Eficacia del pago de pensiones
alimenticias frente al derecho a
una vida digna

Effectiveness of the payment of alimony in
relation to the right to a life with dignity

Jessy Ángela Escobar Martínez
Estudiante Universidad Indoamérica

jescobar9@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0009-0005-3622-6831

Alexandra Anabel Jaramillo León
Magister en Derecho, mención en Derecho Procesal,
Docente de la carrera de Derecho de la Universidad
Indoamérica

alexandrajaramillo@uti.edu.ec

https://orcid.org/0000-0002-7556-1166

Resumen

El derecho de alimentos es primordial para la existencia
humana, en base a ello el presente artículo se fundamenta

bajo la normativa ecuatoriana vigente enfocada en la eficacia

de la pensión de alimentos frente al derecho a una vida

digna, esto con el objetivo de buscar una visión objetiva en

relación a la pensión fijada ante las necesidades básicas del

niño, niña y adolescente prevaleciendo el principio del

interés superior

del derechohabiente, tomando en cuenta que el progenitor
en ocasiones no cumple con su obligación para que así el

menor goce de sus derechos como educación, salud,

vivienda, vestuario y seguridad, en relación a lo mencionado

los altos índices de desempleo hace que el alimentante en

ocasiones no cumpla a cabalidad y en el tiempo legal

designado con este estos haberes, convirtiéndose en una

Imaginario Social

Entidad editora
REDICME (reg-red-18-0061)

e-ISSN: 2737-6362
julio- diciembre Vol. 7-3-2024

http://revista-
imaginariosocial.com/index.php/es/inde

Recepción: 07 de agosto de 2023

Aceptación: 12 de octubre de 2023
238-259

239

limitación en el desarrollo óptimo e integral de los niños, niñas y adolescentes aunque
bajo una tabla de fijación de pensiones alimenticias el porcentaje a cancelar es mínimo

pero en ocasiones no se toma en cuenta las necesidades básicas del alimentario y

aunque existen casos en los que el deudor alimenticio no declara sus ingresos reales ya

que goza de trabajos independientes, es allí donde existe una vulneración hacia el

alimentante. Para la ejecución de la presente investigación se utilizó el método

documental, analítico y lógico para conocer el alcance de la ley y las posibles

afectaciones en el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias en relación a los
niños niñas y adolescentes.

Palabras clave: pensión alimenticia, vida digna, interés superior del niño.

Introducción

La alimentación es un derecho fundamental que se ampara bajo una normativa de

garantías de derechos y justicia social, ya que se basa en tres ejes imprescindibles

como: la existencia como punto referencial, supervivencia y la vida digna para las dos

partes. Ecuador posee una norma constitucional que se orienta a la protección de sus
habitantes convirtiéndose en uno de los deberes primordiales del Estado, el mismo que

garantiza la alimentación como derecho fundamental conforme lo establece la

Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo tercero y en

concordancia al derecho del buen vivir en el artículo treceavo donde manifiesta que:

“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente de

alimentos sanos, suficientes y nutritivos preferentemente de producción a nivel local y

que corresponda a sus diversas identidades y tradiciones culturales”.

Es fundamental tener en cuenta que la alimentación es un derecho que se relaciona con

la existencia, supervivencia y la vida digna de las personas, siendo esto de carácter

constitucional y que se encuentra protegido por la legislación ecuatoriana para su
cumplimiento en el artículo 66 inciso 2 de la Constitución de la República del Ecuador

en donde hace referencia al derecho a una vida digna y menciona que; “El derecho a

una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda,

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física,

vestido, seguridad y otros servicios sociales necesarios.”

240

Los niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de todos los derechos consagrados
tanto en los tratados internacionales, la Constitución y las leyes infra constitucionales

en relación al derecho a la alimentación siendo un derecho prioritario, el cual no puede

ser transgredido, y es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia quienes

deben promover el pleno ejercicio de este derecho sobre todo tomando en cuenta el

principio del interés superior del niño. Bajo estos articulados se analiza la eficacia del

pago de pensiones de alimentos, donde no se realiza un seguimiento continuo sobre la

calidad de vida del alimentante al igual que el alimentario. En ocasiones la pensión
percibida por el alimentante no subsana las necesidades básicas de vida, puesto que las

condiciones laborales por parte del alimentario no son aptas para mantener una vida

digna, lo cual llega a vulnerar el desarrollo integral del niño, niña o adolescente.

En palabras de Mera Gómez & Jaramillo León (2022) generan una reflexión de la

temática de la siguiente manera:

De esta forma, el propósito de las prestaciones alimenticias es

garantizar las necesidades básicas del alimentado, en cumplimiento a la

Constitución y demás instrumentos internacionales, que permiten que el

niño, niña o adolescente, puedan acceder a las necesidades básicas, que son

la alimentación, educación, vivienda, cuidado, vestimenta, recreación, entre

otros.

Al momento de fijar una pensión de alimentos mediante audiencia con el juez o jueza,

se refleja en el sistema único de pensiones alimenticias en donde se permite realizar

los pagos de los beneficiarios en derecho y con la supervisión del Consejo de la

judicatura, esto con la finalidad de precautelar el principio de economía procesal donde
no sean vulnerados los derechos tanto del alimentante como del alimentario ya que

actualmente la ley ha regulado sanciones preventivas para que los obligados

principales cumplan con su responsabilidad en relación al pago de las pensiones

alimenticias, es importante recalcar que los obligados subsidiarios no tienen este tipo

de sanciones privativas de libertad. En el Ecuador el pago de las pensiones alimenticias

fijadas para el alimentante, se establecen en el Art. 349 del Código Civil donde define

a quienes se debe proveer alimentos, en concordancia al art. 128 del Código de la Niñez

y Adolescencia en el que especifica a niños y adolescentes. El pago de las pensiones
alimenticias según lo tipifica el Art. 256 del Código de la Familia estipula que la

241

cancelación debe realizarse en los 5 primeros días de forma anticipada y mensualizada
por parte del alimentario al alimentante, aunque no se cumple a cabalidad esta

normativa ya sea por la falta de trabajo, subempleo y explotación siendo estos factores

detonantes ante el cumplimiento en la responsabilidad adquirida entre las partes.

El cuidado, educación, alimentación, desarrollo integral y los derechos de sus hijos e

hijas es particularmente obligación de los progenitores pero entre los problemas más

comunes en el Ecuador es la disolución del núcleo familiar siendo este un detonante

sobre todo económico para quienes se encuentran obligados a proporcionar alimentos

por las dos partes sea el custodio del menor o la persona alimentaria y en algunos casos

existen los obligados subsidiarios los cuales cumplen con las obligaciones del

progenitor en el caso de alguna incapacidad económica debidamente demostrada ante
la ley y esto con la finalidad de precautelar el interés superior del niño y la vida digna

del mismo.

En este sentido, la eficacia de la pensión de alimentos en nuestro país ha generado

debates sobre el aporte mutuo de padre y madre sin tomar en cuenta las afectaciones

que recibe el alimentante. Es importante recalcar que existen situaciones en declive

donde ninguna de las partes puede sustentar las condiciones de vida necesarias para el

alimentante y que el Estado no ha brindado facilidades para conciliar entre

progenitores, más no se puede limitar el derecho del niño, niña o adolescente. En sí, es

un hecho de que al no ser canceladas las pensiones alimenticias a tiempo se crea una

brecha económica en el hogar en donde habita el menor y empiezan a existir carencias
económicas las cuales en muchas ocasiones la madre, el padre o el representante legal

no pueden subsanar, lo mismo que deriva a la limitación de un ambiente sano,

tranquilo y seguro para el niño, niña o adolescente, es por esa razón que al no contar

con una correcta eficacia en el cobro de pensiones alimenticias se vulnera el derecho a

una vida digna y el principio superior del interés del niño limitando así las necesidades

básicas del menor.

Desarrollo

Pensiones alimenticias

Las pensiones alimenticias es el pago mensualizado que realiza el cónyuge que no tiene

la custodia de su hijo o hija, para su respectiva manutención y se ampara en el derecho

242

a los alimentos, tipificado en el Art. 2 Capítulo I del Código de la Niñez y Adolescencia
donde expresa que: “El derecho a alimentos es connatural a la relación parentofilial y

está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna”. Bajo este

articulado se garantiza la proporción de recursos para suplir las necesidades básicas

del alimentario, entre ellas la alimentación nutritiva y equilibrada. En palabras de

Mera Gómez, & Jaramillo León, (2022) manifiestan que:

El Estado ecuatoriano a través de las instituciones jurídicas regula el Derecho

de Familia y entre las principales funciones está la de garantizar el acceso a los

recursos suficientes de sus miembros, asegurando siempre el interés superior

de los niños, niñas y adolescentes, ya que pertenecen a este grupo de atención

prioritaria dentro de la sociedad, y es obligación del Estado generar bienestar
y estabilidad para garantizar la seguridad total de la familia.

Se considera una obligación fundamental hacia niños niñas y adolescentes por parte
de sus progenitores en relación a los alimentos adecuados que están constituidos en

necesarios y congruos, no podemos hablar de una vida digna, saludable y activa si no

son suministrados de manera correcta los alimentos mediante una pensión alimenticia

fijada por el juez. Cabe recalcar que este derecho tiene características esenciales como

son: intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, e inembargable las

mismas que no se admiten como compensaciones o reembolsos de lo pagado

exceptuando las pensiones alimenticias que hayan sido fijados con anterioridad y

canceladas en relación a gastos prenatales y sus hijos no sea reconocidos con
anterioridad coma y en este caso se procede a compensar al alimentante (Código de la

Niñez y Adolescencia, 2003).

Cabe recalcar que la denominación al derecho de alimentos o pensiones alimenticias y

es propio de la existencia humana, aunque resulta limitante ante las necesidades que

deben ser cubiertas por el progenitor custodio donde incluyen aspectos importantes

como: educación, salud, vestimenta, entre otros, donde se omite la protección y

garantía a una vida digna bajo el precepto de contar con las necesidades básicas del

alimentario para vivir. Por otra parte, en el Art. 27 inciso 4 de la Convención sobre los

Derechos del Niño menciona que:” Los Estados Partes tomarán todas las medidas

apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u
otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño (…)”

243

El Estado mediante la norma vigente controla el cumplimiento del pago de pensiones
alimenticias por medio del sistema único de pensiones alimenticias, sin exceptuar que

se toma en cuenta la edad del alimentario, es así que en la investigación realizada por

Mera (2022) cita a Quiceno & Tobón (2019) donde expresa que: “La obligación

alimentaria se enfoca no solo a los menores de dieciocho años, sino también a los hijos

mayores de edad cuando los mismos cumplan con los parámetros que establece la Ley.”

Y se sostiene esta aseveración según el Art. 4 del CONA donde sugiere que:” Tienen

derecho a reclamar alimentos los niños, niñas y adolescentes que no sean emancipados
y también los adultos hasta 21 años que cursen sus estudios debidamente verificados.”

La pensión de alimentos en sí, no tiene una definición específica sino se adapta según

las necesidades básicas del alimentario, donde por medio de un juez se otorga la patria
a potestad a uno de los cónyuges (padre o madre) o algún familiar que se encuentre en

facultades del cuidado integral del niño, niña o adolescentes, al hablar de pensiones

alimenticias, existen brechas en relación a varios aspectos antes mencionados para

proporcionar una vida plena, siendo de mayor responsabilidad financiera y moral para

quien ejerza la patria a potestad. Lo cierto es que el derecho a los alimentos es una

obligación ineludible por parte del demandado o progenitor con su hijo o hija,

precautelando el derecho a una vida digna.

En búsqueda del cumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias hacia el

alimentario se establecen dos tipos de obligados: principales y subsidiarios, en este

caso se establece en el Art. 5 del CONA donde menciona que: “Los padres son los
principales obligados, aunque existen excepciones por discapacidad, ausencia,

impedimento, insuficiencia de recursos comprobados, donde se designan obligados

subsidiarios como: abuelos, hermanos a partir de los 21 años o tíos.” De esta forma se

busca cumplir con la obligación económica y moral para asistir al menor que requiere

manutención y un óptimo desarrollo por parte de sus progenitores o de un familiar

cercano según lo establezca la Ley.

Por medio de la cooperación jurídica internacional, se promueve el reconocimiento y

amparo a la familia como núcleo primordial de la sociedad, en donde la protección

integral a sus miembros brinde dignidad en todos los aspectos, especialmente a los

menores de edad, bajo las convenciones y tratados internacionales. Quiroz (2009)
Aunque esta normativa internacional ha ocasionado conflictos por el desconocimiento

244

de las autoridades que deben ejercerla, razón por la cual son necesarias las
capacitaciones constantes para mantenerse actualizados en la normativa que beneficie

a los Estado parte y a los niños, niñas y adolescentes.

Es importante analizar que el derecho a los alimentos y su reclamo en la legislación

ecuatoriana no tiene necesidad del patrocinio de un abogado, puesto que el Consejo de

la Judicatura puso a disposición un formulario en el cual se permite directamente al

representante legal o progenitor que se encuentra a cargo del menor instaurar el inicio

del proceso para la pensión de alimentos. Es importante tener en cuenta que la

demanda de alimentos es un reclamo judicial formal que se interpone por parte del

progenitor sea padre o madre o algún representante legal en donde ejerza la patria

potestad del niño niña o adolescente y así poder iniciar el reclamo formal al derecho de
los alimentos el cual se puede ingresar mediante formulario en el lugar donde resida la

persona que se pretenda demandar o la persona que desee reclamar los alimentos para

el menor. En el caso de no existir complejidad en el proceso coma el juez determinará

la pensión de alimentos fijada en la tabla actualizada o a su vez se oficiará un defensor

público o privado como así lo desee la parte accionante.

Se debe tomar en cuenta que la pensión de alimentos se convierte en una obligación

irrenunciable e ineludible por parte del progenitor el mismo que es demandado, siendo

punto de partida la demanda que se constituye como una deuda legítima el cual por su

simple interposición ante la autoridad competente que en este caso lleva los procesos

legales a cargo en la Unidad Judicial de la familia, mujer, niñez y adolescencia o en el
caso de la inexistencia de una dependencia especializada le corresponderá la

dependencia a un juez multi competente para llevar a cabo la audiencia de fijación de

pensión alimenticia de acuerdo a la fijación de la tabla de pensiones alimenticias que

se actualiza según el salario básico unificado actualizado, cabe recalcar que esto se lleva

a cabo en una audiencia y que se fija un valor provisional que se encuentra vigente

según la legislación ecuatoriana, es importante resaltar que esta tabla es desarrollada

por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2014).

Del mismo modo la consignación o pago de pensión alimenticia conforme lo determina

el Código de la niñez y adolescencia tipificado en su artículo 14 de la norma, establece

que la prestación de alimentos se realizará a través de depósito durante los 5 primeros
días de cada mes y de forma anticipada esto adicionado a los subsidios y beneficios que

245

se tomarán en cuenta en el certificado bancario el mismo que constituirá como una
prueba legal para demostrar el pago hacia el beneficiario o quien sea el representante

legal del menor. El depósito se realiza y registra en el sistema único de pensiones

alimenticias y en donde se lleva un control de los pagos que se van realizando y el

cumplimiento del progenitor hacia el alimentante, y aunque en ocasiones esto no se

cumple a cabalidad, es importante acotar que el sistema único de pensiones

alimenticias supa es una herramienta informática utilizada por el Consejo de la

Judicatura que garantiza en adecuado y oportuno proceso de recaudación y pago de
pensiones alimenticias a favor de los usuarios de la administración de Justicia; este

sistema es gratuito y ofrece a los usuarios un acceso permanente para la corroboración

de la información sobre las pensiones fijadas por el juez por concepto de alimentos.

La fijación de la pensión alimenticia según Espinosa (2017) se basa al ingreso del

alimentante en relación al porcentaje que se debe calcular según el sueldo básico

salario básico unificado en donde busca mantener una vida digna para las partes. A

breves rasgos hemos tratado la fijación de la pensión de alimentos y el manejo de la

tabla de pensiones alimenticias fundamentadas en el principio de equidad tanto para

el alimentante como para el alimentario. Es así que cumpliendo lo que ordena el Código

de la niñez y adolescencia, el Ministerio de inclusión económica y social mediante el
acuerdo ministerial MIES-2022-005, busca un equilibrio entre garantía de los

derechos de los niños, niñas y adolescentes y la capacidad efectiva del alimentante. Es

importante tomar en cuenta que los jueces y jueces de la familia niñez o adolescencia

establecen una pensión de alimentos qué es solicitado por el progenitor o

representante legal que ejerza la patria potestad en beneficios de hijos, hijas o

representados.

En base al CONA, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir la pensión

de alimentos desde los 0 hasta los 18 años o hasta los 21 años si está cursando una

carrera universitaria y en casos de discapacidad la obligación podría ser vitalicia. Por

otra parte, las mujeres embarazadas según lo estipula el artículo 148 del mencionado

código señala que tienen el derecho de recibir una pensión de alimentos de mujer

embarazada desde la concepción hasta después de los 12 meses del alumbramiento

para cubrir las necesidades de la madre gestante. En este sentido la tabla de pensiones

alimenticias está compuesta por 6 niveles en los cuales se determina un porcentaje que

debe cancelar el alimentante de acuerdo a sus ingresos y número de hijos e hijas,

246

principalmente se basa en las necesidades de los hogares y el cálculo aproximado del
gasto de un miembro de hogar para el cual debe ser direccionado la pensión de

alimentos como lo es el niño, niña o adolescente.

Las pensiones alimenticias fijadas en base a la tabla, obliga al alimentante al pago del

mismo ya que es un derecho irrenunciable que tiene que cumplir el progenitor o los

obligados subsidiarios en el caso de que el progenitor logre demostrar la incapacidad

para cumplir con esta obligación, en relación a la fijación de la pensión se establece

según la capacidad económica que se compruebe de manera eficaz y eficiente, teniendo

en cuenta que el obligado principal no puede evadir esta responsabilidad y en el caso

de obtener un obligado subsidiario coma el mismo podrá exigir la devolución de lo

pagado al deudor principal más no al menor (Mera, 2022).

Enfocándose en un porcentaje mínimo que será necesario para el derechohabiente, el

mismo que determinará una pensión alimenticia en lo cual se puntualiza tres factores

principales: como el ingreso económico que recibe el alimentante, la edad del menor y

el número de hijos e hijas, con la finalidad de garantizar el principio de equidad e

igualdad en relación al derecho a una vida digna. Es necesario tener en cuenta que el

cálculo de la pensión se basa al salario básico unificado y que en la actualidad se
encuentra en los 425 dólares coma el mismo que fue establecido por el Ministerio de

trabajo coma y bajo un acuerdo ministerial número MDT 2021 276; además de la

inflación que alcanzó el 1.94% con datos emitidos por INEC (2022) como se muestra

en la Figura 1.

Figura 1: Tabla de pensiones alimenticias mínimas – 2023

247

Fuente: (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2023)

Según lo establece el Consejo de la Judicatura, el alimentante debe cancelar de manera

mensualizada los valores designados por el juez de conformidad a la tabla de pensiones
alimenticias mínimas a través del sistema único de pensiones alimenticias, los mismos

que tienen ciertos parámetros como el pago total, más no se aceptan pagos parciales; y

está establecido en el artículo 14 de la ley reformatoria al Código de la Ley de la Niñez

y Adolescencia (2003)en donde menciona que;

Las pensiones alimenticias deben pagarse por mensualidades anticipadas lo que

implica que no se aceptará pagos fraccionados esto con la intención de
garantizar el pago al monto total de la pensión del menor el cual no es un tema

de discusión.

La normativa que se establece en base a la pensión que tiene derecho el menor no

refiere nada al respecto del proceso de consignación, siempre y cuando el valor sea

consignado en un tiempo legal y de esta manera respetar el principio del interés

superior del menor con el fin de solventar sus necesidades básicas o situaciones

emergentes que se presenten.

248

El incumplimiento del pago de pensiones alimenticias en el Ecuador implica sanciones
privativas de libertad, esto con la única finalidad de prevalecer el interés superior del

niño en donde no se puede vulnerar el derecho a los alimentos y así lo establece el

artículo 20 del Código de la Niñez y Adolescencia en donde expresa que:

En caso de incumplimiento en el pago de dos o más pensiones alimenticias sean
o no sucesivas se dispondrá la prohibición de salida del país (a los obligados

principales únicamente) y la incorporación en el registro de deudores que se

establecerá por medio del Consejo de la Judicatura.

En base a las medidas de apremio o medidas privativas de libertad por el
incumplimiento de las obligaciones en el pago de las pensiones alimenticias se ha

establecido garantizar el cumplimiento de las mismas para precautelar que el derecho

a los alimentos no sea vulnerado y está tipificado en la norma de derecho procesal que

se ampara en el Código Orgánico General de Procesos (2018) en su artículo 134 expresa

que: “Los apremios son aquellas medidas coercitivas que aplican los juzgadores para

que sus decisiones sean cumplidas a cabalidad en los términos previstos”. En la

actualidad y para garantizar el derecho al trabajo de una manera libre y segura y que
así el alimentario cumpla con su obligación ante el pago de pensiones alimenticias se

ha establecido ciertos parámetros como el trabajo supervisado, en donde el alimentario

cumple con la jornada laboral durante horas establecidas y de allí cumple con la pena

privativa de libertad, como primera instancia, de esta manera puede cancelar los

atrasos que tenga pendiente en el sistema único de pensiones alimenticias, con esto se

busca no perjudicar el ingreso económico del alimentario y el derecho a los alimentos

del alimentante, garantizando el derecho a una vida digna establecido en el artículo 66

de la Constitución de la República del Ecuador (2008).

Derecho a una vida digna

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes como principio fundamental en el

ámbito nacional e internacional ante la indiscutible necesidad de brindar una vida
digna, entre ellos el derecho a la alimentación tipificado en el Art. 66 inciso 2 de la

Constitución de la República del Ecuador en donde expresa que: “El derecho a una vida

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda,

249

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física,
vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”.

Según la normativa en la Convención de los Derechos del Niño (1991) en el artículo 3
inciso 3 establece que;

Los estados parte aseguran que en las instituciones servicios y establecimientos

encargados del cuidado y la protección de los niños cumplan las normas
establecidas por las autoridades competentes, haciendo mención especial en la

materia dónde está verde de seguridad sanidad número y competencia de su

personal con relación en la existencia de una supervisión a los infantes.

Un país garantista de derechos en base a los niños niñas y adolescentes, como punto

esencial prevalece el cuidado, protección y seguridad para los niños, niñas y

adolescentes en el sentido de que son considerados en el grupo de doble vulneración y

así lo tipifica el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, en dónde se

establece primordial atención para los 7 grupos prioritarios de atención en nuestro país

entre ellos el de niños niñas y adolescentes.

En el ámbito jurídico internacional también se establece en su artículo 5 en donde

expresa que se respetan las responsabilidades, los derechos y deberes de los padres o

en el caso de ser pertinente de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad,
también de la costumbre local, tutores y personas encargadas bajo legalidad del niño,

niña o adolescente para impartirle en consonancia la evolución de sus facultades, la

orientación apropiada y sobre todo el cuidado íntegro a una ante el derecho a una vida

digna. Al analizar el derecho a una vida digna, nos enfocamos a las condiciones idóneas

que permitan llevar adelante un propósito de vida, en base al aseguramiento del núcleo

familiar. Desde esta perspectiva, en el Código de la Niñez y Adolescencia (2003) en su

artículo 26 indica:

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, en la cual les

permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su

desarrollo integral y este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren

una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso
a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda

segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. Para el caso de los niños,

250

niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las instituciones que las
atienden deberán garantizar las condiciones.

Es prioritario, brindar una calidad de vida óptima para el desarrollo integral acorde

con la dignidad del ser humano, misma que permita suplir las necesidades básicas que

abarque desde la concepción hasta los 21 años en el caso de ser estudiante universitario
y sobre todo que goce con todos los derechos en forma prevalente (Vivas,2018).

Ademas, autores como Jaramillo León & Tenenuela Salazar (2022), agregan un punto
importante:

La constitución ecuatoriana en su artículo 44 prioriza los derechos de los

niños, niñas y adolescentes, como un interés superior y que prevalece sobre
todos los demás, que busca el desarrollo integral, su proceso de crecimiento

y maduración, envuelto en laafectividad y seguridad.

Es un hecho la existencia de una multiplicidad de formas de familia teniendo en

consideración diversos factores, y por ello la igualdad de las personas ante la ley y en

relación a los derechos está protegida en diversas leyes y tratados internacionales.

Siendo uno de ellos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre la cual establece que “toda persona tiene derecho a constituir familia

elemento fundamental de la sociedad y a recibir protección para ella” (Declaración

Americana de Los Derechos y Deberes Del Hombre, 1948)

La legislación ecuatoriana conceptualiza de una forma clara que la vida digna del

alimentado depende netamente del derecho a la alimentación adecuada, el acceso

gratuito a la salud en condiciones aptas para cubrir sus necesidades, a la educación
óptima que asegure un aprendizaje integral enfocado en el desarrollo intelectual y

cognitivo, vestimenta adecuada, una vivienda segura que cuente con un entorno de

esparcimiento y el entorno familiar en el que se pueda desarrollar el menor, esto con

la finalidad de mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes cumpliendo

de esta manera a plenitud el derecho a una vida digna. En nuestro país, no se cumple

a cabalidad este derecho a pesar de estar tipificado en la Constitución, puesto que las

carencias económicas limita un estabilidad emocional, física y educativa del

alimentante, en el sentido de que el padre, madre o responsable legal del menor, no se

251

abastece con el pago mínimo de pensión alimenticia, obligando así a desarrollarse
laboralmente para suplir las necesidad del menor y brindarle las mejores condiciones

de vida, al contrario que el alimentario, donde en ocasiones sus nivel académico no le

permite un salario digno que permita suplir las necesidades tanto de su hijo/a como de

si mismo, creando una brecha económica donde llegar a pensar en una vida digna, se

convierte en una realidad lejana.

Por su parte Verdugo et al., (2013) citado en Mera (2022) destaca que: “La calidad de

vida como un estado de bienestar personal se compone de varias dimensiones, iguales

para todas las personas, pero con la necesidad de ser evaluadas individualmente de

acuerdo al contexto y características personales”. Bajo el principio de equidad se puede

avalar esta postura en donde la calidad de vida como estado de bienestar en donde la
calidad de vida como estado de bienestar personal puede ser prioridad no solo para el

alimentante sino también para el alimentario, pero cabe recalcar que las necesidades

básicas del menor son prioridad ante los estados parte así también como la normativa

legal internacional en donde el niño, niña o adolescente tiene derechos por su

condición de vulnerabilidad ante la sociedad.

Interés superior del niño

Se debe partir desde el punto que la familia se considera el núcleo de la sociedad y que

la misma constituye un eje para el desarrollo esta tarde coma cabe recalcar que las

personas necesitan el apoyo de su entorno más cercano sea por lazos con sanguíneos
sobre todo los niños coman niñas y adolescentes los cuales son considerados como

vulnerables y es allí en dónde el soporte familiar desde su concepción y el proceso de

crecimiento en el cual los padres son los obligados a brindarles cuidado coma

seguridad, atención, y todas las necesidades básicas que los niños, niñas y adolescentes

deben precautelar para un desarrollo integral y así alcanzar una vida digna que les

permita convertirse en adultos con valores y principios fundamentados desde su hogar.

Es importante tener en cuenta que es esto no se cumple en algunos hogares ya sea por
la disolución del núcleo familiar, la ruptura sentimental o situaciones fortuitas en

donde usualmente la madre sufre algún tipo de violencia.

El niño es un sujeto de derechos, Vivas (2018) manifiesta que:

252

El niño no tuvo derechos, históricamente esto no siempre fue así, más su
condición fue dolorosamente inferior que los adultos, ausentes de derechos y

aún de reconocimiento individual, pues se consideraban propiedad del padre

donde podía hacer con ellos lo que le pareciera mejor, inclusive ser sometidos a

tratos crueles e inhumanos o simplemente desaparecerlos.

Al ser visto el niño como inferior ante la sociedad eran utilizados como esclavos en

muchos casos, torturados, vendidos y maltratados constantemente puesto que el
Estado no les amparaba, mucho menos se preocupaba por la seguridad y garantía en

sus derechos. Los niños eran vistos como fuerza laboral en muchas familias sobre todo

de escasos recursos en donde tenían que trabajar para colaborar en la manutención de

la familia, es preciso tomar en cuenta que en la actualidad y bajo la lucha de poderes

en beneficio de los niños denominándolos como un grupo prioritario y de

vulnerabilidad al no poder contar con todas las facilidades que les permita

desenvolverse en la sociedad de manera independiente, el Estado exige a sus

progenitores y brinda seguimiento a su desarrollo integral, y esto se debe también al
cumplimiento de la normativa legal vigente internacional que ampara al niño en todas

sus etapas, precautelando el interés superior del niño.

En este sentido el interés superior de los niños como principio fundamental, se aplica

de manera obligatoria en los procesos de la niñez y adolescencia, el mismo que se
encuentra establecido en el artículo 3 de la Convención sobre los derechos de los niños

y las niñas que se basa al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. No podemos

definir como la potencia No podemos definir como la potenciación de los derechos a la

integridad física y psíquica de los niños y niñas esto se basa al seguimiento de la

evolución y desarrollo de la personalidad que se genera en un ambiente sano y

agradable, el mismo que debe precautelar un bienestar general del niño o niña, cabe

recalcar que se debe hacer referencia a que los niños y niñas deben prevalecer sobre
cualquier otra circunstancia en la que se tenga que decidir sobre el ambiente en el que

se desarrolle. Es necesario considerar ciertas determinaciones que indique los deseos

o sentimientos del niño o niña, por supuesto tomando en cuenta su edad y las

necesidades físicas, educativas y emocionales que le permita decidir sobre el entorno

que más le convenga bajo efectos probables como la familiaridad, económicas y de

253

seguridad donde surgirá la decisión que llegaran a tomar según su perspectiva, esto

con la finalidad de brindarles la opción de elegir según sus necesidades.

De esta forma bajo la doctrina especializada en cuanto a la predictibilidad, en lo cual

Aguilar (2008) expresa que:

La perspectiva de una evaluación previsible de la situación de las partes

concernidas logra establecer una decisión que valora el mejor porvenir para el

niño o niña en donde se cubran las necesidades básicas tales como: afectivas,

físicas, cognitivas, emocionales y sociales.

En este punto el niño o niña o adolescente logra tomar una decisión en base al entorno

que lo acoge como: la seguridad, la confianza, el afecto y la parte social hace que tome

la decisión de estar seguro en un lugar predeterminado en donde le brinde las

necesidades básicas para lograr una vida digna. Es importante acotar que se puede

establecer ciertos parámetros en donde existe un desprendimiento de los hijos e hijas

hacia sus padres que se estipula bajo la patria potestad en dónde el juez siempre

precautela la integridad física y psicológica que los beneficie, es así que tanto los
juzgadores y juzgadoras se exige resolver según favorezca al niño niña o adolescente y

así se pueda cumplir la norma que establece el interés superior del niño.

Actualmente el interés superior de los niños y niñas en una visión más amplia conlleva

todas las normas mediante su interpretación fijada en construir y fundamentar a través
del principio del interés superior de los niños y niñas, el mismo que implica proteger

sobre cualquier otro sujeto implicado que puede ser hasta de su propio padre o madre

y mucho más aún de terceras personas o sobre la administración pública, es por eso

que se menciona que el interés superior del menor prevalecen y que sus derechos están

primero y sobre cualquier consideración cuando de los niños y niñas o adolescentes se

trate. Es necesario acotar que la finalidad primordial sobre el interés superior de los

NNA hace referencia exacta a la protección de los derechos y garantías fundamentales

que promueven el libre desarrollo de una personalidad y valores establecidos en
relación a la dignidad del menor en los que son beneficiarios, es por ello que a través

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006) se ha enfocado la relación

del interés superior de los niños, en una necesidad íntegra de adoptar cualquier tipo de

254

medidas para que así se pueda obtener resultados favorables en relación a la protección
integral, ambiente sano y seguro que se desenvuelvan pero sobre todo que se

fundamente en la propia dignidad del ser humano ante cualquier situación de peligro

riesgo para prevalecer una vida digna ante las necesidades que el niño, niña o

adolescente así lo requiera.

Ahora bien en el Ecuador en el artículo 11 en el Código de la Niñez y Adolescencia

(2003) establece que;

El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños niñas y adolescentes

y este mismo impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las

instituciones públicas y privadas a que se debe ajustar a las decisiones y acciones
para su cumplimiento en ese sentido se aprecia el interés superior donde se

considerará las necesidades de mantener un justo equilibrio entre los derechos

y deberes de los niños, niñas y adolescentes y en la forma que mejor convenga

la realización de sus derechos y garantías, es así que este principio prevalece

según convenga la realización de sus derechos y garantías en base a la diversidad

étnica y cultural más no se podrá invocarlo en contra de la norma expresa y sin

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado que

estén en condiciones de expresar.

En base a lo fijado según la normativa legal vigente internacional y con relación en la

normativa ecuatoriana, en Ecuador también se lo denomina como un principio

superior para el Estado en el cual busca satisfacer el conjunto de las necesidades en

relación a los derechos que tienen los niños niñas y adolescentes, precautelando el
entorno y el desenvolvimiento de los niños, niñas y adolescentes en base a las

necesidades que los mismos posean y que lo puedan expresar con libertad. Bajo el

derecho al desarrollo integral en niños, niñas y adolescentes enfocados en el proceso

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y capacidades en un entorno

familiar, escolar, social y comunitario rodeado de afectividad y seguridad, el cual les

permitirá una satisfacción frente a necesidades socio-afectivas y emocionales con el

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. Constitución de la República

del Ecuador (2008).

255

El Estado ecuatoriano precautela los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo
el principio de interés superior del niño en lo cual busca óptimas condiciones para su

desarrollo en un entorno saludable y agradable en donde el menor sienta seguridad

ante su desenvolvimiento con las personas cercanas a los mismos, es importante tomar

en cuenta que en ocasiones este principio es vulnerado por la falta de responsabilidad

y corresponsabilidad por parte de los progenitores o familiares en el ser de caso cuando

son obligados subsidiarias. No se puede establecer un control total ante el

cumplimiento de la normativa que prevalece tanto en la Constitución de la República
del Ecuador como en la Convención sobre los derechos de los niños, puesto que existe

un cierto grado de omisión por parte de las autoridades judiciales, estatales y hasta

internacionales ya que la norma escrita en ocasiones no es difundida de manera

adecuada y así realizar un real seguimiento ante el cumplimiento y respeto al principio

del interés superior del niño.

Resultados

El pago de pensiones alimenticias y el derecho a una vida digna relacionados se torna

en un tema complejo que involucra aspectos legales, éticos y sociales, puesto que el

pago de pensiones alimenticias es una obligación legal que tiene como objetivo

garantizar el bienestar y la subsistencia de los hijos e hijas que dependen

económicamente de una persona, basado en el principio de igualdad. Sin embargo, es

un hecho conocido que en muchos casos el pago de las pensiones alimenticias no se

realiza de manera efectiva. Los incumplimientos pueden deberse a diversos factores,
como dificultades financieras, falta de conciencia sobre la importancia de cumplir con

esta obligación o incluso intenciones maliciosas. El incumplimiento en el pago de las

pensiones alimenticias puede tener consecuencias significativas para quienes

dependen de ellas ya que puede afectar la capacidad de cubrir necesidades básicas

como alimentación, vivienda, educación y atención médica comprometiendo la calidad

de vida y la posibilidad de llevar una vida digna para los beneficiarios.

Cuando se establece una pensión alimenticia en el contexto de un divorcio o

separación, el objetivo principal es asegurar que el niño o los niños involucrados

tengan cubiertas sus necesidades básicas, esto implica que el padre o la madre no

custodio tiene la obligación legal de proporcionar una contribución económica regular
para el sustento del niño, tomando en cuenta que el interés superior del niño es un

256

principio fundamental ante cualquier asunto relacionado con los niños, esto significa
que todas las decisiones y acciones deben tomarse considerando lo que mejor beneficia

al niño en términos de su bienestar físico, emocional y desarrollo general.

Cuando existe una disputa sobre el monto de la pensión alimenticia, los tribunales

generalmente buscan encontrar un equilibrio entre el derecho a una vida digna de

ambos padres y el interés superior del niño. En este sentido se toman en cuenta factores

como los ingresos y gastos de cada padre, la capacidad de pago, las necesidades del

niño y cualquier otra circunstancia relevante. Es importante que los padres cumplan

con sus obligaciones de pago de pensiones alimenticias de manera oportuna y

consistente, ya que esto es esencial para el bienestar y desarrollo del niño. En caso de

dificultades financieras, es posible solicitar una revisión de la pensión alimenticia en
los tribunales para que se ajuste a la nueva situación económica.

Es fundamental buscar soluciones para mejorar la eficacia en el pago de pensiones
alimenticias, esto puede incluir la implementación de sistemas de seguimiento y

control más efectivos, la simplificación de los procesos legales y la aplicación de

sanciones más severas para los alimentantes. Además, es importante promover una

mayor conciencia sobre la importancia de cumplir con esta obligación y ofrecer

recursos y apoyo a quienes tienen dificultades para hacerlo, en algunos casos, los

incumplimientos en el pago de pensiones pueden ser consecuencia de situaciones

económicas adversas, como el desempleo o la precariedad laboral, aunque no es

justificativo ante las necesidades báscias del niño, niñas y adolescente precautelando
el interés superior del niño, aunque sería importante ofrecer alternativas y apoyo a las

personas que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones y tienen la voluntad

de hacerlo.

En sí, el pago de pensiones alimenticias frente al derecho a una vida digna es compleja

y requiere un enfoque multidimensional y es necesario buscar soluciones que

equilibren la obligación legal de pagar las pensiones con la necesidad de garantizar una

vida digna para quienes dependen de ellas, considerando tanto aspectos legales como

sociales y económicos. Es importante destacar que tanto el derecho a una vida digna

como el derecho a recibir pensiones alimenticias son fundamentales en Ecuador y el

Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estos derechos y
tomar las medidas necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes.

257

Conclusiones

Existe una vulneración en relación al derecho de los alimentos de los niños, niñas y

adolescentes ya que la pensión fijada no subsana los gastos necesarios para obtener

una vida digna, en relación a ello debemos tener en cuenta de que la educación, salud,

vivienda, vestuario y el desarrollo en un ambiente sano se limitan por la cantidad fijada
en la pensión de alimentos percibida por parte del alimentario hacia el alimentante, es

por esta razón qué se debería realizar un ajuste en la tabla de fijación de pensiones

alimenticias para lograr estabilidad emocional, física y psicológica hacia el menor pero

existen ciertos vacíos legales donde la persona que tenga la patria potestad del menor

debe laborar para suplir las necesidad básicas propias y del menor y es allí donde

existiría un descuido por su parte, ya que al cumplir su jornada laboral se limita el

tiempo y cuidado de su hijo o hija.

En este sentido tanto el padre como la madre deberían compartir el cuidado del menor,

no solo fines de semana si no también entre semana precautelando la estabilidad

emocional del mismo, para que así pueda desarrollarse en un ambiente sano y con la
protección de sus progenitores. En nuestro país esto no sucede ya que existe el poco

interés por parte del padre o y no existe la apertura de un diálogo en beneficio del

menor más bien siempre prevalecen sus intereses personales en los cuales el niño, niña

o adolescente no es beneficiado. La realidad de nuestro país es que la justicia no exige

a padres y a madres llevar una comunicación efectiva que permita un desarrollo

integral de su hijo o hija provocando la existencia de brechas sociales en los cuales se

derivan a condiciones deplorables tanto académicas y económicas en el futuro del
menor la ley debería ser más estricta y exigir que se la cumple a cabalidad frente al

derecho de una vida digna.

258

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