Principio de irretroactividad y el
derecho a la seguridad jurídica dentro
de los procesos de régimen semiabierto
Irretroactivity principle and the right to
legal certainty within semi-open regime
processes

Jennifer Liseth Gonzaga Moncayo

Estudiante de la Universidad Tecnológica Indoamérica
facultad de jurisprudencia
lisethgonzaga1995@gmail.com

https://orcid.org/0009-0005-7737-0979

Luis Andrés Chimborazo Castillo

Abogado de los Tribunales de la República del Ecuador

Doctorando en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica
de Buenos Aires

Docente titular de la Universidad Indoamérica

luischimborazo@uti.edu.ec

https://orcid.org/0000-0003-1850-4074

Resumen

Dentro de uno de los beneficios penitenciarios que
contempla el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se regula
al régimen semiabierto, el cual es una modalidad a través de

la cual las personas privadas de la libertad pueden continuar
cumpliendo su pena desde afuera del centro de

rehabilitación, esto gracias al cumplimiento de algunos
requisitos, lo cual implica que al ser una figura legal debe

estar  aplicada  en  función  de  lo  determinado  por  la
normativa  vigente;  sin  embargo,  aun en  la  práctica  existen
procesos  en  donde  no  se  toma  en  cuenta  el  principio  de

irretroactividad lo que provoca una vulneración conexa a la

seguridad jurídica. Por lo que, dentro de esta investigación
el objetivo general es analizar el principio de
irretroactividad y el derecho a la seguridad jurídica dentro

de los procesos de régimen semiabierto. Para el efecto, se

Imaginario Social

Entidad editora

REDICME (reg-red-18-0061)

e-ISSN: 2737-6362
julio- diciembre Vol. 7-3-2024

http://revista-
imaginariosocial.com/index.php/es/index

Recepción: 20 de marzo de 2024

Aceptación: 25 de mayo de 2024

54-72

empleó una metodología con enfoque cualitativo, bajo el empleo de un método

dogmático y exegético de la investigación a fin de revisar la teoría y lo que determina
la norma respecto del tema de investigación. Para llegar a concluir que, cuando los

operadores de justicia no respetan el procedimiento legal vigente dentro de un
régimen semiabierto, vulneran el principio de irretroactividad y seguridad jurídica.

Palabras clave: Irretroactividad, Seguridad jurídica, Régimen semiabierto, Derecho
a la seguridad, Derechos individuales

Abstract

Within one of the penitentiary benefits contemplated by the Ecuadorian legal system,

the  semi-open  regime  is  regulated,  which  is  a  modality  through  which  people
deprived  of  their  liberty  can  continue  serving  their  sentence  from  outside  the
rehabilitation  center,  this  thanks  to  compliance  with  some  requirements,  which
implies  that  since  it  is  a  legal  figure,  it  must  be  applied  according  to  what  is

determined  by  current  regulations;  However,  even  in  practice  there  are  processes
where  the  principle  of  non-retroactivity  is  not  taken  into  account,  which  causes  a
violation  related  to  legal  certainty.  Therefore,  within  this  research  the  general
objective  is  to  analyze  the  principle  of  non-retroactivity  and  the  right  to  legal

certainty within semi-open regime processes. For this purpose, a methodology with a

qualitative  approach  was  used, using a  dogmatic  and  exegetical  research  method  in
order  to  review  the  theory  and  what  determines  the  norm  regarding  the  research
topic.  To  conclude  that,  when  justice  operators  do  not  respect  the  current  legal

procedure within a semi-open regime, they violate the principle of non-retroactivity
and legal certainty.

Keywords: Non-Retroactivity, Legal security, Semi-open regime, Right to security,
Individual rights.

Introducción

El presente artículo se sumerge en analizar la relación existente entre del principio de

irretroactividad y el derecho a la seguridad jurídica dentro de los procesos
penitenciarios para acogerse al régimen semiabierto. Este tema cobra especial

relevancia en el ámbito legal y penitenciario, ya que aborda cuestiones fundamentales
relacionadas con la aplicación de leyes penales, la protección de derechos

individuales y la búsqueda de un equilibrio justo en el marco del régimen

semiabierto.

En primera instancia, el principio de irretroactividad, visto como una piedra angular

del ordenamiento jurídico, prohíbe la aplicación retroactiva de normas, más aún
cuando esta regresión perjudica o agrava la situación jurídica de una persona, lo que,

garantiza la seguridad jurídica, en tanto, las personas saben y tienen la certeza y
estabilidad del procedimiento a seguir en la aplicación de determinada figura. En el
contexto específico de los procesos de régimen semiabierto, la irretroactividad toma

una relevancia singular, ya que su aplicación impacta directamente en la

determinación de penas, las revisiones de casos y las decisiones judiciales que afectan
a individuos inmersos en este régimen penitenciario particular.

La evolución histórica de este principio es crucial para comprender su aplicación y
alcance en los procesos de régimen semiabierto actuales. Por otra parte, la seguridad

jurídica se relaciona con la certidumbre y la capacidad de prever que deben poseer las
leyes y regulaciones para asegurar que las personas puedan planificar sus asuntos de
manera informada y confiable. Es así entonces que, si se fusionan estos dos principios
se tiene que dentro del marco jurídico ecuatoriano la norma determina en función de

la seguridad jurídica, que, no habrá regresión de normas jurídicas, peor aún si estas

serán más gravosas para el individuo.

Así las cosas, el régimen semiabierto, como una modalidad penitenciaria, lo que
busca es que se cumpla con una rehabilitación social efectiva, que la justicia

restaurativa que presenta no solo la carta constitucional sino también el Código

Orgánico Integral Penal (2023) se materialice en función de llegar al tan anhelado
buen vivir. La esencia del ordenamiento jurídico ecuatoriano es el Sumak Kawsay,

que no es otra cosa que, la armonía que debe existir entre el hombre y la naturaleza,
la convivencia pacífica en respeto de los derechos de cada uno de los que conforman
la Pacha Mama.

En ese sentido, esta figura penitenciaria plantea desafíos particulares en relación con

el principio de irretroactividad y el derecho a la seguridad jurídica. Esta modalidad
busca una transición progresiva del privado de la libertad hacia su reinserción social.
No obstante, la aplicación retroactiva de normativas que regulan este régimen podría

afectar la seguridad jurídica de quienes están inmersos en este proceso, lo cual genera

incertidumbre sobre las reglas que regirán su situación penitenciaria.

La relación entre el principio de no retroactividad y el régimen semiabierto se refleja

en la dinámica práctica de los procedimientos judiciales. La manera en que se
determinan las penas, se revisan los casos y se emiten decisiones judiciales se ve

directamente influenciada por la interacción entre estos elementos. Los profesionales
del derecho y los participantes del sistema penitenciario se encuentran ante el desafío
de aplicar de manera consistente estos principios, teniendo en cuenta las

particularidades de cada caso. La aplicación adecuada del principio de no

retroactividad  emerge  como  un  factor  crucial  para  asegurar  la  estabilidad  y
coherencia  del  sistema  legal,  especialmente  en  el  contexto  del  régimen  semiabierto.
Por  lo  que,  indiscutiblemente  este  principio  de  ve  transgredido  por  una  indebida
interpretación o aplicación de la norma.

Es por esto que, la investigación enfoca su estudio en analizar la manera en como la
ejecución del régimen semiabierto puede afectar a los principios de irretroactividad y
de seguridad jurídica cuando en la práctica no se respeta el procedimiento y se aplica
con carácter retroactivo. Esto en función del análisis de la sentencia N. 3393-17-

EP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador, en donde se interpreta la normativa y

en efecto se evidencia una vulneración a los principios referidos en líneas anteriores.

Desarrollo

Fundamentos del Principio de Irretroactividad

El principio de no retroactividad, que establece que las leyes no deben tener efecto

sobre situaciones pasadas, tiene una sólida base en la evolución histórica del
pensamiento jurídico. Para Gómez (2018) quien cita a Hans Kelsen "La
irretroactividad de la ley es una garantía indispensable de la seguridad jurídica y de la

estabilidad de las situaciones consolidadas” (p. 78). Esta enseñanza tiene sus raíces
en la antigua Roma, donde el principio fundamental sostenía que la ley carece de

aplicabilidad retroactiva, preservando así los derechos ya obtenidos.

La idea de que las leyes no deben aplicarse retroactivamente ha recibido respaldo en

diversas corrientes filosóficas y legales a lo largo del transcurso histórico. Así, para
Vargas (2019) “la aplicación retroactiva de las leyes socavaría la seguridad jurídica, lo

cual pone en riesgo la integridad del orden legal. Subrayó la importancia de la

estabilidad en las leyes para garantizar la confianza en el sistema legal” (p. 32). La
relevancia de prevenir la retroactividad de las leyes radica en la noción de hacer que

estas normas sean aplicables solo a eventos que hayan tenido lugar después de su
promulgación.

Al  inquietarse  por  los  potenciales  abusos  de  poder  vinculados  a  esta  conducta,
comúnmente  se  aboga  por  salvaguardar  a  los  individuos  de  acciones  legales  que
puedan  impactarlos  por  hechos  pasados  que,  en  el  momento  de  su  ocurrencia,  no

estaban prohibidos por la ley. Esto concuerda con la defensa general de la libertad y

la resistencia a la intervención gubernamental injustificada en el ámbito individual.

En ese sentido, para Ferrer (2019) quien menciono su inquietud acerca de los
posibles abusos de poder derivados de la aplicación retrospectiva de las leyes. Destaca
que:

Es  necesario  restringir  a  la  autoridad  gubernamental  y  salvaguardar  las
libertades individuales  al  limitar  la  retroactividad  legal.  Porque  durante
la Edad Media, pensadores como Santo Tomás de Aquino abogaron por
la  estabilidad  legal  y  la  protección  de  los  derechos  previamente

adquiridos. Esta perspectiva influyó en la incorporación del principio de
irretroactividad en códigos y constituciones posteriores (p. 22).

La norma constitucional y legal de un Estado es creada precisamente para frenar el
poder de las autoridades, para evitar que toda la libertad concedida a través de una

constitución dañe al pueblo, cegando a sus mandantes de poder y dejando a su libre

albedrío el futuro de la patria. Es por esta razón que, entre otros se contempla a la
irretroactividad más que como un derecho, como una garantía para el ciudadano, de

saber que, siempre existe una norma vigente que será la indicada y competente para
determinado asunto.

De igual forma, Para Coke, "La ley no castigará ni privará a una persona de sus

derechos, a menos que la ley lo haya declarado expresamente. Esta perspectiva

fortaleció la noción de que las leyes no deben operar retrospectivamente” (1628, p.
132). Al expresar que la ley no debería imponer castigos ni privar a alguien de sus

derechos a menos que se establezca de manera explícita, Coke destaca la importancia

de tener disposiciones legales claras y bien definidas.

Esta posición refuerza la idea de que las leyes no deben tener efecto retroactivo para

preservar los derechos ya reconocidos. La cita refleja una comprensión arraigada en
la justicia y la seguridad jurídica, al enfatizar que las leyes deben ser previsibles y no

pueden modificar retrospectivamente la posición legal de las personas. La obra de
Coke desempeñó un papel significativo en la consolidación de estos principios legales
fundamentales, los cuales siguen siendo cruciales en la interpretación y aplicación del

derecho en la actualidad.

Ahora bien, siguiendo con esa línea conductora, para Fuller (2018) dentro de su
análisis a la teoría legal contemporánea, menciona que “Su enfoque se alinea con la
importancia de la seguridad jurídica, que destaca la retroactividad de la integridad
del sistema legal al exponer a las personas a consecuencias imprevisibles, (p. 51). La

visión de este autor resalta la imperiosa necesidad de contar con leyes que sean claras
y previsibles. Su hincapié en la seguridad jurídica subraya cómo la retroactividad
puede minar la integridad del sistema legal, exponiendo a las personas a
consecuencias impredecibles.

Ya  dentro  del  ámbito internacional  la  Declaración  Universal  de  Derechos Humanos
(1948)  establece  dentro  de  su  artículo  11,  lo  siguiente  "nadie  será  condenado  por
acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el
derecho  nacional  o  internacional"  (art.  11).  Sin  duda  se  observa  cómo  en  este

instrumento de derechos humanos se garantiza la vigencia de una norma para que la

misma pueda ser aplicada en algún caso en concreto.

De igual forma, dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

se  aborda  la  cuestión  de  la  irretroactividad  en  su  artículo  9.3.  “Este  documento
destaca  la  importancia  de  garantizar  el  respeto  a  los  derechos  fundamentales  y  la
protección  contra  la  aplicación  retroactiva  de  leyes  penales”  (art.  9.3.).  Es  así  que,

una vez, se observa que el bloque de constitucional regula la irretroactividad como un

principio que permite cumplir y garantizar otros, como la seguridad jurídica. Esto, en
el caso de Ecuador se encuentra contemplado en el artículo 82 de la Constitución de
la República (2008). Postulado que se ve concretizado en el caso Villarroel Merino y
otros vs Ecuador. Por cuanto determina con entera claridad la relacion entre la no

retroactividad y la seguridad jurídica, toda vez que, al contener un texto jurídico la

prohibición de regresividad debe acatarse al tenor de dicha disposición (seguridad
jurídica).

La jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador juega un papel destacado al
interpretar las normas constitucionales en el país, razón por la cual, armoniza todo el

ordenamiento  jurídico  a  lo  prescrito  en  su  norma  suprema.  En  función  de  esto,  la
tarea  de  este  organismo  es realizar tanto  el  control  de  constitucionalidad  (de  forma
interna),  como  el  control  de  convencionalidad  (que  busca  adecuar  la  normativa

interna en función de lo que estipulan los instrumentos internacionales de derechos

humanos). Todo esto con el fin de, garantizar los derechos constitucionales (Corte
Constitucional del Ecuador, Sentencia N.3393-17-EP/21).

Sin embargo; y, a pesar de todo este procedimiento contemplado en Ecuador, dentro
de la práctica jurídica aún se vulneran principios y derechos constitucionales por

parte de funcionarios del Estado, lo cual perjudica de sobre manera los derechos de
los  justiciables,  e  incluso  acarrea  responsabilidad  estatal  dentro  del  plano
internacional.  Por  más  que  la  irretroactividad  se  contemple  en  un  Estado
democrático  o  de  derechos  y  justicia  social,  la  práctica  aún  mantiene  carencias  y

deficiencias en cuanto a su aplicación.

Alcance de la Irretroactividad en Ecuador

La irretroactividad es un principio de carácter constitucional que ha sido reconocido
desde el ámbito internacional, hasta el ordenamiento de varios Estados de derechos,

entre estos, Ecuador. En donde su alcance ha sido supeditado a la norma suprema del

Estado y no existe norma o texto legal que pueda dejarlo de lado. Esto, como una
garantía a los derechos constitucionales de cada uno de los individuos del territorio

ecuatoriano.

La irretroactividad busca otorgar una estabilidad jurídica en los individuos que
activan la administración de justicia. En ese orden de ideas, Olmedo (2019)

determina que “la irretroactividad desempeña un papel esencial en este proceso, al

evitar cambios repentinos en las normativas que podrían afectar la ejecución de
penas en el régimen semiabierto” (p.22). es decir, cuando se activa la justicia para
solicitar un beneficio penitenciario, como lo es el régimen semiabierto, las personas

reúnen ciertos requisitos legales que les permiten presentarse ante un juez

penitenciario para que otorgue este beneficio. Los privados de la libertad van seguros
de que, si cumplen con estos requisitos, el juzgador debe otorgar dicho beneficio.

Asimismo, la Corte Constitucional del Ecuador, aborda cuestiones relacionadas con la
irretroactividad y su aplicación específica en el ámbito penal. Así dentro de la

Sentencia N. 3393-17-EP/2017, la Corte Constitucional subrayó la importancia de
resguardar los derechos fundamentales de los reclusos al tener en cuenta el principio
de no retroactividad en el marco de modificaciones legislativas. Dentro de esta

decisión, la Corte Constitucional de Ecuador establece que, de acuerdo con

precedentes judiciales anteriores, un auto definitivo concluye el proceso al resolver el
fondo con autoridad de cosa juzgada material, o impide la continuación del juicio.

En esta situación, el auto objeto de impugnación no marcó el cierre del proceso penal
ni obstaculizó su continuación, dado que el proceso concluyó con una sentencia de

casación en 2009. No obstante, la Corte admite que, de confirmarse las afirmaciones
del  demandante,  el  auto  podría  causar  un  daño  irreversible.  La  parte  demandante
sostiene  que  el  tribunal  no  aplicó  correctamente  el  principio  de  favorabilidad  al
rechazar  la  prescripción  de  la  pena,  argumentando  que  no  tuvo  en  cuenta  que  el

Código Penal proporcionaba una regulación más beneficiosa que la Ley de Sustancias

Estupefacientes y Psicotrópicas.

Además, de acuerdo con Murillo (2021) sostiene que:

el cálculo del plazo de prescripción debería haber tenido en cuenta el

tiempo que pasó detenido preventivamente. Ante estas alegaciones, la

Corte Constitucional del Ecuador opta por examinar las posibles
violaciones al derecho al debido proceso, especialmente en lo referente al

principio de favorabilidad, conjuntamente con la garantía de motivación
y el derecho a la tutela judicial efectiva. La exclusión de la revisión de
otras vulneraciones se circunscribe a normativas infra-constitucionales

(p. 19).

Es así entonces que, dentro del caso analizado, las autoridades judiciales no tomaron
en cuenta lo que la normativa vigente en el momento de la solicitud del régimen
semiabierto contemplaba, sino que, de acuerdo a una interpretación mecanista,

simplemente tomo una decisión atentatoria de derechos humanos. El examen

constitucional se enfoca en la presunta violación del derecho al debido proceso, junto
con el principio de favorabilidad, el derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía

de motivación, en el marco de la denegación de la prescripción de la pena.

Se indica que la Constitución reconoce el derecho al acceso gratuito a la justicia y la

tutela  efectiva,  resaltando  que  el  incumplimiento  de  las  resoluciones  judiciales  será
castigado  por  la  ley.  En  el  ámbito  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  la  Corte
Constitucional  identifica  tres  elementos,  en  primera  instancia  está  el  acceso  a  la

administración de justicia, un debido proceso judicial y la ejecutoriedad de la

decisión.  El  artículo  76  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador  (2008)
“establece  el  principio  de  favorabilidad  y  la  motivación  como  garantías
fundamentales  del  debido  proceso”  (art.  76).  La  garantía  de  motivación  requiere  la
especificación  de  las  normas  en  las  que  se  basa  la  decisión  y  la  explicación  de  su

relevancia en relación con los antecedentes de hecho.

Así, para la Corte Constitucional en el caso in examine “determina que el derecho al
debido proceso y sus garantías aplican a todos los individuos, especialmente en
procesos penales que involucran restricciones a la libertad personal” (Sentencia N.

3393-17-EP/2017). Examina la supuesta omisión en la aplicación del principio de

favorabilidad, focalizándose en la denegación de la prescripción de la pena, señalando
una posible falta de motivación debida a la carencia de coherencia argumentativa.

En cuanto al principio de favorabilidad, la Corte resalta su relevancia como una

garantía fundamental del debido proceso. Se subraya que la favorabilidad implica la

aplicación de la norma con una sanción menos severa o aquella que despenaliza una
conducta, incluso si es posterior a la infracción, con la excepción del principio general

de no retroactividad de la ley penal. Se destaca la interpretación pro persona y la
relación del principio de favorabilidad con aspectos procesales y de ejecución.

En la situación particular, el demandante alega que se infringió el principio de

favorabilidad al aplicar la normativa menos beneficiosa para su caso. La Corte

reconoce  la  importancia  de  interpretar  las  normas  constitucionales  de  manera  que
maximice  los  derechos  de  la  persona,  y  resalta  la  aplicabilidad  del  principio  de
favorabilidad  en  diversos  ámbitos,  abarcando  también  aspectos  procesales  y  de
ejecución.

En la situación presente, la corte demandada argumenta que la orden apelada aplicó

la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas debido a su especialidad, sin
considerar la aplicación del Código Penal (derogado). Alega que se tuvo en cuenta el

principio de favorabilidad al abordar la petición del demandante y se examinó la
solicitud en función del Código Orgánico Integral Penal (2023), promulgado después

de los eventos que dieron origen al proceso penal.

El tribunal basa su resolución en la especialidad de la ley utilizada, aunque la Corte
observa que el método de resolver conflictos normativos empleado estaba previsto en

el Código Penal (derogado) en vigor durante el período de los hechos. Tanto el Código

Penal (derogado) como el Código de Procedimiento Penal (derogado) de esa época
incorporan los principios de legalidad, no retroactividad de la ley penal desfavorable
y favorabilidad. A pesar de la existencia de estas disposiciones legales, al abordar la
solicitud de prescripción de la pena, el tribunal no llevó a cabo un análisis detallado y

fundado que comparara las normativas aplicables.

La Corte Constitucional determina que el tribunal no aseguró el ejercicio del derecho
a la tutela judicial efectiva ni aplicó el principio de favorabilidad al pronunciarse
acerca de la prescripción de la pena. Asimismo, no ofreció una respuesta concreta a la

solicitud del demandante en relación con la aplicabilidad del artículo 107 del Código

Penal (derogado), lo que constituye una violación al derecho a una justificación
adecuada.

En virtud de lo expuesto, la Corte determina que se vulneraron el derecho a la tutela

judicial efectiva, la aplicación del principio de favorabilidad y la garantía de

motivación, de acuerdo con los artículos 75 y 76 numerales 5 y 7 literal l) de la
Constitución de la República del Ecuador (2008). Como medida de restitución, se

ordena  retrotraer  el  proceso  al  momento  anterior  a  la  vulneración  de  derechos
constitucionales  para  que  el  tribunal  de  justicia  ordinaria  competente  examine  la
solicitud del accionante, y garantice los derechos mencionados.

En resumen, la Corte Constitucional decide admitir la acción extraordinaria de

protección No. 3393-17-EP y determina que el Tribunal de Garantías Penales ubicado
en el cantón Quito infringió los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso, así como las garantías del principio de favorabilidad y de motivación. Estos
derechos están reconocidos en los artículos 75 y 76, numerales 5 y 7, literal l) de la

Constitución, en detrimento de Santiago Bienvenido Murillo Mendoza.al respecto la

Corte dentro de la sentencia N. 3393-17-EP/21 determina lo siguiente:

Si bien en el presente caso no existía un conflicto de aplicación de la ley

penal relacionado con la vigencia en el tiempo de las distintas
disposiciones aplicables, tanto la disposición del artículo 2 del Código

Penal, como la del artículo 76 numeral 5 de la Constitución se
encontraban vigentes. En ese sentido, frente a la solicitud de declaración
de prescripción de la pena realizada por el ahora accionante, en la cual

expresamente solicitó que se considere la aplicación del artículo 107 del

Código Penal en virtud del principio de favorabilidad, el tribunal debió, al
menos, examinar la solicitud a la luz del contenido del artículo 76
numeral 5 de la Constitución. Dicho análisis no necesariamente implica
que la solicitud del accionante deba ser acogida, pero sí que el tribunal

confronte  el  contenido  de  las  distintas  normas  jurídicas  aplicables  y
exponga  una  justificación  razonada  respecto  a  cuál  de  ellas  resulta  más
beneficiosa  para  la  persona  procesada  o  sentenciada  que  realiza  la
solicitud. Así, la aplicación de una disposición en lugar de otra debe ser el

resultado de un examen minucioso y fundamentado en el que se

comparen los requisitos y consecuencias para el sujeto en particular de
cada una de las normas (22 de septiembre de 2021, p. 15).

De la misma manera, Jácome (2020) determina que la Convención Americana sobre

Derechos Humanos interpreta y define al principio de irretroactividad, como es el
caso VILLARROEL MERINO Y OTROS VS. ECUADOR, en donde el autor manifiesta:

Se observa cómo la jurisprudencia internacional influye en las

interpretaciones nacionales de la irretroactividad. Este caso, que
involucra aspectos de la pena y el tratamiento penitenciario, proporciona
valiosas orientaciones para entender cómo se aplica este principio en el
contexto específico del régimen semiabierto en Ecuador (p. 15).

En este sentido, la irretroactividad no solo se presenta como una salvaguarda para la
estabilidad jurídica, sino también como una herramienta crucial para asegurar la
coherencia y la justicia en el sistema penitenciario ecuatoriano, especialmente en el
marco del régimen.

La irretroactividad como una arista de la seguridad jurídica

Para lograr una existencia digna en la sociedad, las personas necesitan seguridad en

diversas áreas. En el ámbito jurídico, corresponde al Estado asegurar esta seguridad,

ya que su cumplimiento implica la minimización de riesgos de perder los derechos
que la sociedad busca resguardar. Así, la Corte Constitucional del Ecuador señala:

La seguridad constituye un conjunto de condiciones, de medios y

procedimientos jurídicos eficaces, que permiten desarrollar la
personalidad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos sin

miedos, incertidumbres, amenaza, daños o riesgos, lo cual crea un

ambiente de previsibilidad, no solo sobre el comportamiento ajeno, sino
del  comportamiento  propio,  y  provoca  protección  frente  a  la
arbitrariedad  y  a  la  vulneración  del  orden  jurídico,  provocadas  no  solo
por  el  Estado,  sino  también  por  particulares  (Sentencia  Nro.  020-10-

SEP-CC, p. 25).

Según  el  criterio  de  la  Corte,  la  seguridad  jurídica  es  un  derecho  fundamental  que
surge  de  diversas  condiciones  y  que  posibilita  que  las  personas  logren  certeza  y
predictibilidad  en  cuanto  a  la  aplicación  de  normativas  previas.  El  propósito

inmediato de este derecho es mantener el orden y la paz, tanto a nivel social como

individual. A su vez, de manera indirecta, contribuye al desarrollo de los individuos al
garantizarles la protección adecuada por parte del Estado y facilitar una respuesta
organizada frente a conductas infractoras.

Con el objetivo de asegurar la seguridad jurídica de los ciudadanos, los Estados que

basan su estructura en el reconocimiento de los derechos individuales tienen la
responsabilidad fundamental de dirigir el conjunto de normativas que los gobierna.
Esto se realiza con la finalidad de que la configuración de estas normas esté orientada

por principios constitucionales, incluido el principio de jerarquía normativa. Este
último implica la aplicación de la norma de mayor rango en casos de contradicción o
modificación por parte de una disposición de menor jerarquía.

De acuerdo con el régimen constitucional de Ecuador, concebido como un Estado de

derechos y justicia, los órganos de la administración pública, en consonancia con el
principio de seguridad jurídica, tienen la obligación de observar el principio de
jerarquía de las normas. Esto implica aplicarlas siguiendo el orden jerárquico

constitucional cuando se presente contradicción en situaciones específicas de su

actuación. Así lo refiere Luna (2019), cuando sostiene que este derecho:

[…] busca fundamentalmente proporcionar a los consorciados, en el

aspecto objetivo, seguridad jurídica o estable y precisa fijeza del régimen
que determina el alcance de las situaciones que les afectan y, en el

aspecto subjetivo, certeza sobre la juridicidad y predictibilidad en orden a
las consecuencias que las normas conectan a la actuación de cada sujeto,
ya que sin la implantación de ambas no podría alcanzarse el

mejoramiento o perfeccionamiento social a que debe dar lugar el valor de

la justicia (p. 32).

Es decir, la seguridad jurídica tiene dos dimensiones, la primera, un aspecto objetivo
que determina el alcance de la norma; y, un aspecto subjetivo, el cual genera la
certeza en la población de las consecuencias de la norma y su predictibilidad. En

relación  la  irretroactividad,  la  seguridad  jurídica  es  aquel  cimento  que  permite  que
las  leyes  no  retrocedan  y  no  se  aplique  una  norma  que  no  se  encuentre  vigente  al
momento de aplicarla.

En el ámbito jurídico, la irretroactividad emerge como un componente esencial de la

seguridad  jurídica.  Este  principio  establece  que  las  normativas  legales  no  deben
aplicarse  retrospectivamente,  es  decir,  no  pueden  afectar  situaciones  o  acciones
ocurridas  antes  de  su  entrada  en  vigor.  La  irretroactividad  desempeña  un  papel
crucial para mantener la estabilidad y previsibilidad en el orden jurídico. Asegura que

las personas tengan certeza acerca de las consecuencias legales de sus acciones en el

momento en que las llevan a cabo, evitando sorpresas desfavorables derivadas de
cambios legislativos con efectos retroactivos.

Este principio está estrechamente relacionado con la protección de derechos
adquiridos y la seguridad en las relaciones jurídicas, ya que las personas confían en
que las reglas existentes al momento de sus acciones serán aplicadas. Además, la

irretroactividad contribuye a preservar la integridad del sistema legal, al prevenir la

manipulación  de  leyes  con  efectos  retroactivos  para  influir  en  situaciones  ya
consolidadas.  En  resumen,  la  irretroactividad  se  consolida  como  un  pilar
fundamental  de  la  seguridad  jurídica  al  proporcionar  estabilidad,  previsibilidad  y

protección de derechos en el desarrollo de relaciones y actos bajo la jurisdicción de la

ley.

El régimen semiabierto en el sistema penal ecuatoriano

Dentro de este punto, Smith (2018) aborda de manera detallada el concepto de
régimen semiabierto en el ámbito del derecho penal comparado “destaca la

importancia  de  proporcionar  a  los  condenados  oportunidades  progresivas  de
reintegración  a  la  sociedad”  (p.  58).    Un  enfoque  se  centra  en  analizar  las
consecuencias  legales  y  sociales  de  este  sistema,  aportando  al  debate  sobre  la

efectividad de las estrategias de rehabilitación.

En ese mismo sentido, es importante manifestar lo que Rodríguez (2017) sostiene
respecto de este beneficio penitenciario. El autor menciona que “se profundiza en la
legislación ecuatoriana que regula el régimen semiabierto, analiza los principios y

procedimientos específicos que la sustentan” (p. 153). Se resalta la importancia de

encontrar un equilibrio entre la imposición de sanciones y la oferta de auténticas
oportunidades de rehabilitación, subrayando la relevancia de este enfoque dentro del
sistema penal de Ecuador.

El régimen semiabierto es aquel en el cual una persona condenada que se encuentra

bajo  un  régimen  cerrado  tiene  la  posibilidad  de  obtener  libertad  bajo  condiciones
establecidas  por  la  ley.  Esta  modalidad  permite  al  condenado  cumplir  con  los
requisitos del sistema progresivo fuera del Centro de Rehabilitación Social. Conforme
al  COIP  (2023),  el  recluso  tiene  la  obligación  de  llevar  a  cabo  actividades  que

aseguren su reintegración en la sociedad, abarcando aspectos familiares, laborales,

sociales y comunitarios. Para ser elegible a este beneficio, la persona privada de
libertad deberá demostrar haber cumplido al menos el 60% de la pena impuesta.

El  Reglamento  del  Sistema  Nacional  de  Rehabilitación  Social  (2017)  acota  sobre  el
régimen  semiabierto  “Este  régimen  permite  a  la  persona  sentenciada  desarrollar
actividades  fuera  del  centro  de  rehabilitación,  durante  el  cumplimiento  de  la  pena”

(p.17). En otras palabras, el individuo condenado que se beneficia de este régimen

está obligado a realizar una serie de actividades durante el 40% restante de su
condena para asegurar su reintegración social. Esta reintegración se evalúa a través
del órgano técnico; y, además, el beneficiario debe presentarse en el Centro de

Rehabilitación Social más cercano a su domicilio cada 15 días o semanalmente, según

lo determine el juez o jueza durante la audiencia de régimen semiabierto.

Para ser elegible para este régimen, además de cumplir con el 60% de su condena

dentro del centro penitenciario, la persona privada de libertad debe haber
demostrado un buen comportamiento durante su tiempo en el centro de reclusión.

Esto  implica  no  haber  cometido  faltas  graves,  haber  mantenido  una  convivencia
positiva  con  otros  reclusos  y  mostrar  interés  en  la  rehabilitación  a  través  de  la
participación  en  cursos,  talleres  y  actividades  laborales.  Estos  criterios  para  Díaz

(2022) “serán evaluados primero por el equipo técnico del Centro de Rehabilitación

Social (CRS), luego por el Comité Técnico de Beneficios Penitenciarios, Indultos y
Repatriaciones con sede en Quito, y finalmente por el juez o jueza correspondiente”
(p. 24).

El plan personalizado para el cumplimiento de la pena se fundamenta en el proceso

de reinserción social que el recluso ha experimentado durante su tiempo en el Centro
de  Rehabilitación  Social  (CRS).  Este  plan  implica  la  implementación  de  acciones
específicas  diseñadas  para  ayudar  a  la  persona  a  superar  exclusiones  y  deficiencias
que  pueda  tener  y  que  hayan  influido  en  la  comisión  de  un  delito,  según  Lozano

(2017) “El objetivo principal del plan individualizado de tratamiento es de desarrollar

personal y socialmente al privado de libertad con el fin de reinsertarlo a la sociedad
como una persona de bien” (p.36).

La ejecución del plan personalizado para el cumplimiento de la pena seguirá los

criterios establecidos en el artículo 59 del Reglamento del Sistema Nacional de

Rehabilitación Social (2017), que establece:

1. Se evaluará la conducta dentro de esta, se encuentra la presentación

personal, higiene y aseo, orden y limpieza de la celda, colaboración en las
tareas asignadas,

2. Disciplina, cumplimiento de las normas reglamentarias, disposiciones,

derechos y obligaciones,

3. (…) Asistencia, actitud, cooperación y actividades programadas con su

respectiva participación, Relaciones interpersonales con sus compañeros de
celda, el respeto y la cooperación, el nivel de seguridad y cumplimiento de

los horarios, su comportamiento con visitas, servidores públicos y demás

personas que ingresen al centro (p.16-17).

Para llevar a cabo la implementación del plan individualizado de la pena, la persona

privada de libertad debe mostrar un comportamiento adecuado frente a todas las
personas que visiten el Centro de Rehabilitación Social (CRS), ya sean familiares,

autoridades,  compañeros  u  otros.  Además,  se  espera  que  mantenga  una  imagen
positiva  tanto  a  nivel  personal  como  en  su  celda,  mostrando  orden,  entre  otros
aspectos  relevantes.  Estos  criterios  son  evaluados  al  solicitar  el  cambio  de  régimen

cerrado a semiabierto y están alineados con los ejes de tratamiento del sistema de

rehabilitación social, los cuales se describen de manera resumida a continuación.

Discusión

La principal meta del sistema de rehabilitación social es fomentar el desarrollo de las
habilidades de las personas privadas de libertad desde el momento de su ingreso a un

Centro de Rehabilitación Social. Esto se logra a través del cumplimiento de los ejes de
rehabilitación  (laboral,  cultural,  productivo,  educativo),  con  el  propósito  de
garantizar  que,  al  recobrar  su  libertad,  cuenten  con  las  aptitudes  necesarias  para
desempeñar algún tipo de empleo y evitar la reincidencia delictiva.

A su vez, el artículo 698 del COIP (2023) establece al régimen semiabierto como un
beneficio penitenciario al cual cualquier persona privada de libertad puede acceder si
cumple con los requisitos determinados. No obstante, en ocasiones, esta condición no
se cumple, lo que se considera como una violación de los derechos de las personas

privadas de libertad.

Las garantías penitenciarias que, en la actualidad tienen acceso las personas privadas
de libertad son de gran relevancia y representan un acto de equidad tanto para ellos
como para sus familias. Esto se debe a que les permite reintegrarse a la sociedad

antes de cumplir íntegramente su condena en prisión, posibilitándoles participar en
actividades laborales para respaldar a sus seres queridos. Aunque la Constitución de

la República no incluye actualmente disposiciones específicas sobre beneficios
penitenciarios, se desarrolla en el texto penal. La implementación adecuada del

proceso de régimen semiabierto resulta ventajosa no solo para las personas privadas
de libertad, sino también para el Estado, ya que disminuye la congestión carcelaria y

reduce los costos de mantenimiento por cada recluso. Sin embargo, en numerosos

casos, estos criterios no se tienen en cuenta al denegar el beneficio penitenciario.

Es así como me se menciona que el régimen semiabierto es una figura contemplada

en la legislación ecuatoriana; sin embargo, dentro de la práctica judicial existen
algunas falencias en cuanto a su aplicación. Esto se debe a diversos factores como

negligencia, desconocimiento u omisión de la norma, existen errores que pueden ser
subsanados, pero, como ha sido el caso analizado, se debe analizar en primera
instancia la seguridad jurídica, así como también el principio de irretroactividad. Esto

con el fin de poder aceptar o negar un beneficio en función de la norma aplicable a

cada caso.

Conclusiones

Tras un análisis minucioso del artículo, se puede concluir que el Principio de
Irretroactividad juega un papel crucial en la salvaguarda de los derechos

fundamentales de las personas involucradas en procedimientos judiciales bajo el
régimen semiabierto. La evolución histórica de este principio y su aplicación
específica en este contexto resaltan su importancia en la preservación de la seguridad
jurídica. La estrecha relación entre este principio y el derecho a la seguridad jurídica

enfatiza la necesidad de mantener la estabilidad y previsibilidad en los procesos

judiciales, especialmente en un ámbito tan delicado como el régimen semiabierto.

La relación entre el Principio de Irretroactividad y el régimen semiabierto subraya la
necesidad de una aplicación práctica que sea sensible y adaptada al contexto. Se llega

a la conclusión de que los expertos en derecho y los participantes del sistema

penitenciario deben tener pleno conocimiento de las complejidades y matices de cada
caso, evitando interpretaciones automáticas que puedan perjudicar la búsqueda de
un equilibrio justo.

La irretroactividad en función de la seguridad jurídica es un pilar y un principio que
debe ser acatado sobre todo por los operadores de justicia para garantizar los

derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad. Es imperante que la
sentencia analizada dentro de la investigación sea difundida a nivel nacional para que

todos  los  jueces  penitenciarios  tengan  muy  en  cuenta  la  norma  aplicable al  caso  en
concreto  y  no  solo  eso,  sino  que,  deben  formar  un  criterio  uniforme  en  aras  de
garantizar la seguridad jurídica.

Referencias Bibliográficas

Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos

Humanos (10 de diciembre de 1948)

Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico Integral Penal. (R.O: 180, 29 de

marzo del 2023).

Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. (R.O:

449, 20 de octubre del 2008).

Coke, E. (1628). Institutes of the Lawes of England.

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Convención

Americana sobre derechos humanos (22 de noviembre de 1969).

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N. 001-09-EP/2010. (24 de noviembre

del 2010).

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N. 3393-17-EP/21 (22 de septiembre de

2021).

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 0035-09-SEP-CC. Ver también

sentencia Nro. 020-10-SEP-CC. (Registro Oficial Nro. 228 de 05 de julio del

2010).

Corte IDH. CASO VILLARROEL MERINO Y OTROS VS. ECUADOR. (24 de Agosto

del 2021).

Díaz, A. (2022). Fortalecimiento del régimen semiabierto: Propuestas de mejoras y

reformas legales para el sistema penitenciario ecuatoriano. Journal of Legal

Reform, 30(2).

Ferrer, J. (2019) Manual básico penitenciario. La Paz, Bolivia: Puerros S.A

Fuller, L. (2018). Enciclopedia Jurídica Omeba. México D.F.: Grupo Omeba

Gómez, A. (2018). Reinserción social en el sistema penal ecuatoriano. Editorial

Jurídica.

Jácome, P. (2020). La rehabilitación no rehabilitada. Quito, Ecuador: Polilibros.

Lozano, L. (2017). La rehabilitación social del siglo XXI. Latacunga, Ecuador: SMC

ediciones.

Luna, A. (2019). La seguridad jurídica y las verdades oficiales del derecho. ProQuest

Ebook Central,

http://ebookcentral.proquest.com/lib/uasbsp/

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Reglamento del Sistema

Nacional de Rehabilitación Social. (R.O: 695, de 20 de febrero del 2017).

Murillo, S. (2021) Políticas de las personas privadas de libertad. Quito, Ecuador:

Polilibros.

Olmedo, M. (2019) Los beneficios penitenciarios para los ppl del país. Latacunga,

Ecuador: MC. Books

Rodríguez, A. (2017). Legislación penitenciaria ecuatoriana: Marcos normativos

relevantes. Editorial Legislativa.

Smith, J. (2018). El concepto de régimen semiabierto en el derecho penal comparado.

International Journal of Penology, 34(2).

Soler, H. (2020). La pena privativa de libertad en La Paz. La Paz, Bolivia: Editec.

Vargas (2019). Sistema progresivo de rehabilitación social, una perspectiva al cambio.

EKOS REVISTA.