i systematyka konstytucjonalizmu cyfrowego. Przegląd
Prawa Konstytucyjnego, 77(1), 195–208.
https://doi.org/10.15804/ppk.2024.01.14
Oginni, S. O., y Moitui, J. N. (2015). Social Media and Public Policy Process in Africa:
Enhanced Policy Process in Digital Age. Consilience, 14(14), 158–172.
http://www.jstor.org/stable/26188747
Pollicino, O., y De Gregorio, G. (2021). Constitutional Law in the Algorithmic Society.
En Constitutional Challenges in the Algorithmic Society (pp. 3–24). Cambridge
University Press. https://doi.org/10.1017/9781108914857.002
Roos, A. (2008). Personal Data Protection in New Zealand: Lessons for South Africa?
Potchefstroom Electronic Law Journal, 11(4), 61–108.
https://doi.org/10.17159/1727-3781/2008/v11i4a2786
Sánchez Acevedo, M. E. (2022). La inteligencia artificial en el sector público y su
límite respecto de los derechos fundamentals. Estudios constitucionales, 20(2),
257–284. https://doi.org/10.4067/S0718-52002022000200257
Saputra, R., M Zaid, M. Z., y Emovwodo, S. O. (2022). The Court Online Content
Moderation: A Constitutional Framework. Journal of Human Rights, Culture
and Legal System, 2(3), 139–148. https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.54
Siagian, R., Leonard Siahaan, y Muhammad Ichwan Hamzah. (2023). Human Rights
in The Digital Era: Online Privacy, Freedom Of Speech, and Personal Data
Protection. JOURNAL OF DIGITAL LEARNING AND DISTANCE EDUCATION,
2(4), 513–523. https://doi.org/10.56778/jdlde.v2i4.149
Strauss, P. L. (2021). How the Administrative State Got to This Challenging Place.
Daedalus, 150(3), 17–32. https://doi.org/10.1162/daed_a_01857
113
Sundquist, C. P. (2021). Technology and the (Re)Construction of Law. Journal of
Legal Education, 70(2–3), 402–412.
https://scholarship.law.pitt.edu/fac_articles/557%0AThis
Teruel Lozano, G. M. (2019). Fundamental rights in the digital society: towards a
constitution for the cyberspace? Revista chilena de derecho, 46(1), 301–315.
https://doi.org/10.4067/S0718-34372019000100301
Van der Linde, D. C. (2022). Once, Twice, Three Times Delayed: Considering A
Permanent Stay of Prosecution in Rodrigues v The National Director of Public
Prosecutions. Potchefstroom Electronic Law Journal, 25(25).
https://doi.org/10.17159/1727-3781/2022/v25i0a13096
Voronyuk, E. P. (2019). Public services and digital technologies: legal registration in
constitutional law. Actual Problems of Russian Law, 4, 27–33.
https://doi.org/10.17803/1994-1471.2019.101.4.027-033
Yeung, K. (2023). Dispelling the Digital Enchantment: how can we move beyond its
destructive influence and reclaim our right to an open future? Prometheus,
39(1), 8–27. https://doi.org/10.13169/prometheus.39.1.0008
