La estructural des/conexión
gobernantes-gobernados como
sentido de dominación en el Ecuador.

The structural dis/connection
rulers-governed as a
sense of domination in Ecuador

Rolando Fabián Zambrano Andrade
Licenciado en Gestión Local, Magíster en Proyectos de
Desarrollo Endógeno, Universidad Politécnica Salesiana.
Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad
FLACSO Brasil-CLACSO.
Investigador independiente

https://orcid.org/0000-0001-9842-1628

María Ivonne Guillem López
Licenciada en Ciencias de la Educación y Magíster
en Administración Pública y Literatura Infantil
Docente Investigador del Instituto Superior
Tecnológico San Pedro

ivonne_guillem@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0001-5880-5125

Juan Carlos Suarez Quishpe
Sociólogo Universidad Técnica de Machala
Magíster en Género y Desarrollo, FLACSO Ecuador.
Investigador independiente

juancarlosuarez@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-7458-7639

Resumen

El presente trabajo aborda la constitución estatal del

Ecuador bajo los postulados eurocéntricos republicano-

liberal, sustentos fundacionales como forma de dominación

poscolonial ejercida por facciones oligárquicas (1830-1950),

desarrollista urbana- burguesa industrial sustituida de

Imaginario Social

Entidad editora
REDICME (reg-red-18-0061)

e-ISSN: 2737-6362
enero-junio 2024 Vol. 7-1-2024

http://revista-
imaginariosocial.com/index.php/es/index

Recepción: 28 de diciembre de 2023

Aceptación: 8 de enero de 2024
242-275

243

importaciones (1950-1979), electoralista neoliberal subordinada a la dominación

global-tecnológica y del capital (1980-2007), reconfigurada política, económica,
social y territorialmente con el neoconstitucionalismo del 2008 a la actualidad;

supuestos-presupuestos edificantes del modelo estatal con actorías determinantes del

statu quo imperante sin logros en democracia, superación de pobrezas y/o

desigualdades. Argumentos sustanciales que concluyen en estructurales pesimismos,

insumos insuficientes que incidan en correcciones y/o perspectivas que alteren el

patrón de dominación local, nacional e internacional.

Palabras claves: desconexión, gobernantes, gobernados, Estado, dominación.

Abstract

This paper addresses the state constitution of Ecuador under the Eurocentric
republican-liberal postulates, foundational supports as a form of post-colonial

domination exercised by oligarchic factions (1830-1950), urban developmentalist-

bourgeois industrial import substitution (1950-1979), neoliberal electoralist

subordinated to global-technological and capital domination (1980-2007),

reconfigured politically, economically, socially and territorially with neo

constitutionalism from 2008 to the present; edifying assumptions-assumptions of the
state model with determining actors of the prevailing status quo without

achievements in democracy, overcoming poverty and/or inequalities. Substantial

arguments that conclude in structural pessimisms, insufficient inputs that have an

impact on corrections and/or perspectives that alter the pattern of local, national and

international domination.

Keywords: disconnection, rulers, governed, State, domination.

Introducción

El sistema dominante estructurado en la República del Ecuador desde 1830 es

elitista, desconociendo a los sujetos conformadores de la Nación reemplazada por

una categoría de gobernados creada constitucionalmente como estamento de

“CIUDADANÍA SOCIAL”, a esta se le han tejido mecanismos condicionantes a

desarrollar en el presente trabajo.

244

Aproximarse al ejercicio dominante del Ecuador, es revisar, identificar y analizar la

conformación estatal con sus conexiones, desconexiones, vínculos o rupturas entre
gobernantes-gobernados institucionalizadas y/o desinstitucionalizadas histórica y

coyunturalmente entre la atrasada oligarquía rural con la “modernizante” burguesía

urbana-industrial que establecieron el statu quo dominante, extendida a la actual

disputa entre las facciones del poder nacional, alineadas y/o subordinadas a la

dominación planetaria del capital.

La premisa esencial, “la especie humana ha vivido y vive a expensas de auto creadas

o adquiridas formas sociorganizativas”, la más relevante hace 400 años en plena
colonización americana, Europa creaba el Estado liberal reemplazando la omnímoda

monarquía que equilibre el ejercicio del poder con tres instancias esencialmente

funcionales: Ejecutivo-Legislativo-Judicial, invención planetarizada que en América

ha sostenido la dominación pos colonial.

Entender las formas organizativas, es contrastando con o en el ejercicio del poder

coercitivamente impuesta por Ley estableciendo un orden cuyo efecto es a la

corporalidad y psiquis humana, erosionando la comunal institución primera,

quedando un individuo desnudo a merced del poder en condición de género,
generacional y societalmente impuesto por el darwinismo individual competitivo, por

sobre la cooperación ratificada por Kropotkin (1902) “la competencia es la Ley de la

jungla, pero la cooperación es la Ley de la civilización”; visión motora de la

sobrevivencia y reproducción humana y del poder.

En esta radica la fuerza instrumental del sistema y régimen de gobierno político

rigiendo destinos jurisdiccionales y sociedades nacional-locales-comunitarias de las

repúblicas independizadas en América desde el siglo XIX; nueva forma de

dominación gobernadas débilmente por criollos-mestizos con la oligarquía entre
1830-1950 sin configurar la estatalidad por disputas e intervenciones que trabaron

acuerdos de conformación y convivencia del anhelado Estado nacional, lograda con la

recolonización “modernizadora” desarrollista decretada por el presidente Harry

Truman desde 1949.

245

Decretado el desarrollismo debía funcionar el triángulo estable y equilibrado entre:

Estado, capital y trabajo el que a América Latina, el Caribe y al Ecuador no cayó del
cielo o producto de las bondades del primer mundo, sino parte del paquete extendido

de la reconstrucción de Europa a aplicarse con la Comisión Económica para América

Latina (CEPAL, 1948); necesario por los extremos atrasos de la región que debían

mejorar y crear condiciones favorables para la explotación y acumulación del capital

internacional; premisa-conclusión cumplida, debido a que ninguno de los países de la

región y el Ecuador resolvieron sus atrasos y pobrezas institucionalizando la

estructural desigualdad.

Reafirmado el Estado con “libertades individuales y el bienestar” influido por Jhon

Maynard Keynes (1936) mediante la “Teoría general del empleo, el interés y el

dinero”, dotando a instituciones nacionales e internacionales de poder para controlar
economías en recesión y crisis como la de EEUU en 1929, interviniendo los

presupuestos estatales como política fiscal en el inexistente Estado, instalando la

industrialización sustituta de importaciones con empresariado motor de la economía

nacional, sin lograrlo el Ecuador por la llegada del neoliberalismo influido por

Friedrich Hayek sustentado mediante el “Camino de servidumbre” (1944),

propugnando “el énfasis característico en la libertad individual y la eficiencia de los

mercados” acuñada por la escuela de Chicago sustentando el “liberalismo de una

economía del libre mercado” implementada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan
planetarizando el mercado por sobre el Estado.

Postulados disfrazados de sentidos democráticos mediante libertades e igualdades

sociales y territoriales aún pendientes. “Postulados propios del capitalismo, dado su

inequívoco carácter mercantil, la igualdad y la libertad, no es tal porque el capital

viola estos principios del intercambio. Sin embargo, en el desarrollo del capitalismo

ha habido intentos de recuperar estos principios: en el caso de la libertad, con la

ciudadanía política, y el de la igualdad, con la social” (Pérez, 2016). Más en el
Ecuador sometido a transiciones desde las colonizadoras Inca-española, la

imposición estatal republicana con oligarquía conservadora-liberal, al estatismo

desarrollista burgués, hasta la llegada del neoliberalismo anti-estatista reformado con

socialismo del siglo XXI al 2008; épocas con un denominador común, la dominación.

246

Estos insumos introductorios conducen los supuestos y presupuestos a desarrollar en

el presente trabajo en perspectiva del pertinente debate que tenga cabida para
destrabar coyuntural y estructuralmente la conflictividad de los dominantes actores

de la política y encontrar un rumbo distinto al republicanismo electoral capitalista y

neoconstitucionalista que demuestra no ser la vía democrática, social y territorial;

renovando vías participadas decididamente y transformadas por el conjunto de la

Nación diversa ancestral-mestiza ecuatoriana.

Metodología

El abordaje de la constitución-configuración del Estado de vertiente liberal europea
desde 1830 en el Ecuador se lo hace mediante el método inductivo en cuatro

momentos históricos: la oligarquización conservadora, el desarrollismo estatista-

burgués, el neoliberalismo antiestatista, hasta el neoconstitucionalismo actual;

estructuración que recurre al método deductivo desde los componentes: políticos,

económicos y sociales, separados e

interceptados

en sí mismo; las interpretaciones,

análisis y conclusiones siendo específicas, se interrelacionan como un todo cuyo

denominador común es la dominación, a pesar que los actores están desconectados

gobernantes/gobernados, constituyen la dialéctica contradicción fundamental
inseparable e indisoluble del estatismo; combinando los métodos inductivo-

deductivo, se refuerzan con la revisión documental histórica y presente dándole

consistencia actual y vigente a la temática, requiriendo destrabar la conflictividad

viabilizando una convivencia democrática y de bienestar en perspectiva de reforzar y

ratificar la estatalidad republicana, reconfigurando la negada Nación diversa de la

que se compone el Ecuador.

Resultados

La República “independiente” del Ecuador de 1830 constitucionalmente crea la
categoría jurídica de “CIUDADANÍA SOCIAL” en el proyecto de construcción del

Estado nacional, postulado fundacional “inclusivo” reconocido para quienes

acreditaban bienes, desconociendo y subordinando al conjunto poblacional y todas

las formas de base comunitarias y ancestrales que conformaban la Nación; esta

categoría presente en las sucesivas 20 constituciones entre 1830-2008 fueron

247

aboliendo e incorporando derechos; se abolió la esclavitud en 1891, el tributo indio en

1857; se incorporó por primera vez derechos laborales en 1929, ampliado derechos
sociales desde 1945 con la participación del Estado en la economía; en 1998 se admite

la plurinacionalidad y lo multiétnico, la del 2008 institucionaliza la participación

social en el Estado, estatalizando a la sociedad civil.

Hitos instaladores que refuerzan la amestizada sociedad individualizada, carente de

sentidos organizativos societales portadora de estructurales atrasos sometida a la

dominación desconfigurando la normatizada ciudadanía social y sus avances

sociales, en: alfabetización educativa, incrementó de la esperanza de vida e inclusión

social producto de la fuerza de instrumentos internacionales en condicionadas

políticas públicas sin fiscalización auditora al poder público, con estas se hubiere

implantado bienestar superando la empobrecedora asistencia social que efectivice
derechos sustanciales superiores a los legalmente vigentes.

Estatalidad productora y reproductora de pobrezas materiales e inmateriales, "él
poder no reprime, sino que normaliza… el poder construye nuestra forma de

pensar, con esta también produce y reproduce realidades” (Foucault, 1976) como la

pobreza, efecto condicionante que activa la ilusoria pretensión de ser superada;

ficción que no provoca efecto objetivo sostenido por el analfabetismo educativo que

naturaliza la dominación política, donde el electoralismo se constituye en central

mecanismo de representación estatal sufragado por los pobres; el efecto ilusorio

respaldado a la representación del capital supone acerca a la salida de la pobreza.

Mejorar la calidad de vida o superar pobrezas, siendo lo estatalmente correcto, lo
incorrecto es admitir sea posible en el capitalismo que desde su nacimiento tiene

“insertado una política de la exclusión en el núcleo de sus teorías y prácticas

liberales desde el siglo XIX, prácticas excluyentes presentes a lo largo de toda la

historia del capitalismo liberal y en su reconfiguración neoliberal contemporánea”

(Mehta, 1999), donde lo único prosperado es la desigualdad social.

Las Repúblicas independizadas en América asumían las máximas de la revolución

francesa con las individuales: “Libertad e Igualdad” adoptadas en los marcos

normativos de la modernidad contemporánea concretada en la civilizatoria y

emblemática Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, hasta en los

248

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) 2030; supremacía normativa que

resolvía la dicotomía individual-universal, el interés individual se universalizó,
declarando la perpetua dominación planetaria normativa, con “las revoluciones

liberales de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX proclamaban la igualdad

jurídica, pero allí se escondía la desigualdad material” (Giraldo, 2022: 20).

El Estado desde el siglo XVIII mantiene el monopolio de la generación de leyes,

reforzada con la creada Organización de Naciones Unidas en 1945, desde donde se

generan instrumentos internacionales aprobados y ratificados por los Estados

miembros y trasladados débilmente a las legislaciones nacionales sin ser plenamente
garantizados, mucho más en tiempos de supremacía normativa planetaria favorable

al capital con la Lex Mercatoria o “Código del capital global” constituyendo

“derechos creados por las grandes empresas transnacionales” (Guamán, 2021: 89)

sobrepuestas a los Derechos Humanos vigentes que impiden la efectiva realización de

la ciudadanía social.

Al monopolio normativo se le anexó en la línea weberiana el aparato burocrático

concentrador del monopolio de la violencia física por medio del cual se ejerce la

dominación sujetada por Constitución y Leyes; si el pueblo o Nación fueran el Estado,

este tendría autodominio y no necesitaría de Constitución y Leyes que garanticen

derechos o sirva de escudo de protección, justo por eso se establece el marco

normativo en derechos y garantías, para que el poder no someta a permanentes
estados de vulneración a los gobernados.

El Ecuador desde 1830 adopta estos postulados, con trabas, sucumbe a pretendidas
“modernizaciones” estatal incididas externamente a la oligarquización rural y

desarrollismo urbano burgués industrial sin lograr sustituir importaciones que

apuntalaran ventajas competitivas y comparativas, mínimamente reinsertado

desigualmente al voraz mercado internacional y a la globalización neoliberal y

tecnológica con consecuentes desventajas.

La debilidad estatal es resultado de la temprana separación de la Gran Colombia

(1819-1835), República fragmentada con cuatro locales: Quito, Guayaquil, Cuenca y

Loja, fortalecida por el desarrollismo que estructuró débiles jurisdicciones internas

249

acumuladoras de atrasos que facilitan la dominación con Gobiernos Autónomos

Descentralizados (GADs) sin solventes autodominios competentes, dependientes de
la hacienda nacional que los controla y subordina, dejando sin perspectiva a la

descentralización autonómica resignificando territorial y democráticamente al

Estado.

La penetración estatal fortalecida con la explotación petrolera del 70 del siglo XX

rediseño la dominación desde los 80 sustentado mediante, “Ecuador, del espacio al

estado nacional” (Deler, 1987), donde el centro decide para la periferia categorías

subespaciales distribuidas: 1. URBANOS, con prioridad los centrales, subordinando a
los intermedios y locales; 2. PERIFERIE ACTIVA RURAL, destinada para el mercado

interno, agroexportación, petróleo y minería exportable; y 3. PERIFERIE PASIVA,

reservada para selva, territorios indígenas y del latifundio tradicional; rediseño

globalizante acumulador de capital nacional e internacional, extrayendo recursos

materiales, naturales y poblacional mediante la acumulación por desposesión dicha

por Harvey (2006:153) citando a Marx en los orígenes del capitalismo, “esta incluye

la privatización de la tierra; la expulsión de poblaciones campesinas; la conversión

de las distintas formas de propiedad en propiedad privada; la supresión de los
recursos comunales; la eliminación de formas alternativas de producción y

consumo; la apropiación colonial de los recursos naturales; la monetarizacion y la

tributación; el tráfico de seres humanos; la usura y el endeudamiento a través del

crédito”.

Conformando mayoritarios territorios perdedores, compensados por el Estado, pero

insuficiente al ser absorbido por el capital confirmado por Restrepo, la “geografía no

es un marco físico dentro del cual acontece el crecimiento económico, el empleo o el

bienestar. La geografía es la materialización de la expansión de las relaciones
políticas, económicas y culturales entre los hombres. En el espacio se organiza, se

estructura y se reparte el poder y la marginalidad. El poder siempre estructura el

espacio” (2011).

Compensación que no contribuye a las débiles gobernanzas locales, poblacionales,

incluso a las potencialidades y esfuerzos territoriales como determinantes logros que

incrementen niveles de desarrollo impedida por la concentración de la riqueza, donde

250

el 1,3 % más rico es del 50,2 %, el 32,4% más pobre es del 2,9 %, y los vulnerables y la

clase media, el 12,8 % y el 34,1 % respectivamente al 2020 (Primicias, julio 2021).
Concentración en personas-familias y territorios, estos últimos con las mayores

pobrezas y violencias en periféricos asentamientos urbanos y rurales.

Por eso cantones como Aguarico se le asigna el mayor per cápita cantonal nacional

con 45.186 dólares (USD), 8 veces más que el nacional de 5.520 USD (Banco Central

al 2020); esto lo haría un territorio ganador, pero es perdedor, porque su riqueza

petrolera es asaltada por el centralismo estatal y el capital; para compensar el asalto a

territorios perdedores se asigna presupuesto a 3 sectores: 1. administración pública,
2. enseñanza y 3. salud, sumados representan el 13,17% del PIB nacional del 2007 y

17,94% al 2020, en 13 años se incrementó 4,77 puntos; si la compensación surtiera

efecto en justicia territorial, significaría un aporte a las pobres economías locales,

contrariamente parasita a 17 cantones periféricos representando más del 50% de su

PIB cantonal, para San Juan Bosco de Morona Santiago es 76,89%, o sea 3 de cada 4

USD de su PIB cantonal es recurso estatal; siguen 72 cantones que representa entre el

30 al 49% su PIB cantonal. Asignación que no excluye a cantones ganadores y

concentradores del poder político y de capital, como: Quito 24,71%, Cuenca 20,22% y
en menor proporción Guayaquil con el 12,9%. Compensación que mayoritariamente

se transfiere del ámbito público al ámbito privado, resultando sencillo apropiarse de

estas, por esto los cantones perdedores siguen portando pobrezas por ingresos y

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) superiores a los reducidos cantones

ganadores.

Este mecanismo de apropiación resuelve la dicotomía mediante las “alianzas”

publicó-privado, legalizando, sin privatizar los bienes y recursos estatales, haciendo

desigual la distribución de recursos y de oportunidades, costos y riesgos pagados por
los pobres y las periféricas sociedades locales-comunitarias directa y drásticamente

afectados por los riesgos y condiciones globales: calentamiento global, deterioro

ambiental, fortalecimiento de la gobernanza planetaria favorable al dominio del

capital, excesivo consumismo: alimentario, bebidas, vestimenta, tecnología,

conocimiento, gustos, diversión, ocio, etc..

Sin alterarlas, porque el Ecuador sostiene prácticas de colonialidad social,

251

comunitaria y local, sin modelos propios, salvo excepcionales resistencias ancestrales,

primando la penetración o control externa que carecen de pertinencia socio territorial
dialécticamente contraria, donde la vida se hace y reproduce, no con o por los ODS

2030 conformadores de la dominante gobernanza planetaria, pulverizando sentidos

de humanización y revitalización de los devastados recursos naturales base esencial

de la vida local-comunitaria; seguir figurando a la pobreza como escenario de guerra

para ser combatida o superada, no será “librada bajo el paraguas de Objetivos de las

Naciones Unidas, cuando estos tienen la misión imposible de acabar con la pobreza

en el mundo sin alterar en lo más mínimo los procesos globales de acumulación de
la riqueza” (Harvey, 2009: 138-139).

Dominación que disfraza la “ciudadanía social”, la correspondiente a “derechos

políticos” amplió la base electoral con la Constitución de 1979 facultando el voto a

analfabetos, la del 2008 para personas entre dieciséis y dieciocho años de edad,

mayores de 65 años, ecuatorianos en el exterior, integrantes de las Fuerzas Armadas

y Policía Nacional y las personas con discapacidad (Art. 62-2), incluyendo a

residentes extranjeros (Art. 63), situación que ha reforzado la legitimidad dominante.

Los derechos ampliados en la perspectiva de la ciudadanía social siguen siendo
condicionado sus reconocimientos, los de enfoques diversos: étnicos, de género,

generacional, etc., y espacialmente entre lo urbano y rural, están a tono con la

civilizatoria agenda internacional, justo donde se asientan las mayores desigualdades

diagnosticada por la Constitución del 2008, reinsertándolos al circuito dominante

con supuesta atención prioritaria (Art. 35) con perspectivas de igualdad; “igualdad

normativa” que refuerza el modelo que gobierna el sistema y régimen político

careciendo de pertinencia social y territorial ausente de sujetos sociales contrapesos

que equilibre, afecte o altere la matriz de dominación y acumulación del capital; más
bien crea, convive y/o profundiza desigualdades.

El disfraz de “inclusión política” fragmentado y dispersado por el constitucional
régimen de partidos de 1979 afilió electores; desgastada la partidización, convirtió de

útiles afiliados a simples adherentes e individuales votantes; mecanismo de

“participación política” que no fortaleció o creó vínculos entre: partido-movimiento

252

y/o representación política con el electorado, tampoco con los gobernados que haya

implantado bienestar con control social y comunitario.

Sistema político-electoral estructurador de partidos y movimientos políticos

fortalecedores del Estado centrismo dominante, con la excepción temporal de
Pachakutik (PK), movimiento de extracción indígena que accedió a la representación

parlamentaria y a gobiernos locales, terminó sucumbiendo permeando hasta a la

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) base social y

sustento organizativo de PK; referente político etno-progresista, contaminado,

mantiene: funcionamientos, enfoques y reivindicaciones históricas y coyunturales

diferenciales (Dávalos, 2023).

Preocupante para la continuidad del sistema de representación partidista, heredado

del viejo liberalismo que actúa como barrera a la democracia. Planteándose delinear

una nueva institucionalidad democrática, que prescinda de la “forma partido”,

abandonando el concepto de “revolucionarios y políticos profesionales”, y consolide
formas de representación ciudadana a través de los movimientos sociales (López et

al., 2023: 127); siendo lo prospectivamente necesario, está impedida prospere en

Ecuador, debido a que todas las expresiones políticas han sucumbido al electoralismo

capitalista de prioritaria personalización que establecieron relaciones individuales sin

vínculo u obligación entre electos y electorado con ausente control social, donde la

rendición de cuentas no tiene ningún efecto vinculante, tampoco en inaplicables

revocatorias que hayan constituido efectiva fiscalización social-electoral; cuando han

prosperado las revocatorias solo recaídas en los electos sin corregir el acto político
revocado; al no existir, ni ejercer un efectivo control social, de existirlo, sería un real

contrapeso al sistema y régimen gobernante; como no es así, Ecuador seguirá siendo

un Estado de la élite, donde los problemas creados, las soluciones coyunturales son

entre y para las facciones dominantes.

En el contexto político de la región, en lo nacional y local que carece de efectiva

fiscalización que logre una dirigencia política-gubernamental que se autocensure,

corrija o autodepure; pretensión improbable por la ausente contraloría social y

comunitaria; por estos límites crean sus propios caos en la disputa por acceder al
control del gobierno en su propio beneficio, forzando declarar una “salvadora”

253

muerte cruzada mediante Decreto Ejecutivo N° 741 (Registro Oficial. 17/05/2023)

anticipando elecciones que finalice el periodo de gobierno al 2025.

En el Ecuador en disputa, el caos como constante posiciona crisis del imaginario

estatal; destrabarlos sería sencillo que evitaría recurrir declarar “muertes cruzadas”,

donde los actores determinantes logren acuerdos básicos en lo: normativo,

institucional e instrumental; estos serían: las reducidas fuerzas políticas históricas y

coyunturales, líderes de las cámaras económicas-productivas, representantes

mediáticos, burocracia estatal, poderes locales, étnicos y sociales; estos acuerdos

debiendo ser duraderos, neutralicen excesivos beneficios privados, tendiendo a
minimizar perjuicios sociales.

Superior a las soluciones electoralistas desde 1979 fijadas en periodos de gobierno de

5 años, mínimamente necesarios para implementar planes sin estatalizarlos por
priorizar beneficios del capital; corto periodo donde se deslegitimaron los gobiernos

de turno debido a la aplicación de severos planes empobrecedores; para relegitimarse

se acortó a 4 años los periodos gubernamentales nacional-local y legislaturas,

desapareciendo la renovación de medio periodo que evitara el castigo electoral; al

modificar el calendario electoral diferenciando elecciones nacionales con las locales

trabó gobernabilidad sin coincidir los tiempos de los niveles de gobierno nacional-

local afectando la ejecución de políticas por los variados enfoques de los gobiernos de

turno.

Esta transición de 1979 tampoco tranzó una coalición entre los dominantes actores

militares, políticos y económicos que han mantenido la tensión en el periodo
provocando crisis dirimidas por la determinante actoría política militar, imponiendo

la continuidad constitucional de los actores políticos dominantes favorables a la

acumulación del capital, siendo vital, los dueños del capital y militares retirados se

constituyeron en actores políticos y gobernantes. Periodo trascendente en la región

por haber forzado desde el militarismo represor crear las condiciones que facilitó la

imposición del dominio societal, abriéndose al electoralismo para sostenerla con

reformas: constitucional, normativa e institucional, consolidando el Estado centrismo

y sus actores principales, la dirigencia política ligada a poderosos grupos económicos
nacional e internacional.

254

Reformas recurrentemente renovadoras y “refundadoras” sin disolver los consabidos

bloqueos institucionales y conflictos sociales no superado por la Constitución de
Montecristi como lo muestra E. Ayala, “avanzada en derechos importantes en su

parte dogmática, la aplicación de la parte orgánica ha sido un ‘desastre’,

llevándonos a una nueva frustración como en 1998, donde la ciudadanía creyó́ que

una reforma constitucional era suficiente para una transformación de fondo en la

estructura política, económica y social del Ecuador” (Antología, 2020: 13),

sobreviviendo una estatalidad con débil marco Constitucional y normativo que no es

garantía por y para su ausente sociedad; si esta no participa con fuerte actoría, único
mecanismo que provocaría equilibrio, estabilidad y vigencia de la estatalidad

constituida.

Persistiendo en las refundaciones inventos constitucionales sin mejorar la
representación, la democracia y el bienestar; lo excepcional del 2008 rebasa las

clásicas funciones: Ejecutivo, Legislativo y Judicial que controlaban a la electoral; la

invención es la estatalizada función de Participación Ciudadana y Control Social,

pretendiendo ser la clave del sistema de dominación convertida en mini Asamblea

elegida meritocráticamente, llegando al sacrosanto sufragio universal; poder radicado

por la competencial designación de todos los organismos de supuesto control y/o

fiscalización al poder público.

Todo esto ha arrastrado a la sociedad, contagiada con la polarización mediante la

centralización de figuras con las cuales se debate entre acusación/defensa, caso

Rafael Correa y otros; los gobernados hacen las veces de acusadores/defensores como
si fueran ellos mismos sin evidencia alguna; las narrativas políticas como la

corrupción inducidas ferozmente por medios y redes, a diferencia de las: social,

económica y la inseguridad generalizada; éstas últimas más reales, porque las vive y

siente la misma población. Polarización que gatilla las crisis convenciendo a la

población para mantenerla fuera de la realidad objetiva; estando fuera, se aduce falta

de memoria de los gobernados distraída con el electoralismo que resuelva su realidad

empobrecedora.

Polarización activada con efectivos tonos: el más potente es la beligerante y violenta

conducción de la agenda del gobierno de turno impuesta sin acuerdos; seguida de

255

invasivos argumentos realizado por especialistas del sistema que allanan la agenda

impuesta; el último no menos importante es misericordioso, santificado y mágico en
caso si los anteriores no surten el efecto pretendido, justificando no existir más

alternativas que la conveniente agenda dominante que supone beneficios societales.

Polarización inducida que lleva implícitas alternativas de solución en visibles figuras

de las facciones políticas dominantes, sin que sean reales por el entrampamiento

gubernamental en el que está encarcelado el Ecuador.

Las focalizadas disputas se dan entre los poderes o funciones del Estado desde la

central pugna Ejecutivo-Legislativo favorable al presidencialismo de turno, extendida
entre el Ejecutivo con poderes locales representados en Guayaquil y Quito, coreados

por cámaras empresariales y medios de la élite. Estas pugnas cumplen un rol

impugnador y beligerante afectando la estabilidad de la débil democracia a la

ecuatoriana sin interferir a la acumulación del capital.

Este sistema dominante reinstalado, el común denominador independientemente de

la vertiente político-ideológico del gobierno de turno, son las provocadas crisis y sus

supuestas salidas constitucional-normativa reprobadas en democracia e inclusión,

afectando estructurales situaciones de los sectores populares sin que se modificaque
las facciones de poder, ni por triunfos electorales nacionales y locales con bajas

legitimidades que debilitan la estatalidad, sin intención o propósito de relegitimarse

en democracia y pertinencia socioterritorial.

Aunque en los continuos procesos electorales el mayor insumo son las publicitadas y

materiales pobrezas incorporadas a las ofertas de campaña, prometiendo cubrir sus

carencias sin ser realmente agregadas al ejercicio gubernamental posterior al

sufragio, ni por estar inscrito en mandatos constitucional reapropiados en el 2008 de

reivindicaciones históricas y coyunturales: étnicas, ambientales, de género y

generacional con ausentes actorías sociales diluidas o desgastadas en la

reivindicación o demanda al Estado, acogidas normativa e institucionalmente, pero
sin acción transformadora.

Desgastada y vaciada la política por ausentes imaginarios populares, reemplazados
por consignas partidarias de los gobiernos de turno, como: “La fuerza del cambio”;

256

“Pan, techo y empleo”, “La fuerza de los pobres”, “Tenemos o Recuperemos Patria”,

“Creando Oportunidades”, traducidas a marcas personalizadas: velasquísmo,
roldosísmo, febres-borjísmo y las presentes: correísmo u otros; ninguna han abonado

a la mejora política y social del Ecuador en proyectos políticos solo convertidas en

dominantes fuerzas personalizadas; consignas, aunque contengan a las carencias

sociales, políticas y económicas, por eso el electorado sigue “convencido” que

apostando por su candidato, si es electo, aportó al cambio prometido.

Las marcas políticas-electorales identificadas son potentes sujetadoras del electorado

y actoría social, reproductoras del sistema dominante mediante ofertas, en: creación
de plazas de empleos, fijación salarial, seguridad social con atención médica y

pensión jubilar, dotación de vivienda social, atención en salud, acceso a educación,

etc.; admitidas como carga sin incomodar o alterar al sistema dominante, siempre

que se mantenga separadas de reivindicaciones, como: calidad de la representación

política, democratización estatal y social, auditoría social del poder público,

gobernanza multinivel o territorial, etc.; exclusivas de la agenda dominante, sin

participación, deliberación, menos decisión de la actoría social, mínimamente

protestada por la indígena con la plurinacionalidad, interculturalidad, defensa de los
sectores estratégicos y aglutinadoras demandas del costo social empobrecedor.

La síntesis del componente politico lo hace G. O ́Donell (2008) en relación a la

formación de los Estados en América Latina, describe unos aspectos característicos a
todos, como: “Estados débiles, Estados angostos y Estados con escasa capacidad

para democratizar a sociedades que traen consigo historias de desigualdades y de

heterogeneidad social”.

Más cuando la representación política-electoral adquirió tempranamente

contradicciones dejando de lado el logro del bienestar social y territorial,

consolidando el Estado-centrismo dicho por Albert Camus, “Todas las revoluciones

modernas han concluido en un reforzamiento del poder del Estado”; poder sin

distinción política e ideológica que su constante es el cambio de las reglas del juego

que mantiene beneficios para el capital y las facciones políticas dominantes

marginalizando lo socio-territorial.

257

Contradicciones presentes en la vigente Constitución garantista de Derechos y

Justicia Social del 2008, la que requiere de consultas electorales para garantizar
seguridad, respeto mínimo a la naturaleza y para otorgar derechos con leyes

específicas para el logro de “igualdades” a los grupos de atención prioritaria; por esto

los supuestos avances sociales resultan ser efectos especiales contrarios al bienestar

requiriendo un cambio radical que supere el exceso normativo o cambio permanente

de este, a un parlamentarismo que procese conflictos; destrabándolos, viabilice

democracia y bienestar.

Donde el sistema y régimen político-representativo se ha deslegitimado en el uso y
abuso, suponiendo emergen del pueblo, convirtieron al Estado-partido o movimiento

en privilegios; poderosas razones donde todas las perspectivas del poder político

contemporáneo siguen ausentes de la razón de ser del Estado-gobierno, sus

gobernados, haciendo vaticinar a Giorgio Agamben (2020), que, “La era de las

democracias burguesas, con sus derechos, sus constituciones y sus parlamentos,

está llegando a su fin”.

Acontecimientos acumulados presentes en el reporte del Latinobarómetro (Estudio

no LAT-2020 v1_0), en este los ecuatorianos perciben que el país está: estancado
58,1%, en retroceso 33,6%; porque los problemas más importantes son:

económicos/financieros 18,3%, pobreza 11,5%, inestabilidad en el empleo 10,3%,

desocupación/desempleo 8,2%, mala distribución del ingreso e injusticia social 6,2%.

Calificando la situación económica-país, de: regular 37,4%, mala 36,1%, muy mala

20,0%. Con el funcionamiento de la economía se sienten: no muy satisfecho 42,2%,

nada satisfecho 49,9. La distribución del ingreso, es: justo 11,7%, injusto 55,7%, muy

injusto 27,2%. Gobernado: por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio

87,2%, gobernado para el bien de todo el pueblo 10,7%.

A pesar de la negativa percepción de la economía como centro vital para la población:
prefieren la democracia a cualquier otra forma de gobierno 32,9%, prefieren gobierno

autoritario 16,4%, da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático

37,9%. Aunque esta democracia los tiene: no muy satisfecho 44,4%, nada satisfecho

42,8%.

258

Mereciendo un nivel de confianza los organismos gubernamentales y no

gubernamentales mostrado en la tabla 1 .

Tabla 1. Porcentaje de Confianza

Organismo

Mucho

Algo

Poca

Ninguno

FFAA

17,8

29,2

35,2

16,6

Policía

8,9

24,7

43,0

22,8

Asamblea

1,8

35,1

50,2

Gobierno

1,5

8,4

34,2

Presidente

1,7

8,2

27,7

61,8

Justicia

2,8

14,8

38,2

41,5

Partidos Políticos

1,6

7,2

27,7

61,8

Función Electoral

2,2

13,3

35,8

46,3

Iglesia

36,5

25,2

14,2

Bancos

7,5

41,8

25,4

Medios

Comunicación

7,3

21,9

39,1

29,4

Facebook

4,5

20,4

40,5

29,5

Fuente: Latinobarómetro. Ecuador. Estudio no LAT-2020 v1_0.

Confianza nada positiva porque no es igual o superior al 50% en lo correspondiente a

Mucho para ningún organismo gubernamental, resultado que deslegitima a la
estatalidad, sus representantes y principales actores; el más visible es el presidente,

donde la desaprobación de su gestión alcanza al 86,7%.

La democracia ecuatoriana es percibida: con pequeños problemas 13,6%, con grandes

problemas 54,8%, que no es una democracia 16,9%; el sistema de gobierno es bueno:

muy de acuerdo 6,6%, de acuerdo 38,1%, en desacuerdo 42,7%, muy en desacuerdo

7,9%. La democracia soluciona problemas: muy de acuerdo 6,3%, de acuerdo 51,1%,

en desacuerdo 33,4%, muy en desacuerdo 5,0%. La democracia pueda erradicar la
corrupción de la política: muy de acuerdo 10,5%, de acuerdo 41,2%, en desacuerdo

35,3%, muy en desacuerdo 9,4%.

Coincidente a las encuestas de Click Research que califica a la situación país, 81,84%

mala; el 30% que el principal problema es la delincuencia, seguido del desempleo

19,6% y la corrupción 19,58%. En valoración institucional, las FFAA es calificada

259

positivamente con el 51,66% y dentro de las peores, la Función Judicial con el 13,41%

y la Asamblea con 9,07% (Primicias, marzo 2023). La imagen del presidente es
mayoritariamente negativa para un 81,16% y la Asamblea Legislativa para el 95,37%

de rechazo ciudadano (Primicias, mayo 2023); situación que llevó a declarar la

muerte cruzada anticipando elecciones en la perspectiva de relegitimar al sistema y

régimen político severamente desgastado.

Todas evidencias conformadoras de la situación social de atrasos, pobrezas e

inseguridad y no por las crisis de los bloques dominantes, sino sus consecuencias, sin

corregirlas persisten mediante el crecimiento sin límites seguir generando riquezas
sin contribuir a la mejora poblacional-territorial, reafirmando inequidades y

desigualdades; superar estas barreras estructurales para instalar bienestar, opción no

admitida en el tablero de ajedrez del capital.

Porque el estado de la economía es incentivado y/o sostenido por la política-

gobernante, situación indisoluble favorable al gobierno planetario del capital gestado

en clave de crecimiento económico, donde las economías nacionales deben crecer

promedialmente 3% del Producto Interno Bruto (PIB) anual (Liley y Harvey, 2017:

121); si es inferior, crean situaciones de crisis endosadas al Estado, afectando

directamente los beneficios sociales destinados para los más pobres. Este 3% para el

Ecuador no ha sido estable por su dependiente primaria economía y producción de

exportación agrícola, petrolera y minera; fijar el crecimiento económico como signo
de progreso y desarrollo y no de bienestar, porque “a la par que la economía

crece, crecen también tres incómodas sombras: la privación, la

degradación y la desigualdad, como consecuencias de seguir engordando

a la máquina de monedas que no descansa nunca” (Raworth, 2016); a mayor

crecimiento económico, este concentra riqueza, consecuentemente incrementa

pobreza.

El engorde inestable del crecimiento económico del Ecuador con su primaria
economía y producción estructura o desestructura su población económicamente

activa (PEA); la plenamente empleada solo es el 32,9%, la subempleada el 21,7% y la

desempleada el 3,9%; de la empleada, el mayor segmento percibe ingresos de 460

USD de salario mensual al 2024, cubriendo solo el 58,26% del costo de los 789,57

260

USD (INEC, enero 2024) de la canasta alimentaria básica familiar. PEA sin

contribuir a superar barreras competitivas que estabilice el 3% de crecimiento
económico anual nacional, menos con la supuesta fijación salarial “contraria” a la

competitividad, fijación calculada entre la puja demanda incremental de los

trabajadores vs el sostenimiento o reducción de la alianza patronos y Estado; fijación

nominal que no compensa el costo de vida, menos se acerca a dignificar la

salarización igual o superior al costo de la canasta familiar básica incumpliendo la

transitoria constitucional vigésima quinta, que “debía revisar anualmente el salario

básico con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno, el cual sea
equivalente al costo de la canasta familiar” (CRE, 2008).

De esta PEA, la urbana mayoritariamente empleada no es calificada, condicionándola

a la mínima fijación salarial que la obliga a endeudarse perpetuamente; la rural es
aún más precaria por su informalización, compensada con la modernización

capitalista extendiendo la salarización en conexión directa con la acumulación

empresarial agroexportadora del banano, flores y del actual monopolio

agroalimentario nacional.

Esta precarización salarial impulsó la participación laboral femenina en condiciones

desiguales, considerándola únicamente como mecanismo de compensación ante la

acentuada pobreza causada por la devaluación del salario básico, debiendo sumar

ingresos para cubrir el creciente costo de la canasta familiar. La persistente
desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres, a pesar de realizar trabajos

equivalentes. El desfavorecido escenario laboral para las mujeres se atribuye a su

presencia, comparada con los hombres, en ocupaciones y sectores diferentes,

ubicándose en los trabajos peor remunerados. Este fenómeno se respalda con el

informe de la Base de Datos "La Mujer, la Empresa y el Derecho" del Banco Mundial

(2023), que califica a Ecuador con 89.4/100 en ocho indicadores claves, revelando

brechas notables, especialmente en aspectos cruciales como trabajo y jubilación.

Feminización del trabajo absorbida mayoritariamente por el trabajo doméstico
urbano en condiciones precarias tardíamente visibilizado al 2012 por el Código del

Trabajo normando la fijación de la remuneración salarial con seguridad social; a

pesar de esta inclusión aún no constituye derecho en bienestar manteniéndose las

261

brechas de pobreza; para compensarse la rural, endosó costos a la mano de obra

gratis o barata de la familia nuclear y ampliada, como al autoabastecimiento
alimentario. Los otros sectores que incorporaron mujeres al ámbito laboral son los

que históricamente se les ha sido atribuidos a: servicios secretariales y de contaduría,

además de personal operativo, profesional y directivo en educación, salud e inclusión

social.

La vigente normatividad de fijación salarial del Ecuador no configura una política en

derechos y bienestar, siendo solo de ingresos familiares que para Pérez (2016: 30)

“no es más que la sumatoria de un conjunto de ingresos laborales (salariales y no
salariales) y no laborales (distintos tipos de rentas, transferencias privadas y

públicas); además el costo salarial no fue asumido por el capital o su renta”,

actualmente endosado a los consumidores a través del creciente Impuesto de Valor

Agregado (IVA) y potente contribuyente de presupuestación fiscal; en el periodo del

desarrollismo industrial se endosó el costo salarial al mismo trabajo.

Por eso el Ecuador en tiempos de altas ganancias de la tecnología móvil modificó la

histórica conquista de reparto de utilidades que siguió beneficiando al capital. Por

consiguiente, “si no existieran mercados básicos asimétricos –configurados como
campos de desigualdades, no habría generación, circulación ni apropiación del

excedente en el capitalismo. Por eso, lo que denominamos “desigualdades de

excedente” no es un resultado, como las de ingreso, sino una condición fundamental

de posibilidad del capitalismo” (Ibidem).

Aquí el empleo formal afrontó una triple limitación: su cobertura dependió del

desarrollo del nuevo modelo de acumulación, estuvo ausente en el agro y no fue un

ámbito laboral accesible a todos los trabajadores urbanos regido por estrategias de

acaparamiento sin mejora en la estructurada PEA, la que a diciembre de 2023 son

8.492.303

personas, 65,4% urbana y 34,6% rural con 58,7% hombres y 41,3%

mujeres. El 36% plenamente empleada, 80% es urbana y 20% rural con 67% hombres

y 33% mujeres. De esta última el Estado ocupa el 18,8%, asalariados 74,7% e

independente 25,3% (INEC-ENEMDU, 2023); la empleabilidad estatal es beneficiada

por la penetración territorial mediante la transferencia de competencias

administrativas a los GADs.

262

El minoritario pleno empleo de la PEA son la base esencial de afiliados al IESS,

potente activo financiero de los trabajadores, sin ser su patrimonio por el uso o abuso
político de gobiernos de turno y negocios del capital que desestabiliza su

administración, forzando reformas justificando insostenibilidad en las pensiones

jubilares actuales y futuras que dependen de los 3,4 millones de afiliados activos y no

de los aportes acumulados de 620 mil jubilados, promediando 5,4 aportantes por

cada jubilado al 2023; la preocupación gira en torno al sostenimiento o decrecimiento

del número de afiliados en relación al crecimiento de pensiones jubilares volviéndose

“insostenible”, sumada a la desaparición del subsidio estatal, creciente deuda por
aportes patronales públicos y privados, a la concesión de créditos al Estado (Plan V,

abril 2023); además de haberle endosado el costo de atención y pensiones jubilares

del seguro social campesino (SSC), trasferencia al seguro médico por la ampliación de

atención de parejas e hijos menores de 18 años de edad de asegurados generales

reemplazando al débil sistema de salud pública estatal.

Además, del control absoluto del Estado de los servicios sociales y aseguramiento

social de los trabajadores por el IESS, Fuerzas Armadas por el ISSFA y la policía por

el ISSPOL, alcance extendido a los fondos de cesantías como el del Magisterio Fiscal
transferidos al BIESS en 2014, aunque estos son aportes exclusivos de sus

contribuyentes.

Todos indicadores concebidos como avances sociales, su “mejora” favorable a las

condiciones de explotación socio-territorial como el incremento de la esperanza de

vida es contradictorio al beneficio del capital, favorable por alargarse el tiempo de

ocupación (explotación), desfavorable por sobrepasar 15 años o más de beneficios de

pensión jubilar hasta la muerte del titular; por esta desfavorabilidad se pretende fijar

en 65 años de edad acogerse a la jubilación promediando una máxima esperanza de
vida de 80 años hasta el fallecimiento.

Fortalecido el gobierno político del capital con el neoliberalismo desde 1980,
instalado sin resistencias y sin represión, reservándose a ejercerlo mediante estados

de excepción de ser necesarios; aunque le va mejor seduciendo, convirtiendo al

trabajador oprimido en un contratista libre, empresario de sí mismo, configurando la

auto explotación que le da glamour a la precariedad. Es probable incluso se esté

263

diluyendo la histórica lucha de clases, convertida en una lucha interna con uno

mismo (Han, 2022).

La exclusión estructural de los excluidos no significa desconexión de la estatalidad,

estos Nadies son útiles al sistema de dominación, Nadies poetizados por Eduardo

Galeano (1989). Nadies que no están conscientes que hay clases y a cuál pertenecen.

Nadies estructurados por el capital en marginados y excluidos, “los que están fuera

del contrato social sin pleno empleo” (Bauman, 2023); la información censal del

Ecuador al 2022 tiene 16 millones 938.986 habitantes (INEC), empadronados 13

millones 450.047 al 2023 (CNE); la PEA representan el 63% de los electores; de la
PEA, los plenamente empleados siendo el 32,9% son solo el 20,44% de electores,

sumados 700 mil afiliados voluntarios y 600 mil jubilados de IESS se completa 4

millones de ecuatorianos que constituyen el denominado contrato social, un reducido

30% del electorado; el mayoritario 70% de electores están excluidos de la entelequia

Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social.

Estos 70% de marginados y excluidos del contrato social, “han adoptado una cultura

de sobrevivencia que carecen de aspiraciones objetivas”, “menos un imaginario de

lograr vida digna endosada al capital y su renta” (Bauman, 2023), mucho más en el

Ecuador donde el formal empleo decrece.

Perdiendo la esperanza con el retornado capitalismo electoral de 1979 con

coincidente instauración planetaria del neoliberalismo que debilitaron al Estado
regulador de la economía, induciendo agresivos ajustes estructurales, con: excedido

endeudamiento externo e interno, incrementador de déficits fiscales, acelerando

devaluaciones colapsadas con el feriado bancario de 1999-2000, obligando adoptar la

dolarización como salida monetarista. La pérdida de soberanía monetaria del sucre al

dólar significó la total bancarización de la economía, precarización laboral que

pulverizó la fijación salarial básica, además de endosarle a la sociedad los costos del

feriado bancario; dolarización con la que se inicia el periodo de mayor acumulación
del capital, donde sus dueños fueron privilegiadamente informados del cambio de

moneda anticipándose a dolarizar sus cuentas sin afectarse con la fijación al cambio.

264

Paquete poderoso de consecuencias profundas, normalizando la marginalidad de la

pobreza, donde la mayoría de la población pobre no requiere urgente solución,
porque caer en la marginalidad y permanecer en ella es una elección, también lo es el

salir de esta (Bauman, 2023). Por esto la pobreza es administrada y no superada,

dejando ser prioridad de las agendas gubernamentales, porque los pobres

marginados y excluidos están fuera del contrato formal del Estado-sociedad.

Como evidencia se trasfiere bonos y/o pensiones realizado desde 1998 por Decreto

Ejecutivo Nº 129 beneficiando a 1 millón de mujeres con hijos menores de 18 años y

adultos mayores; la actual cobertura de 1 millón 441.427 personas es la mayor
evidencia del incremento de pobreza asignando USD 1.307 millones al 2023,

distribuidos en 955.321 Bonos de Desarrollo Humano para madres con hijos menores

de 18 años de edad que absorbe el 55% del presupuesto, 385.763 pensiones para

adultos mayores que absorbe el 25% del presupuesto, el resto es para 58.047 bonos

para madres gestantes (primeros mil días), 42.296 bonos-pensiones para personas

con discapacidad (SIMIES, 2023-07); “beneficios” que disfrazan la pobreza, además

son la mayor clientela electoral nada contribuyente a disminuir desigualdades.

Pobreza social producida por la insuficiencia de capital para inversión productiva y
estatal, en una economía con bajos rendimientos en productividad y producción

primaria, secundaria y terciaria que incapacita superar la eterna reprimarización.

Transferencia acumulada por el capital, provocando excesiva acumulación que

restringe circulación, contrayendo el consumo, siendo vital, más cuando no es

regulado por la oferta y la demanda, sino por satisfactores que suponen felicidad

inducidos por algoritmos que endeudan, manipulan y pervierten a la sociedad.

Contradiciendo la fórmula de la que no participa la matriz de acumulación, que

desacumulando, sin procurar sostener una fuerte inversión estatal con sentido
redistributivo no solo de la tributación fiscal, sino de la generación de riqueza; por lo

tanto las crisis no se superan con clásicos endeudamientos estatales o privatizando

bienes estratégicos, en: electricidad y telefonía o vendiendo anticipadamente

petróleo; eso es catastrófico, porque las fuentes de ingresos se agotan con la

acumulación y sin redistribución o inversión en bienes sociales y de sostenimiento

económico de la población.

265

Más en Ecuador donde el Sucre moneda nacional oficializada el 22 de marzo de 1884,

a sus 115 años fue reemplazado por el dólar de EEUU (USD) como moneda oficial;
dólar que en 1925 se cotizaba en 4,31 sucres, a enero del 2000 decretada la

dolarización fue de 25 mil sucres (Tejeda, 2020); devaluándose en casi 6000%, pero

más en el capitalismo electoral de 1980 se cotizaba a 27.42 sucres, llegando a 25 mil

en el 2000.

El manejo estatal de la economía priorizador de beneficios privados, como el de la

“Sucretización”, créditos contraídos por “capitalistas” ecuatorianos a la banca externa

en dólares, el gobierno de turno en 1984 las asumio, los deudores pagaron en sucres y
el costo devaluatorio de sucre al dólar la asumió el gobierno; la otra fue en enero de

2000 con la “Dolarización”, el gobierno asumió la deuda del “feriado bancario” de 8

mil millones USD; en estos 16 años los dueños del capital nacional fueron

beneficiados con la sucretización y dolarización, argumentos que deja sin piso que se

dolarizó de acuerdo al Gerente del Banco Central, valorándola “favorable para

combatir la indisciplina fiscal, alcanzar la estabilidad de precios, aumentar el poder

adquisitivo, facilitar la planificación financiera en el sector privado, reducir los

niveles de pobreza y generar condiciones favorables para la inversión y crecimiento
en el país” (Avellán, 2023); pero realmente se lo hizo por frenar la hiperinflación que

ninguna política fiscal logró, contar con una moneda dura para evitar el efecto

inflacionario sin requerir respaldo orgánico para la circulación monetaria, tampoco

mantener reserva monetaria internacional; presupuestos falsos ninguno cumplidos.

Las constantes “crisis” inducidas debían evitarse con las clásicas recomendaciones,

difícilmente se sale, solo se amortiguan con creados capitales ficticios o papeles por

deudas hipotecarias o de tarjetas de crédito convertidos en capital virtual sin respaldo

orgánico como la de EEUU en el 2008, pudiendo acontecer en el Ecuador como la
sucedida en 1999 por débiles controles estatales y con la desmaterializada

penetración tecnológica con las cadenas de abastecimiento agroalimentario,

farmacológica, catering instaladas en toda la periferia nacional disfrazada de

inversión, absorbiendo gran parte de los pobres ingresos de comunidades,

parroquias, cantones y provincias periféricas trasladadas a sus sedes de Quito y

Guayaquil.

266

Tampoco se saldrá de las crisis con el destino del presupuesto estatal mediante

recortes al gasto social y sin inversión estatal en obra pública, cuyo denominador
común es la acumulación de capital con tendencia empobrecedora, sumado a la

disminución de la disponibilidad de capital internacional de inversión directa,

capturado solo en petróleo y minas.

A todo esto el sector de mayor marginalidad es el rural, ni con las reformas agrarias

de 1963-1974 se pudo acceder a tierras productivas, implementación del paquete de

la revolución verde, creación del mercado interno abastecedor agroalimentario con

comercialización, dotado de infraestructura en: riego, centros de acopio, vialidad, luz

eléctrica, educación, salud; créditos, asistencia técnica; más bien fortaleció la

reprimarización agroexportadora, concentración del suelo para la producción

monopolizada de las abastecedoras agroalimentarias, pobreza extrema, aislamiento
de los adelantos civilizatorios globalizantes, desplazamiento de la población para

aglomerarse en pobres centros urbanos, concentración y comercialización de la tierra

pasando de la propiedad colectiva-comunitaria a propiedad individual que

marginalizó un reducido minifundio para abastecimiento alimentario local.

Donde la agricultura alimentaria de subsistencia dejó de ser una opción económica y

de vida en la ruralidad ecuatoriana, quebrando estructurales relaciones de

cooperación internas y externas entre huasipungueros y comuneros, que consistía en

el cambeo, sistema histórico de trueque de productos entre unidades domésticas
ubicadas en pisos ecológicos distintos (Martínez, 1984); sobreviviendo la marginal

subsistencia autoalimentaría, desapareciendo gran parte de los saberes culturales, en:

preparación de suelo, uso y conservación de semillas, presta mano, almacenamiento

de cosecha, ciclo de cultivo, despojo de abastecimiento alimentario, mercantilización

alimenticia, salarización agrícola (jornaleros); restringiendo el mercado laboral

urbano, mucho más en lo rural con consecuentes pobrezas por la precarización

salarial.

Condicionándola perdedora, incapaz de transformarse en agricultura de exportación;

producir para autoabastecer el consumo deja de ser importante, porque el

mercantilismo desprecia los saberes que no producen beneficios económicos como la

soberanía alimentaria, siendo justa, no es económicamente rentable, tampoco la

267

medicina botánica con tratamientos ancestrales, bienes con esenciales valores de uso,

sin obtener valores de cambio de acumulación capitalista.

Lo anterior constituyó un campesinado recluido en la subsistencia por la restricción

de acceso a tierra fértil y productiva y que –en ciertas situaciones– tenía que

proletarizarse de forma transitoria para poder complementar su magro ingreso

campesino. Este campesinado latinoamericano resultó sumido en dinámicas de

desempoderamiento: como productor de alimentos baratos, al depender de

comerciantes y usureros que le extraían excedente; como “productor asalariado” de la

nueva agroindustria, con la pérdida de su autonomía productiva, y como campesino
semiproletarizado, al perpetuar las dinámicas perversas del período oligárquico

(Pérez, 2016).

Modelo que estructuró una incipiente explotación capitalista relación-dependencia en

capital-trabajo, por lo insuficiente, se concentró en otras formas de explotación,

como: la tierra con la agricultura que al Ecuador le representa 9,8% de su PIB

añadiéndole pesca (Banco Central 2020), extracción del petróleo motor energético

del planeta, motor que depende la economía nacional y fuente de acumulación del

capital extendido a la minería, sectores estratégicos estatalizados absorbidos por
capital; por estas poderosas justificaciones se resisten que el petróleo y minerales se

queden en el subsuelo; razón estratégica de la élite nacional aliada a la internacional

disputa el control del gobierno; práctica que impide instalar efectivamente el clásico

capitalismo con fuerte y capaz empresariado privado, más bien lo parasita;

parasitismo que maniata el crecimiento de la economía nacional por su inalterado

estado primario productivo.

Para controlar lo estructurado, la dominación recurrió a la “cuestión social surgida a

fines del siglo XIX cuando el capitalismo comenzaba a ceder ante las luchas
protagonizadas por las primeras organizaciones sindicales para mejorar su salario

y las pésimas condiciones que prevalecían en el espacio de la producción (la fábrica)

y de la habitación. Es entonces cuando se desarrolla el estado de bienestar, y la

cuestión social, incluida en la agenda gubernamental, sustenta la necesidad de

diseñar e implementar políticas sociales” (Ziccardi, 2000: 155-156).

268

Políticas sociales sostenedoras de pobreza, de la economía y producción mediante

instrumentos institucionales y normativos necesarios de control poblacional para
evitar se subvierta administrando sus carencias con creados Ministerios, Institutos o

Secretarias estatales: Educación 1884; Trabajo 1925; Salud 1967; Bienestar Social

1979 mutando a Inclusión Económica y Social en el 2007; Vivienda 1992, todos

fragmentadores de la anhelada ciudadanía social; en 1928 se crea el actual IESS

como Caja de Jubilados y en 1938 se aprueba el primer Código de Trabajo, con estos

últimos el Ecuador se conecta con el capitalismo planetario “industrial”.

La pretensión estatal fue copar la vida de la población “atendiendo” los atrasos
acumulados históricamente, pero el débil estatismo ecuatoriano tempranamente

terminó asfixiado con la sola renta petrolera, obligándose al endeudamiento externo

e interno, imprimiendo periódicas devaluaciones monetarias llegando al clímax de

perder la soberanía monetaria, forzando implementar un modelo económico

administrador de creados déficits fiscales que cambió drásticamente las políticas de

bienestar de atención universal, a segmentar o focalizar grupos de atención

supuestamente prioritarios universalizando la vulneración poblacional limitando la

“ciudadanía” con inclusión subordinada.

Para sortear la vulnerada atención universal, en tiempos tecnológicos se diseñan

románticas “políticas públicas orientadas a digitalizar los gobiernos, tendiendo a

mejorar los servicios, con pocos recursos económicos, infraestructura y logística

publica, que sirvan de medio importante para que la confianza de la ciudadanía

respecto al Estado pueda mejorar” (Jiménez y Haefner, 2021: 183),

Políticas Públicas que no desaparecen las adversidades acumuladas, maquillando

tecnológicamente las desigualdades, mediante la igualdad virtual conectada a la

dominación, razones poderosas “por esto diferentes grupos y sectores de la sociedad
están sometidos a carencias y procesos dinámicos de inhabilitación que los colocan

en situaciones que atentan contra la capacidad de resolver los problemas que

plantea la subsistencia y el logro social de una calidad de vida satisfactoria”

(Coraggio, 1998, p. 7), de la que en el corto y mediano plazo no se resolverán, aunque

se suponga que “las políticas sociales son la garantía de que se busca la equidad

social y la promoción de los derechos básicos de la ciudadanía” (Abranches, et al.

269

1994, p. 14), si persiste el estado de situación descrito no se subirá el nivel, por lo que

debe conducirse en acuerdo con Ziccardi (1998b) en “restituir el carácter público a la
acción gubernamental creando nuevas formas de gestión para atender la cuestión

social”

Enfrentar la superación de carencias supliendo los bienes mencionados pasa por

definir qué hacer desde los niveles de gobiernos, el nacional y el local en bienestar:

Políticas de promoción económica (empleo productivo, apoyo a las Pymes, crédito a

los pequeños productores); Políticas locales del bienestar social (salud, educación,

alimentación); Políticas urbanas y del territorio (vivienda, mejora de los barrios). En
estas el Ecuador tiene una indefinición de qué nivel de gobierno hace bienestar o

política social, cuando los locales solo se limitan a los básicos, ya solo con estos están

extremamente complejizados. Las relaciones que se construyeron durante muchas

décadas entre gobernantes y gobernados han estado caracterizadas por la

confrontación o por la subordinación de los sectores populares a prácticas

clientelares que politizaban el ejercicio de los derechos básicos (Ziccardi, 2008: 247).

Por lo que el papel de los gobiernos locales no puede reducirse a ser gestores de las

políticas sociales definidas en el ámbito de los gobiernos nacionales, sino que deben
impulsar una política socioeconómica que atienda a la gestión de medios de vida

limitados y a la promoción de un desarrollo humano sustentable en el ámbito local

(Bodemer et al., 1999).

Contrario a esto el Ecuador optó por subordinar a los sectores populares,

subordinación convertida en clientelas electorales nacional-local; en lo local,

“due to the scarce, diminished, disarticulated and demobilized organizational

expressions of the civil society that has not radically demanded to the local

State, but to the national State, because the latter centralized the sectorial
worker-peasant expressions preventing the constitution of a local social

movement; although the neoliberal tendency to continue decentralizing the

social demand, without social action; in order to exist it must have a

diversified sense that overcomes the capital-labor dichotomy, including the

socio-territorial demand” (traducción, por las escasas, mermadas,

270

desarticuladas y desmovilizadas expresiones organizativas de la sociedad civil

que no ha demandado radicalmente al Estado local, sino al Estado nacional,
pues este centralizó las expresiones obrero-campesinas sectoriales impidiendo

la constitución de un movimiento social local; aunque la tendencia neoliberal a

seguir descentralizando la demanda social, sin acción social; para existir debe

tener un sentido diversificado que supere la dicotomía capital-trabajo,

incluyendo la demanda socio-territorial) (Zambrano et al., 2022: 86).

El Ecuador neoconstitucional del 2008 hizo de la participación social la estatalizada

sin estar circunscrita como política pública que atienda la diversa demanda social,
más bien legitimó la acción estatal; demanda social que no está consensualmente

organizada toda la diversidad socioterritorial, sentido útil que mantiene la

sectorialización y espacialización de la demanda para controlarla y manipularla,

donde la sociedad civil organizada forzadamente recurre a movilizaciones y/o

paralizaciones atendidas coyunturalmente, aplazando soluciones duraderas y

definitivas.

Sacrificando ilusorias libertades e igualdades, diluidas en el virtual disciplinamiento

controlado por el internet, telefonía móvil, video-cámaras liquidando la íntima vida
individual colectivamente vigilada por el flujo de datos almacenados y administrados

por organismos locales, estatales y judiciales (Ricaurte, 2023: 40) del que nadie

escapa, en caso de intentarlo, llegó la mágica inteligencia artificial (IA) que está

paralizando la capacidad humana de reaccionar, hablar, pensar, menos subvertir.

Dejando sin piso la narrativa ilusoria del Estado de bienestar importado desde

Europa para el Ecuador y la región, siendo portado discursivamente solo por la

dirigencia política-gobernante sin encarnarlo en la población; aunque esta lo

reivindicó, sin hacerse plenamente efectiva, resistido por:

Lo agrícola-campesino, sigue demandando acceso a la tierra, agua,

comercialización, crédito, vialidad, salud y educación; obteniendo pobreza y
reprimarización que reafirma la dependiente agroexportadora;

Lo obrero, estudiantil y trabajadores estatales débilmente demandando

control del costo de la vida, mejora salarial, seguridad social, salud, educación;

271

lo obtenido: alto costo de la vida, masiva pobreza, subempleo-desempleo,

endeudamiento social por sobrevivencia y consumo;

El indígena, sostiene la lucha por el territorio, lo plurinacional e intercultural,

control del costo de la vida, salud indígena, educación intercultural, justicia

indígena, detener la privatización de los sectores estratégicos estatales; lo

logrado: territorios ancestrales, inclusión constitucional y normativa de lo

plurinacionalidad, interculturalidad y justicia, participación política nacional y

en sus jurisdicciones, paralización de privatizaciones de sectores estratégicos.

Resistencia reconocida teóricamente en la lógica neoconstitucional (Art. 98), pero

revertida en violencia, parte intrínseca del ejercicio del poder como mecanismo de

disciplina-miento y control social; sin ser el mecanismo procesador de la

conflictividad sociopolítica, esta se desborda en expresiones de variados mecanismos:
en sobrevivencia o desquite por resentimiento social reflejo de prácticas contrarias a

la ética pública de: la dirigencia política-estatal, empresarial, organismos de control,

servicios sociales y comunitarios contribuyentes a la dominación y a la perversa

concentración del capital en pocas manos; derivada en violencia social y organizada,

siendo prioritaria preocupación, porque vulnera severamente pagando tributación

social (vacunación), hasta eliminación física; situación que declara al Ecuador Estado

fallido por haber cedido control socio-espacial sin garantizar elementales derechos

sociales y la esencial seguridad pública.

Cerrándose toda probabilidad a corto y mediano plazo se provoquen cambios

sustanciales del Estado republicano de 200 años de vigencia sin reducir y anular los

beneficios de la élite que debilita y vacía la democracia y bienestar por las peores

prácticas políticas que sostiene la dominación.

Con la sola modificación del voto voluntario se remecería el viciado sistema electoral,

obligándolo a mejorar mínimas garantías de sus ofertas que sostenga clientelas

electorales, bloqueando los perversos perjuicios sociales hechos pobrezas y
desigualdades donde el perjudicado electorado termina votando por los antisistema

que configura la estructural desconexión gobernantes-gobernados del Ecuador

globalizado que sigue a merced del statu quo dominante.

272

Conclusiones

El Estado dominante del Ecuador se legitimó sin democratización social y territorial,

por la dependiente proveeduría asistencia social sin modificar el sistema estructurado

que no admite autodeterminaciones: personal, colectiva, comunitaria, local y social

que fueran contrapesos del poder público.

La estatalidad ecuatoriana heredera del liberalismo eurocéntrico imprimió libertades

condicionadas sin que la población haya prosperado impedida por la estructurada

acumulación del capital en pocas manos.

El mayor logro de la estatalidad del Ecuador fue implantar una visión societalmente

capitalista mediante relaciones sociales condicionadas y mediatizadas por este factor

de poder sin haber constituido efectivamente la ciudadanía social en el

republicanismo desde 1830.

Reforzado con el desarrollismo estatal que fortaleció el proyecto del ficcional Estado y
unidad nacional “Constitucional de Derechos y Justicia Social”; instalando una

constante disputa por el control del gobierno entre facciones dominantes ejercida

desde 1948 en 7 periodos presidenciales completos, 7 gobiernos electos

interrumpidos, 4 dictaduras militares y 3 intinerazgos; con dos momentos de

estabilidad electoral: 1. de 1948 hasta 1960 y 2. desde 1979 a la actualidad, este

último activó 3 constituyentes: 1978-1998-2008 hasta decretar una Muerte Cruzada

al 2023; sucediendose 40 gobernantes; confirmando que la estabilidad republicana
electoralista no es garantía de continuidad democrática y bienestar social, ni aportada

con explotación petrolera desde los 70 del siglo XX y más de dos décadas de

dolarización que hubieren resuelto atrasos acumulados superando pobrezas y

desigualdades.

Estatalidad funcional con sus fundacionales clásicas funciones, extendida a la

electoral y de control social soportada por instancias “autónomas-descentralizadas”

en 23 consejos provinciales y 221 municipios sin haberse constituido en contrapesos

del centralismo estatal que lograran bienestar, desarrollo y democracia nacional-

local, más bien contribuyentes de las coyunturales crisis.

273

Destrabar la conflictividad sociopolítica no depende de recursos que disponga el

Ecuador, sino de los claves actores dominantes que corrijan políticamente
implantando el definitivo Estado de Bienestar con democracia para los ecuatorianos y

sus residentes; seguir sosteniendo que la sola disponibilidad de recursos económicos

y presupuestarios son los únicos necesarios, es mantener bloqueada las salidas que

dependen del factor humano que ejerce el poder y la dominación.

Estado de Bienestar que requiere de un nuevo y diferente contrato social con justicia

tributaria para lograrlo, desapareciendo la empobrecedora asistencia estatal; contrato

social acordado y concebido por las facciones políticas que se disputan el control del
gobierno, donde el fin último sea no afectar a la población.

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